La Santa Sede ampliará en 10 años el plazo de prescripción del delito y sancionará a los sacerdotes que descarguen material pornográfico
Como anunció en abril el promotor de justicia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Charles J. Scicluna, el Vaticano va a modificar las leyes canónicas que afectan a los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Los cambios fundamentales, que serán anunciados la semana que viene, según fuentes vaticanas, contemplan aumentar en 10 años el tiempo límite que tienen las víctimas para denunciar los delitos, permitir la reducción al estado clerical de sacerdotes cuando haya pruebas claras y graves contra ellos, e imponer nuevas sanciones contra los clérigos que posean material pornográfico infantil. Las revisiones, dijeron fuentes vaticanas citadas por Reuters, harán efectivas como normas universales para todos los procedimientos canónicos las "recomendaciones especiales", que desde 2003 se aplicaban en circunstancias excepcionales o solo en determinadas diócesis.
El plazo de la prescripción para los abusos se elevará hasta los 20 años después de que la víctima cumpla 18 años, diez más que en la actualidad. Eso permitirá a las víctimas denunciar sus casos hasta que cumplan los 38 años, lo que se interpreta como una apertura para quienes no encuentran el coraje o el apoyo legal para denunciar las agresiones hasta que son adultos. Algunas fuentes especulan incluso con que el Vaticano abolirá el plazo de prescripción.
La revisión consentirá además a los obispos locales expulsar del clero por decreto y sin proceso canónico a aquellos sacerdotes que sean acusados con pruebas "claras y graves". La medida, llamada a evitar procesos largos, costosos y excesivamente garantistas con los acusados, fue aplicada ya por las diócesis estadounidenses durante la crisis de abusos vivida en el país hace 10 años.
Otra novedad será la sanción disciplinaria a los curas cazados en posesión de material pornográfico, ya sea impreso o en sus ordenadores, aunque no hayan cometido abusos, aseguraron las fuentes. Precisamente ayer, las autoridades judiciales belgas confirmaron que han encontrado en el computador requisado al cardenal Godgried Danneels, ex primado de Bélgica, una foto de una niña desnuda.
Los cambios legislativos impulsados por Benedicto XVI parecen una integración de dos polémicos documentos vaticanos: uno de carácter interno y no oficial, la guía dada a conocer recientemente y que según la Santa Sede fue redactada en 2003; y el Motu Proprio (documento papal) emitido por Juan Pablo II en 2001, titulado De delictis gravioribus (Sobre los delitos más graves) y elaborado por la Congregación para la Doctrina de la Fe que Ratzinger dirigió durante 25 años, antes de ser elegido Papa en 2005.
La gran incógnita es saber si la nueva legislación obligará o no a las diócesis a denunciar forzosamente a los curas acusados a la justicia civil. Hasta ahora, el Vaticano se ha mostrado ambiguo sobre esa posibilidad. En De delictis gravioribus no había referencias a la colaboración con la justicia ordinaria. La guía de 2003 afirmaba que la denuncia era una práctica "recomendada". Scicluna explicó que la práctica dependía de la legislación de cada país. Tras los registros en el episcopado belga, el Papa subrayó que la justicia canónica y la civil deben actuar siempre pero respetando mutuamente su "autonomía".
