Los casos del médico de Hazparne Nicolas Bonnemaison y el de la niña gallega Andrea han reabierto el debate sobre la muerte digna, la asistencia sanitaria a la muerte y la eutanasia. El tema de la enfermedad y la muerte afecta a las personas de manera íntima e individual, pero tiene una dimensión comunitaria muy fuerte. Es triste que el debate solo se reavive socialmente con escándalos judiciales puntuales, cuando en la vida de miles de personas y de familias las perspectivas de gestionar lo más humanamente posible el proceso de una enfermedad que conllevará la muerte de un ser querido es un tema cotidiano y, a menudo, más trágico de lo moralmente aceptable.
Esa vivencia particular, privada, es en todo caso común a todas las personas y la manera en que se puede gestionar política y culturalmente es pública. Los cambios sociales en torno a la salud y la enfermedad, desde la longevidad actual hasta la dependencia de las estructuras familiares a consecuencia de unas políticas públicas deficientes, marcan las tendencias a medio plazo, pero no alcanzan la agenda política, no parecen prioritarias y no forman parte del debate público.
Bonnemaison, un caso simbólico
En el segundo juicio en su contra, esta vez realizado en Angers, Bonnemaison fue condenado ayer por un jurado a dos años de prisión. Un castigo que, sin embargo, no deberá cumplir. El médico había sido absuelto de «envenenar» a siete de sus pacientes en el proceso anterior, que tuvo lugar en Pau.
Tal y como señala su defensa, el proceso ha buscado a toda costa una condena que resulta incongruente con la justicia: si practicó homicidios al margen de su labor médica, tal y como sostiene la Fiscalía que ha promovido este segundo juicio, las peticiones y el castigo debían haber sido mucho más duras; mientras que si Bonnemaison trató a sus pacientes terminales dentro de sus funciones médicas para que no sufrieran más de lo necesario, no hay razón alguna para perseguirlo penalmente como se ha hecho.
La condena a Bonnemaison es simbólica en todos sus sentidos. Con el castigo el Estado francés señala que no va a permitir avanzar tan fácilmente en este terreno. El consenso social y médico tendrán que esperar al político y, en consecuencia, al jurídico. No obstante, al ser una condena que no conlleva pena de cárcel, se asume que la ley no se corresponde con la realidad social. François Hollande lo llevó en su programa, pero esa reforma permanece estancada en la burocracia parisina.
En este contexto, los reaccionarios piden mano dura, los reformistas cercanos al Gobierno y al PSF temen que el debate les afecte y quienes quieren avances sustantivos y reales en favor del derecho a una muerte digna no explotan un caso que tampoco resulta del todo ejemplar. Sin ir más lejos, las familias de los enfermos que murieron estando bajo la atención de Bonnemaison han aparecido divididas en el juicio.
Un coste demasiado alto
Mientras tanto, en los hospitales y en los hogares de Euskal Herria, miles de personas ven día tras día que no existen recursos públicos suficientes para garantizar unas condiciones de vida digna a todos los enfermos en estado degenerativo avanzado o terminal, que en la enfermedad las clases sociales adquieren una nueva dimensión, que en general desconocen sus derechos y sus opciones, que los mecanismos oficiales que existen no son suficientes para garantizar esa muerte digna, que dependen en gran medida de la voluntad del personal sanitario que les atiende a ellas o a sus familiares. Es en esa interlocución entre profesionales de la salud y los pacientes en la que se forman consensos sociales que las instituciones deberían ser capaces de traducir en normas y recursos públicos.
El coste emocional y económico de este tema es demasiado alto como para que no encuentre un hueco en las agendas de los medios y los políticos. Los debates que se den hoy y las decisiones que se tomen ahora perfilarán la clase de sociedad que tengamos en tres, cuatro y cinco décadas. Euskal Herria ha pasado en un periodo histórico bastante corto de ser una sociedad clerical y conservadora a una más progresista y pluralista. Ese impulso a favor de los derechos, a favor de la emancipación y de la libertad individual y colectiva, debe perdurar y reforzarse a través de pasos concretos. El miedo a la muerte es bastante natural entre nosotros, pero el miedo a la vida es socialmente inducido y no se debe ceder ante él. El derecho individual a una muerte digna es un signo más de una vida colectiva saludable.
El exmédico del Hospital de Baiona Nicolas Bonnemaison no irá a la cárcel, pero esa es la única buena noticia para él. El proceso se salda, además de con su expulsión de la profesión, con una condena por «envenenamiento» a pacientes terminales. La Fiscalía logra su objetivo en el segundo juicio: una condena sin cumplimiento, de dos años.
Tras más de cuatro años de proceso judicial por la muerte de siete enfermos terminales en el Hospital de Baiona, el entonces médico de urgencias Nicolas Bonnemaison acaba condenado. El jurado popular conformado en el Tribunal de lo Criminal de Angers, donde ha sido juzgado por segunda vez tras la absolución inicial en Pau, decretó ayer que es culpable de «envenenamiento». Se le impone una pena de cárcel de dos años, aunque exenta de cumplimiento.
La decisión final se corresponde básicamente con la petición de la Fiscalía, que forzó este segundo juicio, lejos de Euskal Herria, a través del recurso contra el primer fallo, que fue emitidio también por un jurado popular en la capital del Departamento de Pirineos Atlánticos. El Ministerio Público había propuesto en Angers una condena de cinco años sin cumplimiento, que ha sido reducida finalmente a dos, si bien la cantidad no es algo relevante debido a que no implicaba el ingreso en prisión.
Los hechos se produjeron en los años 2010 y 2011 y han provocado una enorme discusión, en todo el Estado francés, en torno a la eutanasia. El seguimiento mediático de esta segunda vista oral ha vuelto a ser muy importante, y hasta tres exministros han testificado.
Básicamente, la vista oral ha reproducido la inicial de Pau, si bien esta vez con un desenlace diferente. Mientras Nicolas Bonnemaison, natural de Hazparne, reivindicaba que solo actuó para acabar con el sufrimiento de los pacientes en situaciones terminales e irreversibles, la Fiscalía argumentó que su impresión personal sobre los casos no elimina la «intención criminal».
Para dar aún más complejidad al asunto, las familias de los siete pacientes fallecidos tras la intervención de Bonnemaison han mantenido opiniones abiertamente contradictorias: unas le exculpan e incluso le defiende, mientras otras han promovido la acusación.
Fiscal: «Omnipotente»
El dictamen de este jurado popular de Angers supone dar por buena la tesis del fiscal, Olivier Tcherkessoff, que sostuvo que Bonnemaison se saltó todas las barreras y controles impuestos a los profesionales para evitar abusos con los enfermos terminales, definidos legalmente como «personas especialmente vulnerables».
Así, Tcherkessoff destacó que el médico no anotaba nada del proceso, que no consultaba a las familias y que se hacía con los fármacos legales con secretismo. «¿Por qué ese silencio completo, si no es por la voluntad de esconder lo que prescribe y admistrarlo a escondidas?», se preguntó. Esgrimió igualmente el fiscal que «actuaba solo» y que se sentía «omnipotente» y «convencido de hacer el bien cuando hacía el mal».
Además de esta condena judicial, el caso le ha costado a Nicolas Bonnemaison la expulsión de la profesión, determinada por el Cólegio de Médicos del Estado francés en 2013, antes del primer juicio en Pau, y ratificada después pese a la absolución dictada entonces.
En la actualidad, Nicolas Bonnemaison sigue trabajando en el Hospital de Baiona, donde recibe el apoyo de la mayoría de sus colegas, aunque en labores de tipo administrativo, sin poder ejercer la medicina.
