El TSJ preguntó al juez Pedreira por el contrato de RTVV con Teconsa en la visita del Papa

El juez quiso saber quiénes eran los imputados del PP por asociación ilícita pero no hubo respuesta ya que las actuaciones judiciales siguen secretas

El juez instructor de la querella socialista contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tenía especial interés en conocer si el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid está investigando al ex director de RTVV, Pedro García, por la adjudicación a Teconsa del contrato de sonorización de la visita del Papa para la celebración en Valencia en 2006 del V Encuentro Mundial de las Familias.
Esta es una de las preguntas que el juez Pedreira, que instruye el caso Gürtel desde la primavera pasada, se negó a responder al Alto Tribunal valenciano. Al igual que los «contretos imputados» del PP por un delito de asociación ilícita. La razón alegada es que las actuaciones siguen secretas y no las puede conocer nadie, ni siquiera las partes investigadas.
No obstante, algo deben sospechar -o temer- desde el PP valenciano cuando Pedro García deja su cargo en plenas vacaciones de verano, el pasado 29 de agosto. Justo una semana antes, el día 21, RTVV recibió una notificación del TSJ madrileño pidiéndole el contrato con Teconsa que constaba en el informe remitido por la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre el «sistema de facturación y financiación de los actos del PP en la Comunitat Valenciana».
No olvidemos que el nombre de Pedro García ya figuraba en el auto de Garzón de 5 de marzo por el que se inhibía a favor de los TSJ de Madrid y Valencia por el caso Gürtel. El TSJ valenciano obvió su nombre al ceñir su investigación sólo al delito de cohecho por el asunto de los trajes, con la justificación de que Pedro García no es un cargo aforado. Archivó el pasado 2 de agosto.

Evitar repetir las indagaciones
El 11 de septiembre, RTVV remite a Madrid la documentación sobre la visita del PP, tal como desveló el actual director José López Jaraba, en la sesión de control de las Corts Valencianes del 17 de noviembre. No dijo más porque el tema está «subjudice».
Cuatro días después, cuatro diputados socialistas presentan una querella contra Camps y otros 17 altos cargos del PP y empresarios. El 25 de noviembre, el instructor de esta denuncia, José Ceres, remite un exhorto judicial al TSJ de Madrid. Su interés es conocer si el juez madrileño está investigando algunos de los hechos denunciados o mencionados en el informe policial para evitar «investigaciones simultáneas».
Por ello, la Sala inquiere al juez Pedreira si alguno de los hechos investigados «se refiere a la existencia de un delito de asociación ilícita y sus concretos imputados. Y justifica esta pregunta en que en el informe policial se hace expresa referencia a que «se trata de investigar la existencia de una organización delictiva asentada dentro de las Administraciones Públicas para la obtención de favores a la misma y que se trata de hechos interconectados».
Además, el juez valenciano le preguntó al de Madrid si sus diligencias en el caso Gürtel tienen relación o se refieren «a la supuesta financiación ilegal del PP». En ese caso, solicitaba que especificara «el concreto proceso o procesos electorales a que pueda referirse y los territorios o Comunidades Autónomas afectados».
También pregunta por las empresas que están investigando en Madrid, si se trata de Orange Market y Easy Concept, «especificando cuáles». Y añade que le señale «si aparecen los delitos supuestamente cometidos a través de las sociedades participadas por Francisco Correa». Las empresas que cita expresamente el juez valenciano son: Down Town Consulting, Orange Factory, Good & Better, Pasadena Viajes, Servimadrid, Diseño Asimétrico, Technology Consulting Management y Forever Travel Group.
Por último, pregunta si «se han dictado resoluciones judiciales en relación con los hechos y las personas» denunciadas por los socialistas valencianos. Todo ello, en vistas a delimitar el objeto y los sujetos de la querella, ya que si alguno de los denunciados o los delitos estuvieran siendo investigando en Madrid, el juez valenciano debería abstenerse para no dar lugar a «interferencias procedimentales, dada la posible interrelación entre los mismos». Ello significaría que la querella, de nuevo, quedaría reducida a los cargos aforados, principalmente, de los que sólo es competente el TSJ valenciano.
Como ya publicamos hace una semana, el juez de Madrid denegó cualquier tipo de información al estar declaradas secretas para todas las partes.

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