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El tribunal supremo y el derecho a apostatar

El pasado 19 de septiembre el Tribunal Supremo dictó una sentencia a favor del arzobispado de Valencia en su negativa a modificar las anotaciones en los libros de bautismo para aquellos ciudadanos que han solicitado la apostasía.

Porque ya es hora de que se diga claramente que son muchos los ciudadanos en este país que no desean seguir afiliados a la religión católica, ni aparecer en los libros bautismales en los que, por cierto, fueron incluidos sin su consentimiento. ¿Los motivos?…múltiples y variados; en general, la negativa a formar parte de una organización basada en el autoritarismo, la extirpación de la libertad y la negación de cualquier atisbo de racionalidad y de espíritu democrático. Gran mazazo para los apóstatas, para los laicistas y, en general, para todos los que defendemos que la libertad de conciencia no sea sólo una teoría sino también una realidad.

Como siempre, tratar estos temas es como sumergirse en un mundo incomprensible de ciencia-ficción o de infantilismo supino en el que demostrar que “dos más dos son cuatro” se convierte casi en un imposible; porque el argumento famoso de la “fe” inhabilita cualquier premisa y cualquier razonamiento lúcido por muy contundente y demostrable que sea.

En España existe una mayoría de ciudadanos que se dicen católicos, no porque lo sean realmente, sino porque (por tradición, por costumbre, y, hasta hace no muchos años, por miedo e imposición), pocas semanas después  de nacer, los padres hacen pasar a sus hijos por el ritual del bautismo; hecho muy comprensible porque, por un lado, es algo que se contempla por
algunos como “política y socialmente” correcto y, por otro, porque, si se han pasado siglos contándonos que de no ser bautizados, los niños estarán “en pecado”, y de morir, irán al infierno…, pues sobran las palabras; la racionalidad suele quedar en segundo plano ante cualquier amenaza o peligro –real o imaginario-.

Pero ya no estamos en el Paleolítico superior, sino en el siglo XXI; estamos viviendo en democracia y supuestamente los tiempos de oscurantismo y supersticiones religiosas quedaron atrás; la cultura y la información están al alcance de todos, se proclamaron hace muchos años los derechos humanos fundamentales y la libertad de conciencia es uno de esos derechos contemplados en todas las Constituciones democráticas de Occidente, al menos en teoría. Y resulta casi un absurdo tener que seguir insistiendo en que los ciudadanos tenemos derecho a creer o militar libremente donde nos venga en gana, si es de manera voluntaria y si no se vulneran derechos ajenos. Y es una vulneración a nuestra libertad personal el que nuestros datos figuren en ficheros o archivos en los que nunca pedimos ser incluidos.

Que se sepa que solamente un 20% de la población en España se declara católica practicante. Que se sepa que son miles los ciudadanos que hacen petición formal a la Iglesia católica para dejar de formar parte de sus filas. Que se sepa que la Iglesia Católica se niega a ello vulnerando los derechos ciudadanos. Que se sepa que la citada sentencia del Supremo contradice la libertad de conciencia que la Constitución Española contempla como uno de los derechos fundamentales de los españoles. Y que se sepa que el recién nombrado presidente del Consejo Superior del Poder
Judicial es un ultra-católico al servicio de la jerarquía eclesiástica ¿tendrá esto algo que ver con la sentencia en cuestión?.

Lo que me resulta del todo incomprensible es que, a estas alturas, siga habiendo padres que condenen a sus hijos a militar desde su nacimiento en una organización determinada. Y, al igual que es un absurdo afiliar a un bebé a un partido político de por vida sin su consentimiento, es una obcecación aberrante y un insulto a la inteligencia humana hacer lo mismo ante cualquier organización religiosa, por muy tradición social o familiar que sea. Cosas de la incultura nacional-católica en este “bendito”país.

Coral Bravo es doctora en filología y miembro de Europa Laica

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