Los miembros de la comisión para la protección de menores creada por el papa Francisco no dudan en criticar las actuaciones de los cardenales o los nombramientos de obispos y ponen muchas veces en aprietos al Vaticano.
En pocos meses, dos decisiones del papa generaron reacciones públicas de alguno de los 17 miembros de esta comisión, que el papa Francisco creó hace 12 meses para luchar contra la pederastia en la Iglesia.
El último caso fue la nominación del cardenal australiano George Pell en un cargo equivalente a ministro de Economía para el Estado vaticano. Pell fue acusado por una víctima de abusos sexuales de querer comprar su silencio.
Por su parte, el cardenal, que niega las acusaciones, dijo estar dispuesto a comparecer nuevamente ante una comisión que investiga el tema en Australia.
Otro caso muy sonado fue el nombramiento por el papa a principios de año del obispo chileno, Juan de La Cruz Barros, que generó fuertes críticas de este grupo por las acusaciones de abusos que pesan sobre el religioso.
Entonces, varios miembros de la comisión manifestaron públicamente su «preocupación» después de que Barros asumiera su cargo como obispo de Osorno, una ciudad del sur de Chile.
Dentro de la comisión dos miembros, Peter Saunders jefe de la Asociación Nacional de Víctimas de Abusos durante la Infancia en Gran Bretaña (NAPAC) y la irlandesa Marie Collins, representan a las víctimas de abusos sexuales.
«George Pell es cardenal de la Iglesia y su autoridad es, por tanto, inmensa en el Vaticano. Sería una enorme piedra en el zapato del papa Francisco si le autorizaran a permanecer en su cargo«, dijo Saunders en una entrevista al canal australiano Nine.
La comisión para la protección de la infancia recordó a sus miembros el martes que «no tienen jurisdicción para comentar casos individuales o investigaciones en curso». Sin embargo también pidió a los obispos y cardenales que luchen contra el abuso, afirmando que quienes están en una «posición de autoridad deben actuar de manera rápida y transparente con la clara intensión de asegurar que la justicia siga su curso».
Para Marco Politi, experto en el Vaticano y biógrafo del Papa, algunos miembros de la comisión se sienten obligados a denunciar y criticar a la jerarquía por su frustración ante la pusilánime postura de la Santa Sede para combatir el problema.
«La lluvia de acusaciones y denuncias públicas son un signo del malestar de la comisión ante la lentitud a la hora de proceder del Vaticano», dijo Politi.
El grupo de consejeros, muchos de los cuales son reputados psiquiatras, está estrechamente vinculados con asociaciones de víctimas de abusos por parte de religiosos y son muy escépticos y críticos con las acciones del Vaticano.
Además, dado que muchos no están ligados oficialmente al Vaticano, se sienten libres para comentar sin indulgencia lo que consideran disfuncional o poco transparente.
Las duras denuncias públicas muestran el papel creciente de los expertos dentro del Vaticano y muchas veces son percibidas por los funcionarios de la Santa Sede como injustas y exageradas. Sin embargo, Polini advierte que tras su creación, la comisión no ha emitido directivas ni ha creado una comisión centralizada para informar al papa de los casos en los que las autoridades eclesiásticas han preferido no actuar.