La juez pretende asegurar el posible pago de indemnizaciones a las víctimas
El obispado de Mallorca, que expulsó al sacerdote en 2013, responsable subsidiario
La juez ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 100.000 euros a un excura de Mallorca que será juzgado por dos presuntos delitos de agresión sexual y otro de violación a tres mujeres cuando estas eran menores y fieles del entorno de la parroquia de Can Picafort. El obispado de Mallorca -que expulsó al sacerdote en 2013, antes de que hubiera sentencia penal del caso- ha sido señalado como responsable subsidiario del depósito previo, si el acusado no dispone de fondos o patrimonio. Con esta fianza -no carcelaria- la juez pretende asegurar el posible pago de indemnizaciones a las víctimas, en el caso de una condena, con los hechos probados.
El excura párroco de Can Picafort, Pere Barceló, de 62 años, fue expulsado por el Tribunal Eclesiástico de Mallorca tras las primeras acusaciones de pederastia por parte de sus antiguas parroquianas. Los jueces de la Iglesia dictaron su sentencia ante la existencia de «gravísimos» delitos sexuales.
En el actual proceso penal -en la justicia ordinaria- se está pendiente de la apertura del juicio oral ante la Audiencia de Palma daba la gravedad de los supuestos delitos. El antiguo cura considera que todo el caso es un montaje, una venganza contra él. Pere Barceló antes de cura fue misionero en África,
El obispo de Mallorca, Javier Salinas, en línea con la política de tolerancia cero y denuncia pública impuesta desde el Vaticano, actuó con celeridad. Llamó al pastor y le anunció la expulsión. La Iglesia le vetó totalmente a Barceló el ejercicio del sacerdocio, la pena máxima en su ámbito.
Este fue el primer caso en España de marginación directa y pública de un sacerdote por pederastia. Barceló apeló ante el Supremo Tribunal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el Vaticano. La autoridad religiosa aún no se ha pronunciado finalmente.
La sentencia eclesiástica fue considerada «muy dura» por el letrado defensor que lamentó que las víctimas tardaran más de dos décadas en acudir a denunciar el asunto. Los hechos se remontan a finales de los años noventa cuando las menores tenían entre nueve y 10 años.
La investigación del escándalo se abrió, el plano penal y eclesiástico, 13 años después de los hechos. Nació tras divulgarse el testimonio directo de un antiguo catequista de Can Picafort, hoy periodista, por su testimonio en el documental Els monstres de casa meva (Los monstruos domésticos).
