Los demandantes, satisfechos por el auto judicial al agilizarse su resolución
El alto tribunal andaluz admite el recurso de un grupo de padres contra los decretos autonómicos que desarrollan la nueva asignatura La admisión a trámite por este procedimiento especial supondrá un proceso preferente y urgente, que resolvería esta cuestión en semanas Todos los partidos salvo los populares apoyan su implantación en Andalucía El Parlamento autonómico aprobó el jueves una proposición no de ley para ampliar y especificar los contenidos de la materia.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite el recurso presentado por varios padres sevillanos contra los decretos autonómicos que desarrollan la asignatura de Educación para la Ciudadanía al entender que hay indicios de que su obligatoriedad podría vulnerar derechos como la libertad de enseñanza e ideológica. Los padres han mostrado ya su satisfacción porque, al tramitarse por procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales, la resolución «será más rápida». La admisión a trámite por este procedimiento especial supondrá un proceso preferente y urgente, que podría resolver en cuestión de semanas la implantación de la asignatura en la comunidad autónoma andaluza. En un auto, la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal andaluz considera que hay indicios suficientes de que la aplicación de la asignatura como obligatoria podría vulnerar, «aparentemente», una serie de derechos constitucionales, como el de la libertad ideológica, la libertad de enseñanza o el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos.
La decisión del tribunal se produce pese a la negativa, en la vista previa, de la Fiscalía y el abogado del Estado, quienes según el juez se negaron a su admisión «por consideraciones que afectan propiamente al fondo del recurso» y no se «oponen» a la de los demandantes, y que serán examinadas en su momento.
En la vista celebrada el jueves sobre la admisión del recurso, tanto la Fiscalía como el letrado de la Junta de Andalucía se opusieron a la tramitación por la vía de protección de derechos fundamentales y solicitaron que se tramitara por la vía contencioso-administrativa al entender que no existe dicha vulneración, mientras que el abogado del Estado consideró que el recurso de los padres no afecta a una normativa regional sino estatal, «cuyo examen no corresponde apreciar al TSJA».
No obstante, el auto insiste en que esa admisión a trámite «no supone un juicio anticipado sobre su efectiva vulneración», y fundamenta su decisión en la jurisprudencia «según la cual ha de huirse de interpretaciones restrictivas o rigoristas que impidan el acceso al procedimiento que nos ocupa». Así, señala que los recurrentes especifican los derechos fundamentales que se consideran vulnerados, como la libertad de enseñanza y derecho a los padres a elegir el tipo de enseñanza que desean para sus hijos, o la libertad ideológica y religiosa, e identifican el acto que consideran causante de la infracción de aquél derecho.
De este modo, valora que los decretos autonómicos impugnados, «en cuanto incorporan la normativa estatal sobre el contenido de la asignatura, impone la denominada ideología de género» y «vulnera los derechos fundamentales antes indicados».
La admisión a trámite no invalida el auto emitido la pasada semana por el TSJA en el que descartaba la toma medidas cautelares como la suspensión de la aplicación de los decretos autonómicos, como pedían los padres en su recurso, mientras se resuelve el fondo del asunto. Entendía el magistrado que de la entrada en vigor de los decretos autonómicos -que desarrollan toda la enseñanza secundaria y primera en Andalucía- no se deduce la obligación de la asignatura, que viene fijada en la Ley Orgánica de Educación (LOE).
El recurso ha sido presentado por cinco padres sevillanos, entre los que se encuentran los abogados Carlos y Manuel Seco Gordillo, ex diputado nacional del PP. Carlos Seco manifestó su alegría porque se «haya considerado que el recurso interpuesto se tramite por el procedimiento especial, en contra de la opinión del Estado, la Consejería y la Fiscalía». Todos los partidos con representación en el Parlamento andaluz, excepto el PP, han apoyado en el Parlamento andaluz la implantación de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) en el curso escolar 2007/2008 en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), a la vez que han rechazado que con esta asignatura se busque «adoctrinar» al alumnado de la Comunidad andaluza.
La Cámara autonómica aprobó el jueves la proposición no de ley del PSOE en la que se respalda que en el currículo de Andalucía de EpC «se incluya específicamente, además de los principios y deberes establecidos en la Constitución Española y en los Tratados y Declaraciones Universales de los Derechos Humanos, la formación del alumnado en el funcionamiento de las instituciones de la comunidad y en el conocimiento del Estatuto de Autonomía de Andalucía».
De este modo, el Parlamento aprobó instar a la Junta a reconocer a los centros docentes, «de acuerdo con la autonomía pedagógica, de organización y de gestión que les confiere la legislación vigente», la capacidad de «adaptar y concretar los contenidos de la materia de EpC al proyecto educativo y, en su caso, al carácter propio de los mismos».
Además, PSOE-A, IUCA y PA aprobaron solicitar al Ejecutivo andaluz la elaboración de materiales de apoyo para todos los centros docentes de Andalucía que contribuyan «a un mayor conocimiento de nuestras instituciones y de nuestro Estatuto de Autonomía». Carlos Seco Gordillo, uno de los padres que interpuso el recurso contencioso-administrativos en el TSJA por la supuesta vulneración de derechos fundamentales, mostró ayer su «satisfacción» por la admisión a trámite del recurso por el procedimiento especial para estos casos, lo que, según explicó, supondrá que la resolución judicial final llegará «más rápidamente».
El letrado y portavoz de los padres se alegró de que el alto tribunal «haya considerado que el recurso interpuesto se tramite por el procedimiento especial, en contra de la opinión del Estado, la Consejería y la Fiscalía».
Por su parte, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), anunció ayer que estudia la creación de una red gratuita de abogados y procuradores para que atiendan «sin coste alguno las actuaciones judiciales» que quieran presentar familias que han objetado contra la asignatura.
