Se ha generando una retorcida e interesada polémica alrededor de la implantación de la nueva asignatura de Educar para la ciudadanía. Pero con ello la jerarquía católica consigue alimentar tres estrategias básicas para ellos:
1.- Estar presentes -permanentemente- en los medios de comunicación.
2.- Mantener la tensión permanente con los gobiernos y el Parlamento elegidos democráticamente.
3.- Evitar el debate sobre el hecho de que la doctrina religiosa católica permanece muy bien asentada en el Sistema Educativo, con la complacencia de los diferentes gobiernos que se han sucedido desde 1977.
La iglesia católica oficial dice oponerse a que se imparta esta nueva asignatura por que con ello el estado interviene en las enseñanzas de una determinada moral que corresponde, exclusivamente, a las familias. En realidad, el por qué se oponen tiene una fácil explicación: Durante siglos la moral católica ha sido el eje que ha vertebrado las tradiciones y costumbres morales de la ciudadanía española. La moral católica, de forma excluyente y preñada de todo tipo de privilegios, ha mantenido (y aun mantienen) conexión e intereses con la política, la educación y a la cultura. Los textos de religión y moral católica, que aun perviven en las escuelas, mantienen y así se transmite al alumnado que asiste a clases de religión, que toda moral o comportamiento que no tenga fundamento en la divinidad y en el dogma católico, es una desviación y una perversión, minusvalorando e, incluso, atacando la libertad de pensamiento y de conciencia y convicciones diferentes a la del ideario católico.
Hipocresía: Sin embargo hay otro sector (son los mismos), como las patronales religiosas de la enseñanza y su sector editorial que están haciendo un gran negocio económico con ello, además de ideológico, editando guías específicas que reinterpretan y orientan al profesorado sobre la asignatura dirigida al alumnado católico. Al mantener este descabellado argumento, aceptado por el Ministerio vergonzantemente, habría que recomendarles que editen guías aplicadas al alumnado según las convicciones de éstos o sus familias: Ya sean católicos, islamistas, protestantes, agnósticos, ateos, judíos, etc. etc. En fin todo ello es un gran despropósito.
La idea de ciudadanía de forma específica o transversal exige una educación (en los ámbitos familiares y escolares) que transmita vínculos éticos comunes que puedan ser compartidos por todos (sin exclusiones), una educación que trate de promover personas autónomas, responsables, solidarias y críticas y, sobre todo, que no estén sometidas al dictado de ideologías fundamentalistas y dogmáticas, ya sean políticas o religiosas. Hecho que no resuelve el programa ministerial de esta nueva asignatura.
Una Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos, desde el ámbito organizativo y pedagógico, precisaría no sólo enseñar y transmitir un conjunto de valores propios de una comunidad democrática no ficticia, sino estructurar el centro y la vida en el aula con fórmulas en las que la participación activa de todos en la resolución de los problemas de la vida en común, contribuya a crear los correspondientes hábitos y virtudes ciudadanas.
En fin, mientras que la mayor parte de la ciudadanía observa algo desconcertada este hecho, las aproximadamente cien horas repartidas entre un curso en primaria y otro de secundaria que se pretenden dedicar a esta nueva asignatura, han generado una polémica interesada entre políticos e intelectuales, divididos en “dos bandos”. Y con ello algunos obispos aprovechan la coyuntura para lanzar “soflamas” mezquinas, algunas de las cuales deberían de ser analizadas por la fiscalía del estado, para evitar problemas mayores en un futuro.
Para concluir: Mientras esta polémica (de conveniencia para unos y para otros) se desarrolla, cientos de miles de alumnos y alumnas permanecen secuestrados, en los centros escolares, durante más de mil horas a lo largo de las etapas de infantil, primaria y secundaria obligatoria, para que otros alumnos ejerzan un ilegítimo derecho a ser adoctrinados en una determinada religión. Cuestión que, en un estado democrático y laico, debería de trasladarse a sus respectivos lugares de culto. Que conste que este tolerado y lamentable “secuestro” ocupa más horas que áreas tan importantes como la artística, las nuevas tecnologías o la educación física. Este hecho y otros nos ratifican en la opinión de que casi treinta años después de aprobarse la constitución española, el sistema educativo sigue siendo confesional. Pero de esta cuestión no conviene a casi nadie hablar, es más útil para los gobiernos y para la jerarquía católica mantener el centro del debate en cuestiones más banales.
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(*) Francisco Delgado fue diputado constituyente y presidente de la Confederación Española de APAS, en la actualidad es vicepresidente de Europa Laica.
