La Argentina de 1994 votó en contra de los derechos sexuales y reproductivos junto con países como Nicaragua, Libia, Sudán e Irán, además del Vaticano.
Las mujeres son el sexo débil. Las mujeres están todas locas. Las mujeres faltan mucho a sus empleos. Cuando trabajás con mujeres siempre hay conventillo. Las mujeres son histéricas. Las mujeres te miran primero el bolsillo. Las mujeres se regalan.
Es obvio. Son cosas que todo el mundo sabe. Porque lo aprendió de algún tío, se lo sugirió la televisión o lo dedujo de las tapas de las revistas, porque lo escuchó decir en la banda de amigos (y amigas) o malinterpretó a un sacerdote. Se sabe. Como se saben otras verdades, con frases menos hechas, como que la mujer le pertenece al hombre, por ejemplo.
No hace falta ser muy culto, basta con ser piola, para compartir los saberes de la comunidad. Instalados en una sociedad que no se reconoce ni retrógrada ni machista ni obedientemente religiosa, ni abusadora ni injusta ni decadente. Un colectivo que se reafirma por oposición y se pronuncia por segregación. Que no se construye a sí misma, sino que construye un otro. Y en la crueldad e indiferencia que le dedica pretende mostrar la intensidad de los principios y valores que lo constituyen como una persona de bien.
Paradójicamente, esos saberes fueron (o son) certezas de una región en que las mujeres son asesinadas o violadas producto de una violencia de género que se multiplica. Son víctimas de la trata de personas con fines sexuales o laborales. Son víctimas del atropello a sus derechos sexuales y reproductivos. O padecen desigualdades laborales. Pero la cosa parece que empieza a cambiar en Latinoamérica, que ostenta el triste récord de albergar a once países entre los peores catorce del mundo. O, al menos, la guerra está declarada.
Alejandra Verónica Yúdica estaba tirada en la cama, inmóvil y ensangrentada cuando, días atrás, los agentes de la policía mendocina y el personal de emergencias de la ambulancia entraron al dormitorio de la casa de Godoy Cruz en que esta vivía con su esposo, el suboficial Sebastián Miguel Montivero. Nadie le creyó a Montivero la versión de que, tras una discusión, se disponía a salir de la habitación, pero antes sacó una pistola 9 milímetros del armario con intenciones de llevársela, se le cayó al suelo y se disparó en forma accidental. Sobre todo, después de que en el hospital Central de la ciudad de Mendoza, donde Yudica falleció, le encontraron una herida de bala en la muñeca izquierda y otra en la cabeza. Claros rastros de que la mujer intentó defenderse. Y mucho menos después de que el peritaje balístico arrojó que el disparo fue hecho a menos de 30 centímetros de distancia ( Ver nota en breves).
La novedad es que desde este martes rige una resolución aprobada el pasado 28 de diciembre, que restringe la portación de armas para agentes de la Policía Federal, la Prefectura, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria que tengan denuncias por violencia de género, en el marco de la Ley de Protección Integral de la Mujer.
El domingo pasado otros dos casos ocurridos en territorio bonaerense conmovieron a la sociedad. En San Andrés de Giles, René Emilio Costurie (41) mató a Natalia Bola (34) a martillazos en la cabeza, en la casa en la que convivían a pesar de estar separados. Luego se ahorcó. Casi al mismo tiempo, en Olavarría, Luis Barbato hizo lo propio con un bate de béisbol contra su ex pareja, María Graciela Tirador. Las denuncias que la mujer había asentado quedaron como una prueba de la complejidad del flagelo.
Desde el pasado mes de noviembre rigen las penas agravadas para los homicidas de mujeres que son o fueron sus parejas, con la tipificación del feminicidio en el Código Penal dispuesta por el Congreso de la Nación Argentina. Sin embargo, durante la primera mitad del presente mes de enero, un total de siete casos similares siguen manteniendo la estadística que afirma que en la Argentina se muere una mujer cada dos días a causa de la violencia de género.
Situación regional. En Uruguay, a fin de año se vieron manifestaciones multitudinarias en rechazo de las más de 40 mujeres asesinadas durante 2012. Allí rige desde 2002 la ley de Violencia Doméstica (17.514) y desde el año pasado rige el programa “Uruguay unido para poner fin a la violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas”, una iniciativa del Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica (Cnclvd) y del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) de Naciones Unidas. La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual agrupa más de 35 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la temática.
