Este jueves se ha convertido, en el Congreso de los Diputados, en una nueva jornada histórica para la recién estrenada XIV Legislatura, con la aprobación del dictamen sobre la Proposición de Ley de Eutanasia. El cierre del período de sesiones se produce con el reconocimiento de un nuevo derecho de ciudadanía.
El resultado de la votación propicia por primera vez, una ley de eutanasia en España, después de haberse producido otros dos intentos por parte del grupo parlamentario socialista en los últimos años, que no pudieron tramitarse finalmente por la disolución de las Cortes.
Una ley que cuenta con un amplio respaldo social. De hecho las encuestas, de forma reiterada, vienen mostrando que la mayoría de la ciudadanía de nuestro país –entre el 60 y el 80%- apoyan la legalización de la eutanasia. Y hemos tenido la oportunidad de ver y escuchar testimonios de muchas personas que ya estaban sufriendo demasiado durante demasiado tiempo. Ante esto, el poder legislativo debía estar a la altura e ir acompasado a lo que la sociedad reclama; debía estar a la altura y actuar en consecuencia. Así lo ha entendido desde hace tiempo el grupo parlamentario socialista.
La ley de eutanasia reconoce un nuevo derecho a aquellas personas con enfermedad grave, irreversible o invalidante que les produce un sufrimiento insoportable y atenta a su integridad física y moral, a su dignidad y a su intimidad, situación por la que solicitan ayuda para morir.
Estamos ante una decisión que toma la persona afectada, de forma libre e informada, según sus valores y creencias, y no por otros intervinientes en el proceso. La persona afectada es la que decide libremente ejercer este derecho que la ley le reconoce. Derecho que, como tal, se ejerce o no. La ley no obliga a nadie a solicitar la ayuda a morir. Y tergiversar esta realidad resulta a veces ruin y miserable.
Como ruin y miserable resultan, demasiadas veces, los argumentos que esgrime la derecha y la ultraderecha, que acusan al Partido Socialista de querer ahorrar al sistema el coste de la atención a personas mayores y enfermos crónicos legalizando esta práctica. Analizar quién recorta en el sistema de dependencia o de sanidad pública en nuestro país, daría para otro artículo; aunque los números, los presupuestos y la realidad de lo que hace la derecha cuando gobierna está muy claro. Tenemos un gran escaparate de lo que hace en la Comunidad de Madrid.
La derecha y la ultraderecha, como siempre, diciendo no al reconocimiento de derechos, aunque ya nos tienen acostumbrados al “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”.
Estamos ante una norma que establece un procedimiento garantista con seguridad jurídica para todos los actores, además de permitir la objeción de conciencia de los profesionales, y que será incluida como prestación dentro del Sistema Nacional de Salud, con el objeto de garantizar la equidad para todas las personas que se encuentren en esta situación. De este modo la ley garantiza la debida atención por parte de los profesionales de la sanidad pública, que también verán clarificado su marco de actuación.
En definitiva, la ley define las condiciones en las que se puede solicitar esta ayuda y también asegura la garantía jurídica de cómo se debe aplicar de forma correcta.
Pero ya lo dijo el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saliendo al paso de las acusaciones de la derecha, señalando “lo único que ahorrará la ley de eutanasia es el sufrimiento de miles de personas”, y que “pueden ayudarnos a garantizar el derecho a una muerte digna”, tal y como “demanda la sociedad española”, o “seguir instalados en el absurdo y el bloqueo”.
Antonia García Valls. Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el congreso de los diputados.
Carmen Montón es embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos y ha sido Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social y Consellera de Sanidad.
