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En España aún es legal acosar a las mujeres si se hace frente a una clínica de abortos

El PSOE presenta una proposición de ley para penalizar la intimidación a las mujeres que acuden a abortar. La derecha dice que es un ataque a la libertad de expresión y un diputado de Vox prefiere llevar el acoso hasta el final llamando bruja y borracha a una diputada.

La escena lleva años repitiéndose ante muchas clínicas que realizan interrupciones del embarazo en España. Son clínicas privadas a las que se deriva a mujeres, porque la sanidad pública dice no tener profesionales suficientes para llevar a cabo la operación. Un grupo reducido de personas se coloca en la entrada con la intención de intimidar a las pacientes del centro para que desistan de su intención. “Hay mujeres que acuden a abortar y entran a una clínica atravesando un pasillo de personas que les increpan, les preguntan por qué van a abortar, rezan o les llaman asesinas”, dijo a este diario en 2019 José Antonio Bosch, abogado de la asociación que agrupa a estos centros sanitarios.

El delito de coacciones existe desde hace mucho tiempo en el Código Penal. Aparentemente, no para estas situaciones. Algunas clínicas han presentado demandas en el juzgado de las que nada más se ha sabido. Han llamado a la policía, que como mucho aparta unos metros a los integrantes de los grupos ultraconservadores que se hacen llamar “provida”.

Para hacer frente a este problema, al que se refirió el Defensor del Pueblo en 2020, el PSOE presentó el martes una proposición de ley en el Congreso que busca incluir en el Código Penal un artículo que castigue con pena de prisión de tres meses a un año a aquellos que hostiguen a las mujeres que acudan a estos centros. Se trata de “poner fin a una situación de impunidad intolerable”, dijo la socialista Laura Berja.

La proposición iniciará su camino parlamentario al ser aprobada su toma en consideración con 199 votos a favor y 144 en contra (los del PP y Vox).

La diputada convirtió su intervención en un alegato en favor de las mujeres que deciden abortar y de sus derechos. Algunas se encuentran en una situación vulnerable –”a veces están solas porque tienen miedo”– y necesitan que se proteja su privacidad en lo que es un tratamiento médico (“tienen derecho a que nadie sepa que están allí”).

Tanto Vox como el PP rechazaron la proposición. La extrema derecha por su oposición radical al aborto. El PP lo hizo intentando no hablar del aborto, y sí por ejemplo de las víctimas del terrorismo, uno de esos asuntos que pone sobre la mesa siempre que el tema principal le incomoda. Ruiz Gallardón tuvo que renunciar a su proyecto de restringir el derecho al aborto durante el Gobierno de Rajoy por la división interna que causó en el partido. Así que cuando su diputada Teresa Angulo subió a la tribuna, habló de todo menos del aborto. No es que estuviera despistada.

Lo máximo que llegó a concretar sobre la propuesta fue decir que iba contra el derecho a la libertad de expresión de los activistas antiaborto. Es poco probable que piense lo mismo si realizaran una manifestación justo en la entrada de su domicilio.

María Ruiz Solás, de Vox, defendió a los que se manifiestan ante esas clínicas. Casi los definió como un servicio público, gente altruista que se ofrece con el fin de ayudar a las pacientes. Sobre lo que en realidad piensan de ellas, la intervención de Ruiz lo dejó muy claro. “Es un crimen matar una vida para salvar a otra”. Es evidente que si creen que son unas criminales, las tratan como tales en la puerta de los centros.

La diputada no tiene una gran opinión de las mujeres que necesitan abortar. De hecho, ni siquiera está de acuerdo con que puedan decidir sobre su cuerpo: “Una mujer no es libre para tomar decisiones cuando sufre”. Por lo visto, necesita que le digan lo que debe hacer.

Manifestantes antiaborto rodean la entrada de la clínica Dator en Madrid en 2019 para presionar a las mujeres. Patricia J. Garcinuño

Puestos a elegir, es mejor que te llamen inútil a que te insulten a gritos y te llamen borracha. Es lo que hizo José María Sánchez García, uno de los diputados de Vox que residen en las filas superiores del hemiciclo. Su nutrida lista de insultos pronunciados en voz alta contra la socialista Laura Berja se oyó muy bien en la Cámara. Le escucharon gritar bruja, borracha, loca o infanticida. Con lo de bruja, el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que dirigía en ese momento la sesión, le exigió tres veces que retirara la palabra. Sánchez se negó y provocó que se suspendiera la sesión, el típico tumulto que tanto gusta al grupo de Vox.

Ni siquiera los que tienen cargos institucionales se contienen. Ignacio Gil Lázaro, que es miembro de la Mesa del Congreso, atacó al vicepresidente con varios comentarios en voz alta. “Es una actuación arbitraria. No está (por Sánchez) alterando el orden”, decía Gil, al que no le parece que los insultos a diputadas sean tan censurables como para que puedan alterar el funcionamiento normal de la Cámara.

Gómez de Celis llamó tres veces al orden a Sánchez por no retirar lo de bruja, con lo que a la última le expulsó de la Cámara, como dicta el reglamento. Es cierto que no es habitual que se expulse a un diputado por negarse a rectificar por el uso de una palabra o expresión. La presidencia se suele conformar con decidir por su cuenta que no aparezca en el diario de sesiones. Que en realidad sí aparece, pero con el añadido de que se ha retirado. Al final, Sánchez sí retiró el insulto y la sesión se pudo reanudar.

En el grupo de Vox se enfurecieron bastante por el incidente o aparentaron que lo estaban. Una periodista de La Sexta preguntó en los pasillos a Macarena Olona qué le parecía lo del uso de ‘bruja’ por su compañero de escaño. Olona la ignoró, dio seis pasos más, se lo pensó y se volvió para exigir con malos modos a la reportera que le respondiera qué le parecía que a ella la hubieran llamado “fascista” en una ocasión.

El diputado Sánchez García diría a buen seguro que Olona se puso como una hiena, pero este periodista no puede rebajarse a usar ese lenguaje. Más que nada porque no es juez en excedencia, como Sánchez.

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