El país oriental se destacó el año pasado por pasar a integrar el selecto grupo de países donde las mujeres tienen derecho a abortar legalmente en todos los casos, junto a Cuba, Guyana, Puerto Rico y el Distrito Federal de México. En Argentina, ese derecho no entró dentro del paquete de medidas legislativas progresistas, pero la práctica está permitida en casos de violaciones o de peligro para la vida de la madre. De todos modos, los grupos conservadores de poder dificultan la práctica legal. Todavía resuena el caso de una víctima de trata, embarazada producto de una violación, que padeció el año pasado la indiscreción del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y la furia de los militantes católicos encabezados por el capellán del Hospital Ramos Mejías, Fernando Llambías. En el marco de un amparo que pedía eliminar el cargo de capellán como empleado público, la jueza porteña Elena Liberatori hizo lugar esta semana a una medida cautelar fijando a capellanes y religiosas que trabajan en hospitales públicos porteños la “prohibición expresa” de difundir datos sobre pacientes. Y dispuso que “únicamente” brinden ayuda espiritual a las personas que lo requieran.
En Brasil ya han sido condenadas 100 mil personas desde que en 2006 se aprobó una severa legislación contra la violencia doméstica y el servicio telefónico para denunciar estos casos pasó de atender 43.423 llamados en 2006 a unos 734 mil en el 2010, totalizando en seis años más de 3 millones de llamadas, según Amnistía Internacional. Allí, cada 15 segundos una mujer es agredida por su pareja o ex pareja y cada dos horas una es asesinada, en la mayoría de los casos también por varones a las que las unía un vínculo amoroso. En agosto de 2007, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva lanzó el Pacto Nacional para el Enfrentamiento de la Violencia contra la Mujer, un compromiso federal entre los gobiernos nacional, estaduales y municipales para planificar y coordinar acciones que consoliden en todo el territorio las políticas impulsadas por el Ejecutivo.
Hace dos semanas, la Justicia chilena retiró los cargos en su contra y dejó en libertad a Karina Sepúlveda, luego de 15 meses en prisión preventiva por el asesinato de su pareja, luego de haber padecido 18 años de violencia doméstica. Se convirtió así en la primera absuelta por la Ley de Femicidio que rige en el país trasandino desde 2010, con Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Colombia.
El primer artículo de la norma chilena modificó al Código Penal de ese país en lo concerniente a “las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal” a quien lo hizo “para evitar un mal grave para su persona o derecho o los de un tercero”. Lo que pudiera aplicarse también para los casos de abortos, que allí está penado en todos los casos. Récord que Chile comparte con Nicaragua, El Salvador y Malta.
En el primer semestre de 2012 el número de femicidios aumentó allí un 30,7 por ciento, según un estudio de la ONG Activa y la Universidad Pedro de Valdivia. A principios del 2011 también se convirtió en ley un proyecto del 2005 que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, fijando métodos de prevención y de persecución de los delincuentes.
La ex presidenta de ese país, Michelle Bachelet, tuvo mucho que ver en los progresos que se suscitaron en ese sentido. Libró duras batallas durante su mandato para conseguir, por ejemplo, que Chile contemplara en su legislación el derecho al divorcio o aprobara el uso de la pastilla del día después para reducir el número de embarazos adolescentes. Tal vez por ello hoy es secretaria general Adjunta y Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres, organismo que en un informe reciente asevera que por lo menos una de cada tres mujeres y niñas ha sido agredida física o abusada sexualmente en su vida y que calcula que, entre un 45 y un 60 por ciento de los homicidios de mujeres suceden dentro de su propia casa y en su mayoría son cometidos por sus cónyuges.
La Dirección de Prevención y Atención a Víctimas de Violencia de género de la Secretaría de la Mujer del Paraguay registró, de enero a julio del 2011, 342 denuncias de violencia física, 630 de violencia psicológica, 45 de violencia sexual y 411 de violencia económica. Organizaciones feministas y de derechos humanos afirman que el azote afecta al 53 por ciento de las paraguayas.
