Una sentencia de la corte IDH considera que el Estado ejerció violencia obstétrica contra Beatriz por negarle la interrupción de un embarazo inviable, y exige reparaciones a su familia
Doña Delmy Cortez lleva 11 años intentando transformar la rabia y la impotencia en reparación. Como un mantra, se ha repetido una y otra vez que los tribunales se han demorado tanto porque “están pensando muy bien cómo hacerle justicia” a su hija, Beatriz, quien falleció cuatro años después de la negación de un aborto terapéutico. Este viernes, al fin, llegó. Al menos una parte de lo que buscaba. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido un fallo pionero en materia de salud sexual y reproductiva queexige a El Salvador —uno de los cinco países latinoamericanos que prohíbe el aborto en cualquier circunstancia— la creación de protocolos “médicos y judiciales frente a embarazos que pongan en riesgo la vida y la salud de la mujer”.Con esta sentencia, reconocen por unanimidad que existe una responsabilidad del Estado “por violencia obstétrica y violaciones a la salud, acceso a justicia, el derecho a la integridad personal, vida privada y a vivir una vida sin violencia”, tanto de ella como de sus familiares. “Beatriz, donde quiera que esté, se siente satisfecha por la lucha que empezó”, dijo Cortez tras la sentencia.
Sin embargo, la Corte anunció que “no le corresponde” saber cuál era la mejor forma de abordar la atención debida a Beatriz desde el punto de vista médico. Así que se abstuvo de pronunciarse sobre si el Estado comprometió o no su derecho a la vida. Para Paula Ávila-Guillén, directora ejecutiva de Women’s Equality Center (WEC), esta es una sentencia agridulce. “Si bien brinda justicia individual para Beatriz y su familia, desconoce que este no es un caso aislado, sino que es la realidad sistemática para las mujeres en El Salvador”, cuenta minutos después de conocerse la sentencia. “Este no era el precedente que estábamos buscando, porque no ayudará a que no haya otros casos similares. Pero es un primer paso”. Así lo subraya también Morena Herrera, un referente del feminismo en Centroamérica: “Esperábamos una sentencia más contundente, pero creemos que es importante el reconocimiento de los hechos. Se hizo justicia para Beatriz y en eso estamos satisfechas. Deja la puerta abierta para cambios normativos que aseguren la seguridad jurídica del personal médico y sus pacientes”.
En la sentencia también consta el voto parcialmente disidente del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto. Este es más tajante y crítico con la omisión de la Corte en su pronunciamiento sobre el derecho al aborto y, por tanto, “no respondió adecuadamente a la exigencia de justicia de las víctimas”, se recoge en el fallo. “La Corte debió concluir que dicha prohibición [del aborto] y sus consecuencias sobre la atención médica violaron el derecho a la vida de Beatriz y su autonomía reproductiva”. Asimismo, señala al tribunal de haber abandonado su jurisprudencia sobre derechos sexuales y reproductivos y haber “omitido aplicar una perspectiva de género”.
Silvia Serrano Guzmán, experta en derechos humanos, docente e investigadora de la Universidad de Georgetown, es algo más optimista: “Aunque la Corte pudo ser más explícita sobre las reformas que se requieren en el caso para lograr las certezas que no tuvieron los médicos de Beatriz, ese será un tema a tratar en la etapa de supervisión del fallo que se abre ahora”. Y añade: “La Corte no cae en la narrativa de quienes se oponen al aborto diciendo que permitirlo en un caso como este viola el derecho a la vida. Más bien normaliza la interrupción del embarazo como un curso de acción válido y lo trata como lo que es: un servicio de salud”.
Beatriz tenía 21 años y un hijo de nueve meses cuando le dieron un durísimo diagnóstico: padecía lupus, fuertes daños renales y artritis. También supo entonces que estaba embarazada de un feto que crecía sin cráneo ni cerebro, con una malformación incompatible con la vida, conocida como anencefalia. A pesar de que la joven solicitó que interrumpieran su embarazo con 13 semanas de gestación para salvar su vida, la omisión del Estado obligó a la joven a elevar el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
En mayo de 2013, 13 semanas después de la petición de Beatriz, la Corte IDH instó a que terminaran con el embarazo. El Estado accedió finalmente a practicar una cesárea y una histerectomía, una operación mucho más invasiva de la requerida inicialmente. El feto falleció a las cinco horas, tal y como estaba previsto que sucediera. Como consecuencia de la tardía intervención, la salud de Beatriz se debilitó extremadamente y falleció cuatro años después tras ser hospitalizada por un leve accidente de moto. Para los magistrados de la Corte IDH, no existe una relación entre ambos sucesos.
