Las cinco mujeres fueron enterradas vivas hace un mes en un pueblo de la provincia de Baluchistán, la más grande de Pakistán.
Sin embargo, el caso había sido mantenido en secreto hasta ahora porque involucraría al hermano de un ministro local, denunció ayer la asociación Asian Human Rights Commission, con base en Hong Kong.
La asociación difundió que las víctimas eran dos jóvenes de 18 años y una de 16, la madre de una de ellas y la tía de otra.
Sus asesinos las sorprendieron en una casa donde se habían reunido para partir juntas hacia el tribunal civil del distrito de Jafarabat, donde las tres más jóvenes debían casarse.
Pero los maridos que habían elegido las mujeres no habían sido autorizados como esposos por la asamblea de los ancianos de la tribu de los Umrani, la etnia de origen iraní a la que pertenecían las mujeres asesinadas.
Según la asociación, el responsable del secuestro y sucesivo asesinato de las cinco mujeres (con la complicidad de otros seis hombres) es Abdul Sattar Umrani, hermano del ministro provincial Sadiq Urami, quien fue electo miembro de la asamblea del Baluchistán en febrero pasado.
Los hombres se habrían llevado a las cinco mujeres a bordo de un automóvil con patente del gobierno provincial, habrían disparado varias veces a las tres más jóvenes y luego las habrían enterrado en una zona de cuevas, aunque aún estaban vivas.
Cuando las otras dos intentaron intervenir, fueron echadas en el mismo agujero y enterradas vivas.
Una tradición centenaria. El gobierno paquistaní lleva adelante una serie de políticas en la provincia de Baluchistán (una de las zonas más violentas del país) para erradicar los llamados "crímenes de honor", que cada año cobran la vida de centenares de mujeres como una manera habitual de "saldar" disputas, adquirir tierras o pagar deudas entre los integrantes de las tribus fundamentalistas. Según las tradiciones islámicas vigentes en Pakistán, una mujer puede "deshonrar" a su familia por causas como tener un amigo varón, casarse con un hombre no elegido por sus parientes o tratar de divorciarse.
En algunas ocasiones, los problemas comienzan también por no ofrecer una dote que satisfaga a la familia política, mantener una relación extramatrimonial, buscar trabajo fuera del hogar, salir del hogar sin el permiso de un varón o, incluso, hablar con un hombre.
A los familiares de una mujer que sientan que su honor ha sido mancillado, se les reconoce la potestad de castigarla, sin necesidad de pruebas o testigos de los actos que motivan la acusación. No son pocos los casos en que padres o hermanos "deshonrados" hacen justicia por mano propia en el seno de una sociedad que no los castiga.
Responsables de agencias humanitarias que actúan en la región sostienen que cada vez hay más mujeres acosadas, violadas y asesinadas por familiares cercanos, que esgrimen motivos personales, sexuales y económicos. Sin embargo, la mayoría de los casos ni siquiera son denunciados.
En diciembre de 2004, el gobierno de Pakistán aprobó por primera vez una legislación para castigar los "crímenes de honor", aunque la oposición laica y la única ministra del Ejecutivo la consideraron insuficiente.
Uno de los puntos más criticados de la norma fue la llamada "compra del perdón" que permite a los asesinos salir de la cárcel mediante el pago de una multa.
La Constitución de Pakistán garantiza la igualdad de mujeres y hombres ante la ley y el país ha ratificado convenios internacionales al respecto. No obstante, las agresiones a niñas y mujeres son muy numerosas y su indefensión, prácticamente total. l (Télam y AP)
