España: Protestantes españoles denuncian discriminación ante Parlamento Europeo

En carta enviada al Parlamento Europeo y a los grupos parlamentarios españoles, así como a instituciones internacionales, los evangélicos españoles denunciaron la alarmante falta de neutralidad religiosa por parte del gobierno de España.

   La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), llama la atención en el documento sobre la desigualdad y la discriminación que sufren los protestantes en el país y solicita el apoyo internacional para instar al parlamento y al gobierno que resulten de las elecciones del próximo 14 de marzo, que rectifiquen la política discriminatoria contra las minorías religiosas.

   La FEREDE representa a más de 800.000 cristianos evangélicos, que se agrupan en más de 2.000 iglesias existentes en el país.

   Los protestantes consideran que la discriminación que vienen padeciendo las minorías religiosas en España desde hace siglos, no ha sido resuelta plenamente por ninguno de los gobiernos democráticos.Y señalan que es lamentable que en ninguno de los programas electorales presentados por los partidos políticos para las elecciones venideras se aborde el tema de la igualdad y la neutralidad religiosa.

   Mariano Blázquez, secretario ejecutivo y representante legal de la FEREDE, declaró «tras veinticinco años de periodo constitucional muy pocas cosas han mejorado en el escenario de la libertad religiosa en nuestro país».

   Entre las afrentas y agravios comparativos contra la neutralidad religiosa que establece la Constitución, mencionan la limitación del derecho de manifestación en espacios públicos; las dificultades de acceso de los pastores evangélicos a centros públicos para dispensar asistencia religiosa; y la no exención del impuesto agregado a los bienes destinados al culto; privilegio que sí es concedido a la confesión religiosa mayoritaria.

   Además, indican que el presupuesto del estado tan sólo contempla asignaciones económicas a favor de la Iglesia Católica, que percibe una dotación presupuestaria que se suma a lo recaudado por la casilla de la Declaración de la Renta Ninguno de estos beneficios se concede a las restantes confesiones religiosas con la excusa de que se trata de una «situación transitoria».

   Según Blázquez, «la transitoriedad debió finalizar hace veinte años y haberse aplicado únicamente el sistema de asignación voluntaria de los ciudadanos a través de la casilla correspondiente en la Declaración de la Renta».

   El documento menciona también la discriminación de la que son objeto las iglesias y organizaciones protestantes para la obtención de suelo público para construir lugares de culto, en flagrante contraste con la práctica habitual de ofrecer o conceder terreno público municipal a la Iglesia Católica.

   Denuncian igualmente la identificación de las instituciones públicas con el culto católico, que vulneran el principio de neutralidad del Estado. Entre ellas, imponer la medalla de honor de la ciudad de Madrid a la Virgen de la Paloma; nombrar a la Virgen de El Escorial Alcalde Mayor del municipio o designar a la imagen de la Virgen de Peñarroya-Pueblonuevo generala del Ejército Español, nombramiento que se produjo el 2002.

   Blázquez resaltó el escaso o nulo desarrollo de lo establecido en las normas generales de Libertad Religiosa o en los Acuerdos de Cooperación, que supone el no reconocimiento de la pluralidad religiosa y que de hecho consagra que para la administración hay una doble categoría de ciudadanos. De primera, con privilegios; y ciudadanos de segunda que no disfrutan de derechos fundamentales plenos.

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