El gobierno ultraliberal del PP no sólo incita, como constatamos, a que sus ciudadanos pierdan su vida con “fantasías espirituales”, sino que, además, lo apoya y lo subvenciona mientras desmantela la educación pública. Será que pretende promocionar una nueva generación de ciudadanos idiotizados y acríticos que no abran la boca frente a sus abusos y desmanes. O será que margina a los ciudadanos de clases medias y trabajadoras, a los hijos de quienes retira, incluso, el derecho a usar el comedor escolar, mientras promociona y subvenciona a los hijos de las familias más ricas y privilegiadas, que, como sabemos, suelen ser los usuarios mayoritarios de esos colegios confesionales, fundamentalistas y elitistas.
Y ello ocurre en la más absoluta ilegalidad, porque el mismísimo Tribunal Supremo en el pasado mes de agosto definió como ilegales los conciertos entre las administraciones públicas y los centros educativos que segreguen a los alumnos por sexo, como así lo hacen las sectas Opus Dei y Legionarios de Cristo, cuyos centros son los más beneficiados; y son centros que vulneran sistemáticamente el artículo 84 de la Ley Orgánica de Educación que estipula que en la admisión del alumnado no podrá haber “discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
En otras palabras, el gobierno PP se pasa por el forro del abrigo esta disposición, y cualquier otra que se tercie, cuando se trata de sus intereses propios, ideológicos o corporativos. Y parece tener una alianza más que especial con esos ámbitos religiosos y confesionales alejados de los valores democráticos, y cercanos al radicalismo dogmático, político e ideológico. La segregación educativa por sexo es una aberración que incumple cualquier estipulación relacionada con los derechos humanos y los valores democráticos. Sin embargo, no es la mayor aberración de todas. Los centros educativos de organizaciones ultras y radicales como las mencionadas no educan, adoctrinan; no abren las mentes, las cierran; no incitan al conocimiento, sino al dogma y al fundamentalismo; no enseñan verdad científica, sino pensamiento supersticioso confesional; inhiben la búsqueda imparcial de conocimiento, alientan el elitismo, la desigualdad social, el amiguismo más vergonzoso, la intolerancia, la negación del pluralismo democrático, de los derechos humanos, de la razón y la biodiversidad. Ahí es nada.
Sin embargo, la cuestión es muy otra. No se trata de rechazar, en absoluto, ningún tipo de enseñanza o adoctrinamiento que cada familia elija, al contrario, cada quién es muy libre de llevar a su hijos a un colegio público, a uno del Opus Dei, o a la casa de los horrores que cada quién elija. La cuestión es que no se puede ni se debe financiar con dinero público la educación privada, que es un negocio, y menos en grave detrimento de la enseñanza humanista y democrática, y mucho menos aún en situación de desmantelamiento soez del sistema educativo de todos. El asunto clama al cielo. Porque, además, estamos hablando de una “educación” que alienta y promueve el fanatismo en las mentes de sus alumnos. Y el fanatismo es el gran cáncer de la humanidad (ya lo decía Nietszche), y es el gran responsable de las mayores miserias a las que el ser humano se ha enfrentado en su historia. Porque, como decía Diderot, “del fanatismo a la barbarie sólo media un paso”. Y, en este caso, además, financiado con dinero de todos.
Coral Bravo es Doctora en Filología
