Con el inicio de la nueva legislatura, la diputada María Vita Monge del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó una reforma de ley a la Constitución Política para poner sobre la mesa de nuevo el debate respecto a convertir el país en un Estado laico.
Se trata de modificar el artículo 75 que establece la fe católica como la religión oficial de Costa Rica. Desde hace ya unos 10 años, la idea ha tomado más fuerza, pero no se concretan acciones.
De hecho, durante la Administración anterior se hicieron algunas manifestaciones por parte del mismo Gobierno para gestionar cambios. Sin embargo, las intenciones rondan el Congreso desde el siglo anterior, con varias propuestas que no consiguen votos.
El objetivo de la legisladora con esta reforma consiste en procurar seguridad jurídica para la pluralidad de religiones, así como el reconocimiento del derecho humano de la libertad de pensamiento y conciencia, ya que actualmente existe un trato diferenciado en favor del catolicismo.
Pero ¿qué implica ser un Estado laico y no confesional, como históricamente hemos sido? Primero, un Estado laico es neutral en materia de religión, no ejerce apoyo ni oposición explícita o implícita a ninguna organización ni confesión religiosa.
Una reforma de este tipo no significa bajo ninguna circunstancia que será un Estado ateo, como se ha querido tergiversar. Ciertamente la polémica por un cambio de estos, como tantas otras en nuestra Suiza centroamericana, resultará de nunca acabar, sobre todo si tomamos en cuenta que ya hay grupos políticos, como el Partido Restauración Nacional, que mantienen una postura de no votar jamás una propuesta que busque sacar a Dios de la Carta Magna.
Costa Rica destaca como el único en Latinoamérica que mantiene tal modalidad confesional. No obstante, para el momento en que esta normativa se creó la realidad nacional era muy distinta; la mayoría de los ticos profesaba esta religión y gran parte de las decisiones de los gobiernos se tomaban con base en los preceptos cristianos.
Un ejemplo de esto lo tenemos en el sistema educativo, pues en aquel entonces la Iglesia opinaba sobre los temas que se impartirían en las lecciones para que comulgaran con los principios que se deseaba inculcar en niños y jóvenes.
Desde el punto de vista de los derechos civiles, aún en la actualidad el sacerdote tiene fe pública, de manera que si usted se casa por la Iglesia no necesitará realizar ningún trámite en el Registro Civil, pero no sucede así con las demás religiones, que deben notarizar sus uniones.
La transformación a un Estado laico busca precisamente romper estas diferencias que se mantienen hoy día entre el católico y el resto de credos.
Esto implica que el Estado deberá ser neutral respecto a la religión que legalmente apoyará, dándoles el mismo peso a todas. No podrá otorgar privilegios a ninguna en particular ni tampoco permitir que influyan sobre la política nacional.
Es importante tener claro que, en un Estado laico, la libertad religiosa y de culto mantienen su máxima expresión y, aunque en el país no está prohibido profesar ningún credo, las distorsiones a nivel jurídico obligan a este o futuros gobiernos a dar dicho paso en la búsqueda de la igualdad religiosa, sin que se presente ningún tipo de discriminación.
Pero esta reforma trae a colación demasiadas interrogantes: ¿Qué pasa si se logra modificar la Constitución? ¿Se eliminan los juramentos de funcionarios públicos que mencionan a Dios?
¿Será prohibido hablar de religión en los centros educativos públicos y privados? ¿Podría un docente ser sancionado si hace algún tipo de referencia a algún credo como ha sucedido en otros países?
¿Qué pasará con las escuelas y colegios católicos subvencionados por el Estado costarricense? ¿Se eliminarían las capillas católicas en entidades públicas y deberán irse los sacerdotes? ¿Cómo impactará esta reforma a las donaciones que hace el Estado a la Iglesia?
Esta última pregunta justamente reviste de gran importancia, pues, según datos del Ministerio de Hacienda, entre los años 2010 a 2015, el Gobierno otorgó unos ¢3.500 millones a las temporalidades de la Iglesia católica y además donó ¢148 millones para la conservación del Archivo de la Arquidiócesis de San José.
Según un estudio realizado por la Escuela Ecuménica de las Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional (UNA), el cual data de 2013-2014, las religiones vienen sufriendo una importante pérdida de seguidores, las personas no necesariamente dejan de profesar la fe en la que nacieron, pero no participan de las prácticas ligadas a dichos sistemas de creencias.
Frente a esta situación, no es extraño que solo el 37,5% de los entrevistados indicara que asiste a misa dominical, contra un 62,5% que no lo hace.
Sobre el tema del Estado laico, el estudio mostró cómo 45,5% de los encuestados opina que debe eliminarse todo vínculo entre religión y política, pero están de acuerdo en que el Estado colabore con las obras sociales de las Iglesias.
El tema no resulta sencillo, pero ya es hora de que los legisladores lo discutan. La campaña electoral anterior mostró una realidad muy cruel respecto a los asuntos religiosos y la política, los cuales propiciaron actos de discriminación inaceptables sustentados en una norma que carece de mayores fundamentos para persistir.
