Luego de la presión al Congreso por parte de sectores conservadores la semana pasada, la iniciativa 3896, sobre la Ley de Juventud, fue enviada a una nueva comisión para que se evalúe. Bajo esta excusa se consultó a diversos sectores de la sociedad en torno a la laicidad del Estado guatemalteco
El Estado no debe intervenir
Álvaro Ramazzini. Obispo de la diócesis de Huehuetenango
La Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), que reúne a los obispos de la Iglesia católica del país, ha sido uno de los sectores que más oposición generó a la iniciativa 3896 de la Ley de Juventud al lanzar un comunicado a principios de mes en contra de la propuesta, en particular los artículos que tratan sobre la educación integral en sexualidad y los métodos anticonceptivos.
Según el obispo Ramazzini, la oposición no es contra la ley, sino contra los Artículos 10, 11 y 17. “No consideramos que dar preservativos y anticonceptivos a los muchahos y las muchachas les vaya a ayudar a crecer en su ser como personas”. En cuanto a la educación sexual, la CEG aún la considera una prioridad de los padres de familia: “no creemos que el Estado deba de intervenir en temas que tienen que ver directamente con realidades trascendentales como la transmisión de la vida humana, el amor humano, las relaciones interpersonales entendidas como matrimonio”.
La cultura conservadora
José Cal. Historiador
A mediados de 1871 el ejército liberal llegó a la ciudad para convertir a Miguel García Granados en presidente provisional. Su gobierno dio inicio a la Reforma Liberal, en la que se impulsó la educación laica. En 1873, Justo Rufino Barrios subió al poder y tomó una línea más radical que la de su antecesor hasta expropiar propiedades a la Iglesia católica.
Para José Cal, el Estado es laico en su estructura legal gracias al proyecto liberal de 1871, pero eso no hizo que la sociedad guatemalteca se secularizara. Desde entonces “el Estado no ha impulsado políticas públicas que permitan la laicidad plena de muchos aspectos de la vida social”. “La sociedad aún no tiene la claridad de la necesidad de un Estado laico, y los cambios en Guatemala se van a conseguir gradualmente”. El historiador recordó también que el guatemalteco “tiene una cultura política y concepciones éticas y morales bastantes conservadoras”.
Educación sexual laica
Aprofam
Desde el punto de vista de salud, Aprofam considera que una iniciativa como la de la Ley de Juventud es vital si se considera que ampararía al 70 por ciento de la población, un grupo que es el más vulnerable a infecciones de transmisión sexual y VIH, mortalidad materna, embarazos en adolescentes y violencia sexual, entre otros.
La organización reconoce que la educación debe ser laica, en particular en temas como la sexualidad que “es inherente en la vida de las personas y al desarrollo humano. La religiosidad es una opción individual. La educación integral en sexualidad es un proceso de desarrollo de competencias y habilidades para la vida, las cuales son integrales, brindando conocimiento y propiciando estilos de vida saludables. Esta se basa en evidencia científica y no en supuestos”. Asimismo, Aprofam recuerda que no promueve ni realiza abortos.
La base legal
Alejandro Balsells. Abogado constitucionalista
Según el abogado constitucionalista, Alejandro Balsells, es el Artículo 36 de la Constitución el eje normativo que rige al Estado de Guatemala como libre de dominación religiosa alguna. El abogado resalta que la laicidad del aparato público es la garantía de libertad de religión para todos los ciudadanos. Sobre la presión de las Iglesias sobre funcionarios establece que son sectores que pueden ejercer presión, aunque, el Estado no debe asumir esa presión. “La expresión es una garantía del estado laico, ahora que el Estado asuma una posición sectorial en base en un tema religioso eso sí es censurable. El Presidente puede ir a misa, eso no está mal, el problema sería que él nos obligara a ir a misa. La libertad de religión tiene de límite el derecho a la religión de otro”, rescata.
¿Políticamente correcto?
Gabriela Carrera. Politóloga
Tomando en cuenta el contexto conservador y religioso, la politóloga Gabriela Carrera establece que a los políticos tradicionales les favorece un discurso con tintes moralistas y religiosos. La simplificación de los argumentos es uno de los fines de estas posturas. “Es un terreno fértil y un lenguaje comprensible para la población. Gana mucha simpatía porque habla de una moralidad y ética política supuesta, es irrespetuoso con los principios religiosos de otros, hay un maniqueísmo burdo, es un discurso de manipulación para generar votantes. Son personas que aluden a Dios, pero mienten y roban, eso es lo que se debe criticar”, enfatiza Carrera. La politóloga puntualiza además que estos discursos son ofensivos contra pensamientos no institucionalizados, como la cosmovisión maya.
Aulas, no capillas
Anabella Giraca. Escritora
Para la escritora y experta en temas de educación, Anabella Giraca, el Estado laico se refleja en una educación laica, porque las familias pueden criar personas buenas o malas, pero el Estado forma ciudadanos, explica. “No puede haber dominación de una religión sobre la educación porque la escuela no puede discriminar. La intromisión de la Iglesia dentro de la escuela imponiendo valores específicos afrentan contra la libertad de culto. Las instituciones educativas públicas tienen que ser espacios libres, abiertos y sin discriminación. La educación debe ser promotora de espacios de emancipación de pensamiento y combate a todo aquello que sea producto de estereotipos.
Libertad de religión
Según el Artículo 36 de la Constitución, el ejercicio de todas las religiones es libre. Toda persona tiene derechos a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos.
