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Europa Laica exige garantizar el derecho legal al aborto

Europa Laica considera deleznables las declaraciones de la Conferencia Episcopal en las que justifica las manifestaciones de acoso frente a las clínicas autorizadas para la interrupción voluntaria del embarazo.

El portavoz de la CEE, en pasada conferencia de prensa, ha venido a justificar el acoso que sufren las mujeres que van a abortar a clínicas autorizadas, indicando que quienes allí las abordan están en su derecho de manifestación y que no acosan sino solo orientan para que desistan de abortar, cuando ello tergiversa completamente una realidad de verdaderas intimidaciones que están denunciadas ante la policía y la justicia.

A los obispos españoles les preocupan enormemente los fetos humanos. Tanto como para promover y aplaudir que grupos ultracatólicos acosen a mujeres que, ejerciendo un derecho amparado por la ley, atraviesan situaciones complicadas, traumáticas y de extrema vulnerabilidad, pretendiendo que se regrese a esos tiempos oscuros en los que las mujeres morían en abortos practicados sin control médico o condenadas a traer al mundo todos los hijos “que dios les enviara”.

Por supuesto que ninguna mujer desea pasar por un aborto. Pero si llegado el caso, por sus circunstancias decide abortar, lo ha de poder hacer sin poner en riesgo su vida, su libertad, su estabilidad emocional o su dignidad, y también el equipo de profesionales ha de tener todas las garantías jurídicas para llevarlo a cabo. Eso es lo que proclama la ley.

La jerarquía eclesial, con base a su magisterio doctrinal, justifica a estos grupos, al mismo tiempo que pone todos los impedimentos y diatribas para que pueda existir una educación afectivo y sexual digna de tal nombre en las leyes y centros de enseñanza. Y esto sin entrar a hablar sobre lo poco que le importan los derechos de los nacidos, vejados y abusados por un clero de pederastas reconocidos pero ocultados.

El patriarcado clerical en forma de Conferencia Episcopal y organizaciones afines dedican esfuerzos ingentes para oponerse a leyes democráticamente aprobadas, sea la del aborto o la eutanasia, o para mantener su adoctrinamiento en todos los centros y niveles de enseñanza.

Las administraciones del Estado deben garantizar el ejercicio de los derechos legales. Además, reclamamos que no se puede seguir subvencionando por más tiempo con dinero público, el de todas y todos, a una jerarquía eclesial y a organizaciones que tratan de imponer su retrógrada visión del mundo y promueven u obstaculizan que se puedan ejercer estos derechos.

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