La organización se refiere así en un comunicado a las declaraciones de ayer de Martínez Camino, también obispo auxiliar de Madrid, quien dijo no estar preocupado por las manifestaciones que se produzcan contra la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y la visita del papa, y criticó a sus organizadores ya que, a su juicio, se trata de "grupúsculos minoritarios que lo que hacen es parasitar".
Además, la organización se refiere a otras declaraciones del arzobispo de Toledo y primado de España, Braulio Rodríguez, del pasado miércoles, cuando advirtió de que "estamos haciendo el ridículo mundial" con las críticas que está habiendo a la organización de la JMJ y abogó por que "no seamos paletos" y por dialogar sobre una base real.
Unas palabras que Europa Laica ha respondido hoy así: "una parte importante de la jerarquía católica actúan con una preocupante soberbia (por cierto, pecado en su doctrina) que pueden constituir, en algunas circunstancias, presuntos delitos por difamación".
"Además -continúa la organización- algunas de las declaraciones pueden incitar a actos violentos de grupos fundamentalistas católicos, de ahí la llamada de atención que se ha cursado a la Fiscalía del Estado".
Los miembros de Europa Laica han insistido en que no van a tolerar "ese tipo de descalificaciones y de actuaciones", que sólo, en su opinión, "contribuyen a generar confrontación y odio".
Y han pedido a las autoridades y a los responsables políticos y públicos que, independientemente de las creencias y convicciones individuales, eviten participar en "ceremonias y boatos estrictamente católicos en donde se llama a la intolerancia y al incumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de leyes aprobadas democráticamente en el Parlamento".
La asociación ha subrayado que las más de 150 plataformas, organizaciones sociales, sindicales y partidos contrarios al empleo de fondos públicos para la visita del papa, objeto de la manifestación del día 17, "apuestan por la democracia y por las libertades y por la laicidad de las instituciones del Estado".
Además abogan "por la eliminación de los privilegios jurídicos, simbólicos, políticos, fiscales, tributarios y económicos de los que goza la Iglesia católica oficial en España".
