Sigue siendo un simple suceso que, en el letargo del verano, viene a revivir el viejo debate de la eutanasia. Con el peligro de envenenarlo una vez más. El mórbido apetito de los medias les lleva a menudo, incluso antes de conocer los hechos, a señalar con el dedo a un médico de urgencias descrito como frágil sicológicamente y acusado de antemano en la primera de «Le Parisien» de haber «matado al menos a cuatro pacientes». Un proceso judicial inmediatamente abierto ha acusado y probablemente ha sido sentido con mucho dolor por los cuidadores confrontados cotidianamente a estas situaciones de fin de vida, así como por las familias con las que tratan en estos momentos delicados. ¡Si sólamente este enésimo affaire, que ocurre en vísperas de un año electoral, podría por fin conllevar el reconocimiento legislativo de la ayuda actica a morir! Nada es, sin embargo, menos cierto en un país donde el Estado se niega a ceder el mínimo derecho sobre aquello que considera fundamentalmente como asuntos propios más que ciudadanos -el debate sobre la pena de muerte, la contracepción, la interrupción voluntaria del embarazo, la esterilización o, más recientemente, las leyes de bioética así lo atestiguan-. Como ocurre en Bélgica, Holanda o Suiza, deberíamos exigir al Estado que respete el principio de neutralidad moral autorizando a cada cual vivir y morir según sus propias concepciones filosóficas. Y no es ciertamente en nombre de la dignidad -concepto peligroso en tanto que reversible- que conviene llevar a cabo esta lucha, sino mucho más simplemente en nombre de la libertad.
Traducción: GARA
