«Los culpables directos son los agresores, pero sin la protección y encubrimiento de compañeros y superiores, este horror no habría durado medio siglo», denuncian los firmantes
Ante la opacidad de la que acusan a la Compañía de Jesús y el persistente goteo de nuevas denuncias, un grupo de víctimas y exalumnos de los colegios de Casp y Sarrià instan a la fiscalía a investigar el posible encubrimiento de abusos sexuales por parte de la orden, tal como ya está haciendo el ministerio público de Bolivia. La reclamación llega justo cuando un juez de Barcelona acaba de imputar por primera vez al jesuita Francesc Peris por la denuncia de una exalumna de Casp al considerar que los presuntos delitos, cometidos en 2004, no han prescrito, según ha avanzado este diario.
En una carta abierta titulada ‘Cielo en la otra vida, infierno en esta’, recuerdan que la fiscalía boliviana ha imputado a tres altos cargos de la compañía en su país en el marco de una extensa investigación sobre pederastia que se sigue en marcha en el país andino y que suma decenas, cuando no cientos, de casos.
Los firmantes instan a la fiscalía a que «requiera o confisque toda la documentación necesaria para investigar posibles agresiones no denunciadas, si las hay no prescritas, y si existe un posible delito continuado de encubrimiento no prescrito»
Documentación
En este sentido, los firmantes instan a la fiscalía española a que «requiera o confisque toda la documentación necesaria para investigar posibles agresiones no denunciadas, si las hay no prescritas, y si existe un posible delito continuado de encubrimiento no prescrito», en alusión a los documentos que posee la orden y a la vasta auditoría interna que llevó a cabo el bufet de abogados RocaJunyent, cuyos resultados fueron presentados en julio, aunque no se publicó el informe completo.
De hecho, los firmantes, muy duros con la compañía, mantienen que sus responsables «siguen ocultando y encubriendo, poniendo los intereses de la orden por encima de las víctimas, exactamente la misma actitud que causó todo este infierno». «Y seguirán igual mientras se les permita», añade el escrito, que exige «actuaciones urgentes».
40 pederastas identificados
El pasado mes de julio, la Compañía de Jesús explicó que el informe realizado por RocaJunyent había detectado 145 casos de abusos sexuales sufridos por alumnos de sus colegios, desde 1948. La auditoría también cifró en más de 40 los pederastas identificados y reveló los nombres de 14 de ellos. Sin embargo, para sorpresa de las víctimas, los juristas contratados por los jesuitas dijeron no haber detectado «encubrimiento» por parte de la institución.
La conclusión contrasta con la investigación llevada a cabo por el documental ‘La Fugida’, de EL PERIÓDICO y 3Cat, que sigue los pasos de los jesuitas Francesc Peris y Lluís Tó: los dos religiosos, tras ser denunciados –y condenado en el caso de Tó–, fueron enviados a Bolivia, donde siguieron abusando. En este sentido, este diario también reveló, a partir de la correspondencia entre religiosos catalanes y bolivianos, que la orden en Catalunya sabía que Tó, fallecido en 2017, había continuado agrediendo a menores en el país andino.
En su informe de julio, los juristas achacaron a la «falta de fluidez informativa» y a la «cultura del silencio», y no al encubrimiento, la impunidad durante décadas de los agresores. A la vez, también mantuvieron que en la mayoría de casos no había habido reincidencia, cuando la compañía, por ejemplo, atribuye al propio Peris 22 denuncias internas y 25 al propio Tó.
«Horror de medio siglo»
«Los culpables directos son los agresores, pero sin la protección y encubrimiento de compañeros y superiores, con traslados donde continuaron sus agresiones pederastas, este horror nunca hubiese durado medio siglo», sigue el escrito. «Los verdaderos responsables de ello son los superiores de la orden que pudieron pero no hicieron nada para evitarlo. Mientras prometían el cielo en la otra vida, creaban un infierno en esta».
En este sentido, el colectivo también emplaza a los responsables públicos de educación e infancia a que «investiguen y depuren responsabilidades de los colegios concertados que han pagado con dinero público a pederastas y sus encubridores».
La postura de los jesuitas
«La institución falló y no protegió a los menores», admitió el pasado julio Pau Vidal, delegado de la compañía en Catalunya, quien se comprometió a reparar a las víctimas y a comunicar a la fiscalía seis casos que no están prescritos para que investigue. De momento, no han trascendido. «A pesar de la prescripción o la muerte del victimario (el autor de los abusos) en muchos casos, asumimos y asumiremos plenamente la responsabilidad moral. Queremos reconocer a las víctimas, asumiendo los hechos y las consecuencias que se derivan y nos comprometemos a repararles», subrayó entonces Vidal.
Hasta el último caso contra Peris, el único procedimiento judicial abierto que afecta a los Jesuitas era el del enfermero de Casp Amando Ardid Galve, al que han denunciado seis exestudiantes y en el que la compañía no ejerce la acusación.
