El Ayuntamiento del Valle de Egüés aprobó ayer en pleno una moción en apoyo de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro y acordó adherirse a su manifiesto por la recuperación de los bienes inmatriculado por la Iglesia Católica. Un “expolio monumental”, según cita el texto, con un total de 1.087 bienes inmatriculados en Navarra entre 1998 y 2007.
El respaldo institucional llegó acompañado de medidas concretas.
El Consistorio se comprometió a recabar del Registro de la Propiedad las notas simples de los bienes inmatriculados por la Iglesia;a proceder a la inmatriculación a nombre del Ayuntamiento de los bienes sobre los que exista riesgo de inmatriculación por terceros;a condicionar toda ayuda municipal o ciudadana (auzolanes, derramas, etc…) para el mantenimiento y conservación de bienes inmatriculados, a la devolución del patrimonio;y a incoar el correspondiente expediente de ruina de los edificios inmatriculados que la Iglesia se niega a mantener en condiciones.
La moción generó un debate con enjundia en el que UPN defendió en soledad sus argumentos.
Álvaro Carasa (I-E) quiso subrayar “la importancia que tiene que desde las instituciones se lleven a cabo pasos como los que supone esta moción”, y se refirió a vestigios de la época franquista “que siguen teniendo relevancia a día de hoy”. Mikel Bezunartea (PSN) coincidió en que “tanto las entidades locales como el Gobierno tienen que dar los pasos necesarios para recuperar esos bienes inscritos de manera cuanto menos dudosa”, e Iván Méndez (Somos Eguesibar) aludió al “pasito más” que se da con este “proceso de deconstrucción de modelos de privilegio”. “Es una pena que una entidad privada haya arrebatado tantos derechos y bienes de toda la sociedad”, aseguró.
Hasta ahí la unanimidad de criterios.
En una intervención extensa (cinco folios de word), Carlos Idoate (UPN) explicó que el texto carecía de un respaldo jurídico serio, que nadie puede recuperar lo que nunca ha sido suyo – los ayuntamientos no han sido dueños de iglesias o ermitas- con los consiguientes riesgos de prevaricación o malversación de caudales públicos, que se trata de “una maniobra inconstitucional destinada a fracasar” o de “un mero intento de justificar una nueva desamortización”. Así que solicitó informes al secretario sobre el valor jurídico y validez de la propuesta y aclaró que “he puesto encima de la mesa la defensa de los intereses del Ayuntamiento. Ellos (la Iglesia) defenderán lo que tengan que defender”.
La intervención de Idoate provocó la reacción de EH Bildu y Geroa Bai, hasta ese momento callados.
Amaia Etxarte (EH Bildu) recordó que los concejos históricamente se han hecho cargo del mantenimiento de los templos, “pero luego se lo apuntaban a nombre de la Iglesia, haciéndolo de tapadillo, sin que se entere nadie y con la colaboración de los párrocos de los concejos”. Y puso el ejemplo de un “concejo de este valle que llevaba un siglo haciéndose cargo de los gastos de un local”. Cuando lo quisieron reformar se dieron cuenta de que el Arzobispo de Pamplona lo había puesto a su nombre, así que “han tenido que recomprarlo”. El alcalde del Valle Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) aclaró al finalizar el pleno que se trata de un edificio que cedió un particular a Egüés, y que el precio que pagó el Concejo por recomprarlo asciende a 60.000 euros.
Y Joseba Orduña (Geroa Bai), aseguró que ya han sido “tres curas los que han venido a este Ayuntamiento a pedir ayuda para reformar sus templos que han inmatriculado”, recordó también que todo el mantenimiento “se ha dado por la sociedad civil”, y que, al margen de templos religiosos, se han inmatriculado otros bienes “para hacer negocio”.
