El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) admitió a trámite el recurso presentado por algunos padres contra la aplicación de los decretos autonómicos que desarrollan la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) en la Comunidad, conforme al procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales.
La sala tercera de lo contencioso administrativo de Sevilla del alto tribunal andaluz rechaza así los alegatos presentados el jueves por el Estado, la Junta de Andalucía y la Fiscalía, que sostenían que no existe tal vulneración, por lo que pedían que se tramitara por el contencioso-administrativo ordinario y no como una vulneración de derechos.
El auto del TSJA señala sin hacer "un juicio anticipado sobre la efectiva vulneración de derechos fundamentales invocados", que "existe apariencia de tal vulneración en medida suficiente para la admisión a trámite del recurso interpuesto a través del indicado procedimiento especial", una conclusión "que resulta avalada por la jurisprudencia (…) según la cual ha de huirse de interpretaciones restrictivas o rigoristas que impidan el acceso al procedimiento que nos ocupa".
De esta forma, indica que en el recurso objeto de la vista "se hace mención expresa de los derechos fundamentales que se consideran vulnerado" y que son "la libertad de enseñanza y derecho a los padres a elegir el tipo de enseñanza que desean para sus hijos, la libertad ideológica y religiosa" y se concreta que los decretos impugnados, "en cuanto incorporan la normativa estatal sobre el contenido de la asignatura, impone la denominada ideología de género" y "vulnera los derechos fundamentales antes indicados".
Así, destaca que ante esta conclusión expuesta por los padres en su recurso "no se oponen las razones aducidas por las demás partes", ya que indica que -tanto Estado, como la Junta y el Ministerio Fiscal- "alegan consideraciones que afectan propiamente al fondo del recurso, las cuales serán debidamente examinadas en su momento".
De esta forma, el TSJA será el órgano que resolverá finalmente el recurso, aunque las partes aún disponen de cinco días para recurrir el auto, pese a que el jueves el fiscal solicitó que se tramitará por la vía contenciosa-administrativa ordinaria, al considera que no existe vulneración de derechos fundamentales, una cuestión que deberá decidir el alto tribunal andaluz.
Por su parte, el abogado del Estado alegó que el escrito de los padres "se basa en normativa estatal y en consideraciones de legalidad ordinaria cuyo examen no corresponde apreciar al TSJA y no puede ser materia de este procedimiento". Por último, el letrado de la Junta de Andalucía expuso también resaltó que el mismo "no cumple los requisitos legalmente establecidos para los decretos impugnados" y que en estos "no permite apreciar la vulneración de los derechos fundamentales invocados".
No suspendió la ejecución
Pese a que el TSJA ha considerado que puede existir vulneración de derechos fundamentales en la implantación de la asignatura, la semana pasada descartó la necesidad de suspender la aplicación de los decretos autonómicos, como demandaban como medida preventiva los padres, y considerando así la solicitud del Ministerio Público.
De esta forma el alto tribunal andaluz desestimó la necesidad de suspender la aplicación de los decretos, entre otros motivos, porque el recurrente no argumentó en su recurso "nada a este respecto, por lo que no cabría tampoco suspender esta disposición en su integridad", según el auto, al que tuvo acceso Europa Press.
Además, el TSJA señaló que "la entrada en vigor de los decretos impugnados no produce la obligatoriedad de la asignatura -como sostenía el recurrente-, pues ello ya se hallaba establecido en la Ley Orgánica de Educación (LOE)".
Igualmente, remarcó la resolución que "de las normas recurridas no se deriva la implantación de una asignatura que imponga la formación moral denominada 'ideología de género'", como argumentaba el recurrente.