Tras la muerte de Beatriz, doña Delmy tomó el testigo de su hija y lleva más de una década recorriendo comisarías, tribunales, fiscalías, audiencias y ruedas de prensa. Aunque se reconoce agotada, no ha dejado de buscar justicia para Beatriz y para su nieto, Mauricio, que ahora tiene 12 años. El adolescente, cuenta su abuela, ya entendió que la muerte de su mamá es permanente, que no va a volver. “Ya sabe que está en el cielo, pero sigue tirándose al suelo a abrazar la tumba cuando vamos a verla”, recordaba emocionada días antes de la sentencia.
El caso de Beatriz es un pequeño paso más en la lucha de los derechos de las mujeres. En El Salvador, el aborto está penalizado con hasta 12 años de cárcel, tanto para la mujer gestante como para el doctor que lo efectúe o lo recomiende. Y aunque en otros países de la región, como Honduras o República Dominicana, también conste el delito de aborto en el Código Penal, en el país de Beatriz las mujeres acusadas de haber abortado (voluntaria o involuntariamente) reciben condenas de hasta 50 años, tras ser acusadas de homicidio agravado por parentesco. Hasta 2023, había 70 mujeres encarceladas por un aborto espontáneo. La última en salir de la cárcel, conocida como Lilian, pasó más de siete años entre rejas.
Ni una violación o incesto, ni la inviabilidad del feto, ni el riesgo de la salud de la mujer gestante son excepciones a estas normas. Aunque en América Latina, la lucha feminista está centrada en ampliar los plazos de interrupciones del embarazo y ensanchar la autonomía reproductiva de cada mujer, en El Salvador la pelea es salvar vidas. Gisela de León, directora jurídica de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), insiste en que “no existe forma alguna de que el país pueda zafarse del cumplimiento de la sentencia”.
“A los antiderechos no les interesa la justicia”
La penalización absoluta del aborto en El Salvador es tan rígida, en parte por la fuerza que tienen en el país los grupos ultraconservadores. Su discurso ha calado tanto en las instituciones y en la opinión pública que hasta funcionarios del propio Ejecutivo han equiparado el aborto con el homicidio. Nayib Bukele, presidente del país, incluso habló de genocidio, a pesar de haber apoyado las causales durante su campaña electoral. Precisamente porque estos grupos sabían que el caso de Beatriz era lo suficientemente robusto como para quebrar la legislación han estado más pendientes que nunca. Las feministas centroamericanas reconocen no haber visto nunca antes una campaña de acoso, desinformación y presión política tan grande como con este juicio.
Según cuentan, la campaña empezó con el envío de cunas y gorros de lana a Beatriz poco después de conocer que el feto se desarrollaría sin cerebro, y acosaron a la madre y sus familiares dentro y fuera del hospital para que no abortara. Estos mismos grupos, que han ido recurrentemente a rezar a las sedes de los colectivos feministas, llevan más de un año fomentando una campaña enorme de desprestigio a los magistrados del corte IDH, que incluyó la contratación de buses y vallas publicitarias con las caras de los jueces, a quienes acusaban de haberse “vendido” al “lobby abortista”.
En la audiencia del caso, celebrada en Costa Rica, cargaron fetos de plástico, rosarios y estampitas religiosas e increparon a los familiares con pancartas que decían: “Rezamos por tu bebé”. “A estos grupos no le interesa que exista un órgano que garantice la justicia ni los derechos humanos”, diceMorena Herrera. “Por eso no se centraron solo en acosar a Beatriz, sino que fueron a por la corte IDH”. Para las abogadas y los colectivos feministas este es, sin duda, un paso hacia adelante. Así no fuera todo lo grande que esperaban.
