Por supuesto que el asunto no ha molestado a nadie.
En enero de 2010, el candidato al Senado Roy Barreras y el candidato a la Cámara José Luis Arcila firmaron un acuerdo con el pastor cristiano Jhon Milton Rodríguez, presidente de la Asociación de Ministros Cristianos del Valle y representante del Comité Político de Misión Paz a las Naciones. Los candidatos se comprometían a cuatro puntos, pero sólo dos me interesan. Punto segundo: “Promoción del desarrollo y respeto por la familia como Dios lo ha establecido, es decir no promover y apoyar el matrimonio entre personas del mismo sexo ni la adopción de niños por parte de esas parejas. Ni apoyo a la unidosis personal de drogas y ley de aborto”. Punto tercero: para impulsar el desarrollo de los proyectos comprometidos, reservar “dos Unidades de Trabajo Legislativo para los miembros de Misión Paz a las Naciones y otros cargos según la situación lo amerite”. A cambio, el Comité Político de Misión Paz a las Naciones se comprometía a “difundir la propuesta de los candidatos”, a “apoyar el proceso de votación con un mínimo de 60 personas como testigos electorales” y a “concientizar, enseñar y capacitar a nuestros miembros y así generar cultura del voto”.
Cultura del voto, claro, por Roy Barreras y José Luis Arcila.
Y el asunto, como digo, no ha molestado a nadie. Dos candidatos parecen vender puestos a cambio de votos, y eso no molesta a nadie. Dos candidatos parecen vender —o arrendar: como quieran ustedes— su postura frente a asuntos importantes de la agenda legislativa colombiana, y eso no molesta a nadie. La Procuraduría General, por poner un ejemplo, no cree que Roy Barreras o José Luis Arcila sean merecedores de ninguna sanción. Me imagino el escenario opuesto: un candidato a senador negociando las leyes de la República con Women’s Link, la asociación que defiende el derecho al aborto, o prometiendo puestos en Unidades de Trabajo Legislativo al colectivo LGBT, o comprometiéndose por escrito a promover la legalización completa del cannabis. ¿Defendería el procurador a ese candidato? Yo creo que no: creo que la Procuraduría se empeñaría en perseguirlo, como ha hecho con Mónica Roa o como hizo con Alonso Salazar cuando se abrió la Clínica de la Mujer en Medellín. Pero claro, tal vez sean prejuicios míos.
Y ahora se defiende el señor Barreras diciendo que él cree, como la mayoría de colombianos, en la preservación de unos valores. No aclara por qué necesitaba, para defender sus creencias, de un pacto por escrito con una iglesia adinerada y a cambio de puestos y de votos. Y se defiende diciendo que él es transparente y que por eso puede hacer públicos esos acuerdos. Se le ha olvidado que él no los hizo públicos, sino El Espectador, y que de su transparencia dudan ahora hasta los otros pastores de otras iglesias, que lo andan acusando de haber violado sus pactos con los cristianos. Dice el pastor Luis Ernesto Correa Pinto que Barreras, al asumir posteriormente ciertas posturas frente a los temas de ese acuerdo, “rompió los corazones de sus electores” e “incumplió el compromiso que hizo con la iglesia firmante”.
A ver qué dice de esto la Procuraduría, que siempre se ha preocupado tanto por los corazones de los ciudadanos.
Siempre que sean cristianos, eso sí.
