Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito observamos con atención las gestiones en el país y en la región de una reacción conservadora y fundamentalista religiosa que pretende imponer sus dogmas a toda la ciudadanía. Es por esto que, tras la reunión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, con el jefe del Vaticano, Jorge Bergoglio, seguimos resaltando la importancia del respeto al Estado laico. Asimismo vemos auspiciosa la decisión del Ejecutivo de ratificar, el próximo 1 de marzo, el envío de un Proyecto de Ley al Congreso que reconozca el derecho a decidir sobre nuestras vidas y libertades como mujeres, lesbianas, bisexuales, trans y no binaries.
Luego del rechazo del Senado de la Nación a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en agosto de 2018, evidenciamos cómo esta reacción intentó avanzar sobre la aplicación de la Educación Sexual Integral, derecho consagrado a través de una Ley nacional; y contra el acceso universal a la salud que garantiza el cumplimiento del Protocolo para la Atención de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo. Por eso, nuestro Proyecto de Ley los garantiza y de sancionarse representará un hito de ampliación de ciudadanía y reparación histórica en la región más desigual del mundo.
Este será el año en el que se sancionará la Ley de aborto voluntario, seguro y gratuito en nuestro país; una deuda de la democracia y un derecho que repercute directamente sobre otros derechos humanos de las mujeres y personas gestantes; tal como los derechos a la vida, a la salud integral, a la igualdad y no discriminación; a la dignidad, a la autonomía, a la intimidad, a la identidad de género y a vivir una vida libre de violencias y de tratos crueles. La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito nos hermana. En Argentina y en América Latina y el Caribe seguimos construyendo un movimiento feminista que genera apoyos y consensos a su paso. Porque acá y allá, las que pagan las consecuencias de estas decisiones políticas de criminalizar son las mujeres más empobrecidas, que arriesgan su vida o salud abortando en condiciones inseguras.
En estos días se realizó en Santiago, Chile, la XIV Conferencia de la Mujer de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Allí, organizaciones de la sociedad civil e integrantes del activismo feminista declararon que los Estados miembros deben “impulsar, sin exclusiones, una educación integral laica de calidad, oportuna y libre de estereotipos, y promover una cultura de igualdad entre mujeres y hombres para derribar los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos, reconociendo que el carácter laico de los Estados contribuye a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y garantiza los Derechos Humanos y la libertad de religión, creencia, culto y pensamiento”.
Reclamamos la separación de las iglesias del Estado, a fin de que se respeten los distintos planes de vida. Porque solo un Estado Laico puede garantizar la libertad de conciencia y la convivencia pacífica entre la diversidad de opiniones. La sociedad argentina se encuentra lista para dar este debate y se ha manifestado en nuestro favor. Recordemos que a pesar de la férrea oposición de las religiones a leyes del tales como el voto femenino, el divorcio, de matrimonio igualitario o identidad de género, hoy son derechos conquistados y que han puesto a nuestro país a la vanguardia de los Derechos Humanos. Acceder a un Estado laico es un derecho. Una condición básica para la realización de otros derechos; un marco institucional para el desarrollo de las libertades. Es una demanda básica para los derechos que reclaman los movimientos de mujeres y disidencias sexogenéricas y políticas.
El 19 de febrero volveremos a las calles a exigir el reconocimiento del derecho al aborto. Lo haremos como activistas sociales, como militantes de mundos mejores y a días de la apertura de sesiones del Congreso. Será a casi 15 años del surgimiento de la Campaña y el año de la octava presentación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el país. Reclamaremos además, el respeto del Estado Laico porque es garantía del derecho a decidir: sobre nuestros cuerpos, deseos y sexualidades; sobre la libre opción de gestar y sobre nuestra autodeterminación sexual. Sin injerencia del Estado, la sociedad, la familia o las confesiones religiosas. Somos históricas y el 19 de febrero nos volveremos a encontrar en el inicio de una década que será feminista. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Será Ley.
*Analía Más es abogada e integrante de la comisión redactora del Proyecto de Ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
