La sociedad multicultural sólo podrá desarrollarse armónicamente si se asienta en el reconocimiento leal y sin restricciones por parte de los elementos que la componen de unas reglas de comportamiento comunes, inspiradas en los principios y valores constitucionales vigentes en el país. Uno de estos principios y valores es el deber de educar a los hijos por parte de los padres que el Estado español garantiza por ley hasta los 16 años y que financia con los impuestos. Otro es el carácter aconfesional de la escuela pública, que no impone ningún ideario religioso, pero que respeta las creencias particulares de los alumnos, cuidando de que ninguna de ellas se convierta en elemento de discriminación o de imposición.
El conflicto planteado por las dificultades de escolarización de una niña marroquí de 13 años, que quiere acudir a la escuela con la cabeza cubierta con el hiyab o pañuelo tradicional en la cultura musulmana, debe y puede tener solución en el respeto de tales principios y valores. De entrada, llama la atención que las autoridades educativas no hayan intentado resolver el conflicto en el centro escolar donde se ha planteado en origen -un centro concertado, dirigido por una orden religiosa católica- y lo haya trasladado a otro enteramente público. La enseñanza concertada, financiada con dinero público y sometida a los mismos deberes y exigencias que la pública, no puede quedar al margen de los problemas de escolarización que pueden plantear las tradiciones y diferencias culturales de los alumnos. La enseñanza concertada debe arrimar el hombro al menos en la proporción en que participa en el sistema educativo: un tercio del total.
La dirección del colegio público en el que a partir de mañana deberá escolarizarse la niña marroquí ha sustentado la teoría, más que discutible, de que el uso del hiyab es discriminatorio y contradice los valores constitucionales que informan la enseñanza pública en España. En la llamada guerra del chador en Francia, hace algo más de una década, el Consejo de Estado declaró ilegal prohibir el uso de esta prenda en la escuela pública y proclamó ‘el derecho de los alumnos a expresar y manifestar sus creencias religiosas en el interior de los establecimientos escolares, en el respeto del pluralismo y de la libertad del otro y sin que ello afecte a las actividades escolares y al contenido de los programas’. Es decir, sí al velo como expresión individual y respetable de una creencia o costumbre, pero no a su exhibición con intención proselitista, como puede ser el caso cuando su exhibición forma parte de campañas de militancia fundamentalista.
Es un buen punto de partida para resolver el conflicto que ahora parece surgir en España. La escuela pública debe preservar su espacio de cualquier intento de convertirlo en lugar de proselitismo religioso, pero debe respetar también las creencias individuales de las personas. Está totalmente fuera de lugar, como ha hecho el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, comparar el uso del hiyab con la ablación del clítoris, una práctica delictiva castigada en el Código Penal. Tampoco acierta la ministra de Educación, Pilar del Castillo, al sugerir la posibilidad de una norma general que podría vulnerar fácilmente el derecho a la libertad religiosa y que causaría más conflictos de los que pretendería evitar. Tiene razón la ministra, en cambio, al señalar que ‘una vez que se pone el pie en un colegio hay que atenerse a unas reglas de comportamiento, que son simplemente derechos civiles para todos, con independencia de sus creencias y de la enseñanza religiosa que pueda recibir’. Pero de ahí no se deduce que una niña marroquí no pueda ir a la escuela cubierta con el hiyab. Y así lo ha entendido la autoridad educativa de la Comunidad de Madrid que ha obligado a escolarizar a la niña sin condiciones. El uso del hiyab no atenta contra las normas democráticas que deben ser respetadas por todos. Lo dañino y contrario a la cultura democrática es desescolarizar a las niñas al llegar a la enseñanza secundaria, como sucede a veces en algunos colectivos de inmigrantes.
