Hace tres años, en un desafiante acto medieval, el gobernador del Estado de Jalisco, Emilio González Márquez, entregó un cheque por 30 millones del erario público, prometiendo entregar 60 millones más, a la Fundación Santuario de los Mártires Mexicanos, Asociación Civil, presidida por el cardenal Juan Sandoval Iñiguez; con el fin de de apoyar la construcción del Santuario de los Mártires Cristeros, templo que pretende ser todavía el más grande de América Latina y con un costo estimado en ese entonces de más de 2 mil millones de pesos.
Ante el silencio y la complicidad de los otros dos poderes públicos miles de personas salimos a las calles a protestar. El gobernador argumentó que se trataba de un programa para fomentar el “turismo religioso”, de crear en ese templo un centro de salud y un área de asistencia social para madres solteras, “entre otros beneficios a la población”. Sin embargo, el gobernador nunca justificó de cuál partida ni de dónde provenían los recursos, pues siempre dijo que “eran ahorros”. El limosnazo o macrolimosna, como se le empezó a llamar al hecho, obtuvo de inmediato un creciente repudio y rechazo ciudadano. Cientos de quejas empezaron a llegar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ).
Un mes después, en otro acto de entrega de diez millones de pesos al Banco Diócesano de Alimentos, evidentemente de extracción católica, el gobernador, sin la más mínima compostura, borracho y agresivo, arremetió contra todos los que nos opusimos al “donativo”. Es “un piche papelito”, dijo el gobernador respecto del cheque, y pidiendo perdón al Cardenal, que estaba presente, espetó “chinguen a su madre” mis críticos. Ante esta nueva acción, miles de ciudadanos salimos nuevamente a protestar y exigir la renuncia del gobernador. Casi siete mil quejas se presentaron en la CEDHJ.
En tanto, el Cardenal sólo atinaba a decir que “no regresaría el dinero así haya una millón de quejas”, aduciendo además que “el dinero no recibió él personalmente”. En una medida unilateral la CEDHJ desagregó la mentada de madre del “donativo” y emitió en poco tiempo una recomendación a modo, pidiendo una disculpa al gobernador, aun cuando éste, habiendo pasado la cruda, había ofrecido disculpas, en lugar de ofrecer su renuncia. A mediados de año del 2008 el cardenal, y ante el creciente descrédito público, incluso de voces al interior de la Arquidiócesis de Guadalajara, anunció la devolución del los 30 millones, con “los respectivos intereses”. La CEDHJ anunció y prometió resolver el caso a finales de ese año, pero la mantuvo archivada por dos años. Hace apenas un par de meses la CEDHJ nos comunicó que “no encontró violaciones a derechos humanos”, que el gobernador “podría usar el dinero público de forma discrecional”, que “no hubo violación al estado laico”, que el dinero lo entregó a una Asociación Civil y no a una Asociación Religiosa, pero que se había regresado, y que por lo tanto “se ordenaba el archivo definitivo de la queja” porque se construiría un “centro de espiritualidad en beneficio a la población”.
Con esta resolución la CEDHJ reveló un claro contubernio con el gobernador y el clero católico; al solapar un claro abuso de autoridad; al permitir un acto violatorio a la prohibición de cualquier autoridad y servidor público de favorecer a una asociación religiosa, que como tal se estipula en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. ¿Qué no era evidente el desvío de recursos públicos para una iglesia? ¿Qué acaso con esta ley Asociaciones religiosas no se suponía que se evitarían tantos actos de simulación? Este grotesco hecho es sin duda una grotesca triangulación.
Estos hechos no deben permanecer impunes. De acuerdo a la ley de la CNDH, nos queda el recurso de impugnación, el cual ya fue presentado hace tres semanas; motivo por el cual hacemos hoy públicas nuestras exigencias para que este organismo se pronuncie exigiendo el respeto al estado laico, se de vista formal para que intervenga la Secretaría de Gobernación en este vergonzoso caso y la revocación de la resolución de la CEDHJ, recomendando al gobernador abstenerse de cualquier acto que tenga por objeto la violación de los mencionados principios.
JAIME HERNÁNDEZ ORTIZ MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA DEFENSA DEL DINERO PÚBLICO Y EL ESTADO LAICO.
Emilio González Márquez, se convierte en un cadáver político, al pronunciar hace 3 años la "mentada" a los jaliscienses en un acto de altuismo en evento del Banco Diócesano de alimentos, donde entregó un cheque por 30mdp, prometiendo el resto hasta llegar a 90mdp para la construcción del Templo de los Mártires Cristeros.
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