Malas compañías. A la influencia de lo más conservador de la Iglesia Católica, al machismo retrógrado que persiste en Latinoamérica y a la naturalización social, mediática e institucional de la violencia de género, se suma otro de los factores determinantes en la composición de este drama, que es la ausencia de datos. En parte, debido al silencio y el ocultamiento por el lado de las propias víctimas y, en parte, como resultado de la baja inversión estatal. Según calculan desde el área de Género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los gobiernos latinoamericanos destinan a la lucha contra violencia de género entre el 0,1 y el 1 por ciento de sus presupuestos. El aislamiento y el silencio de las víctimas en países con amplios sectores de población rural e indígena es mucho peor. Enfocado específicamente a las mujeres indígenas, afroamericanas y de zonas rurales de Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú se lleva a cabo el programa ComVoMujer, de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), que busca lograr un cambio de mentalidad para proteger efectivamente a las mujeres, tanto de la violencia de género como de prácticas discriminatorias basadas en prejuicios y estereotipos.
Los nuevos aires en la región han conseguido que al menos 13 países crearan oficinas encargadas de atender cuestiones de género dentro de las fuerzas policiales con personal exclusivamente femenino, contribuyendo con su visibilidad.
Cada día dos guatemaltecas mueren asesinadas. En 2010 sumaron 675. Ese mismo año 438 hondureñas, 130 peruanas, 79 dominicanas (en la primera mitad de 2012 totalizaron 80), 52 chilenas, 27 paraguayas y 20 uruguayas fueron víctimas de homicidios. El Salvador, uno de los 25 países del mundo con mayor tasa de femicidios, contabilizó en 2011 unas 647 víctimas, 87 de las cuales fueron niñas menores de 12 años. En 2010 había sumado 580.
Los abortos mal practicados en Guatemala es la tercera causa de mortalidad materna. Allí se permite sólo en casos de protección para la vida de la madre.
El Observatorio Manuela de Bolivia registró 157 casos de femicidio en 2011 y a mediados del 2012 ya se registraban 97 decesos. Sólo en Quito, Ecuador, se reportaron 1.831 entre 2000 y 2006. Las complicaciones en los embarazos son la primera causa de muerte entre las adolescentes bolivianas de entre 15 y 19 años. El 65,6 por ciento de las mujeres del Perú fueron víctimas de violencia psicológica mientras que el 38,9 sufrió violencia física o violación de parte de sus propias parejas, según reveló la Secretaría Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que los nacimientos de madres adolescentes representan el 11 por ciento del total mundial.
Además, existe un fuerte vínculo entre los embarazos en edad temprana y los abortos practicados en condiciones deficientes.
Según datos de 2008, se practican anualmente en mujeres de entre 15 y 19 años de países en desarrollo alrededor de 3 millones de interrupciones del embarazo sin las condiciones médicas apropiadas.
En México, sólo en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, mataron a 764 mujeres entre 2008 y 2011. Y Colombia ocupa el primer lugar en femicidios en Sudamérica: en el 2011 se registraron 512 casos y sólo de enero a mayo del 2012 fueron 500. La trata en ambos países es un duro escollo, relacionadas con el narcotráfico y la lucha armada.
El papelón judicial mundial por a absolución de los imputados en la causa por el secuestro de Marita Verón en Argentina al menos sirvió para acelerar las modificaciones legislativas a la Ley de Trata.
En 1994 se realizó la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD), en El Cairo, Egipto, en donde 179 países consensuaron un Programa de Acción con compromisos concretos a cumplir en un plazo de 20 años. Se la considera un hito para el movimiento mundial por los derechos de las mujeres, sobre todo para los derechos reproductivos. El plazo se cumplía el año que viene, pero previendo que ninguna nación llegaría a cumplir con las metas establecidas fue extendido. De todos modos este debe ser un año clave. La salud sexual y reproductiva es definida como un completo bienestar físico, mental y social al que deben acceder todas las personas, especialmente las mujeres y jóvenes. Aboga por la disminución de la mortalidad materna e infantil y el acceso a la salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar y la información adecuada sobre cuestiones relacionadas con las familias, las migraciones, el sida y la violencia.
En la reunión de Cairo+20 la Argentina de 1994 votó en contra de los derechos sexuales y reproductivos junto con países como Nicaragua, Libia, Sudán e Irán, además del Vaticano. Ésta es otra Argentina, otro país, donde ya se disipan estupideces como que las mujeres son el sexo débil, están todas locas o son todas putas. Estupideces que tienen su verdadero correlato en intereses encontrados con los derechos de toda la Argentina. Esperemos que sea así, aquí y en el resto de la Patria Grande.
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