El 20 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Infancia porque en ese día de 1959 la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Niño, y, en esa misma fecha de 1989, la Convención de Derechos del Niño, un tratado internacional de obligado cumplimiento para los 196 países firmantes, como España.
Desde Europa Laica exigimos hoy, como cada día, el cumplimiento de esos derechos. En particular, recordamos que el artículo 14.1 de la Convención de 1989 proclama «el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión», y el artículo 19 pide proteger a la infancia «contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental». La Agenda 2030, también suscrita por España, se fija como meta 16.2 poner fin a «todas las formas de violencia» contra los niños.
La legislación española reconoce esos derechos; el artículo 39.4 de la Constitución proclama que «Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos». De modo que en España existen todas las garantías e instrumentos jurídicos para que las personas menores se desarrollen con todos sus derechos.
Sin embargo, vemos cómo en nuestro país los niños y niñas siguen sin tener un reconocimiento efectivo de muchos de esos derechos o sin recibir una protección adecuada:
No se garantiza una educación que respete y promueva la libertad de conciencia y el espíritu crítico. Por el contrario, en nuestro país se permiten, y generalmente se pagan con dinero público, centros educativos con idearios particulares que promocionan doctrinas y valores contrarios a los propugnados en las declaraciones. Y en los centros públicos se ofrece una asignatura de religión de carácter dogmático y machista que se imparte cada día a más de tres millones de menores.
Se permite que padres y tutores impongan una instrucción adoctrinadora. No se respeta así el derecho a la libertad de conciencia, sino que se intenta implantar las creencias de la familia o la comunidad desde el nacimiento. Con ello se vulneran los artículos 3, 8, 9, 18, 21, 37 y 40 de la Convención de 1989, según los cuales siempre debe prevalecer «el interés superior del niño». Recordamos que padres o tutores son responsables de sus hijas e hijos, pero no sus propietarios.
La protección contra los abusos sexuales a la infancia ha sido muy poco efectiva en España, como demuestran los cientos de miles de casos de pederastia eclesiástica. La gran mayoría siguen siendo desconocidos merced al encubrimiento de la Iglesia y a la indiferencia e ineficacia del Estado.
Desde Europa Laica exigimos la implantación de una educación pública laica, que defienda la igualdad de hombres y mujeres, inclusiva, universal y de calidad, y pedimos a madres, padres y tutores que velen para que sus hijos e hijas reciban esa educación.
Con respecto a los abusos sexuales a menores, exigimos medidas de investigación eficaces, la no prescripción de los delitos, y una adecuada reparación de las víctimas a cuenta de la Iglesia, que no puede ser quien la fije a su antojo.
Con el propósito firme de avanzar en esos terrenos, Europa Laica ha desarrollado una propuesta de Ley Orgánica de Libertad de Conciencia que contempla los derechos de la infancia y que, entre otras medidas, exige al Gobierno la denuncia y derogación de los Acuerdos de España con la Santa Sede y con otras confesiones, el fin de las asignaturas de religión en todos los centros de enseñanza, y la supresión de los conciertos educativos.
Por un respeto efectivo a la libertad de conciencia y de todos los derechos de los menores.
