El pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo sentenció por amplia mayoría
Se acabaron las polémicas. El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el derecho a ejercer la objeción de conciencia frente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
La decisión se ha adoptado con 22 votos a favor y siete en contra, lo que representa una mayoría más que holgada. En sus conclusiones, el Tribunal estima que el contenido de la asignatura no lesiona los derechos de los padres. Además, ayer el TSJ del País Vasco resolvió que EpC "no vulnera derechos fundamentales".
En los casos analizados "no existe" el derecho de objeción de conciencia y los dos decretos estudiados, ambos referidos a la Educación Secundaria, "no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", según el fallo.
El Tribunal considera que la asignatura no lesiona los derechos de los padres
El pleno ha examinado cuatro recursos de casación, tres referentes a sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y una del de Andalucía.
Las tres primeras denegaban el derecho de objeción a otras tantas familias y la cuarta se lo reconocía a unos padres. La sala ha estado deliberando sobre esta cuestión durante unas 20 horas distribuidas en tres jornadas desde el lunes pasado.
Doctrina unificada
La Fiscalía, la Junta de Andalucía y la abogacía del Estado recurrieron una sentencia del TSJ de esa comunidad que reconoció el derecho de objeción de unos padres en marzo de 2008.
Varias familias de Asturias también presentaron recurso en el Supremo contra tres fallos del TSJ de esa autonomía que desestimaron en febrero pasado que exista tal derecho en los casos respectivos.
En términos generales, las familias argumentaban que las enseñanzas de la asignatura violentan los derechos constitucionales a educar a los hijos según las convicciones morales y religiosas propias y a la libertad ideológica.
Las familias argumentaban que las enseñanzas de la asignatura violentan los derechos constitucionales
La decisión del Supremo unifica la doctrina jurídica sobre un asunto que ha generado centenares de recursos de padres que apelan al derecho de objeción frente a una materia educativa obligatoria en algunos cursos de Primaria y Secundaria.
Las resoluciones ya dictadas por los tribunales autonómicos han sido dispares, aunque las organizaciones defensoras de la objeción aseguran que la gran mayoría de ellas les dan la razón a los padres.
Las familias argumentan que han tenido que recurrir a la vía judicial cuando las consejerías no les admiten el derecho de objeción porque las enseñanzas de EpC suponen "adoctrinamiento" ideológico y la "imposición de una moral" por el Estado.
Batalla política
EpC no sólo ha desencadenado una controversia social, sino también política entre el Partido Popular y las CCAA que gobierna, contrarias a esta asignatura, y el Ejecutivo central, que la defiende como formación necesaria en valores democráticos, obligatoria y sin alternativa.
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, ha asegurado que el TS ha puesto fin "a los intentos de hacer de esta asignatura y de los centros educativo un campo de batalla política ".
Por su parte, el Partido Popular, a través del presidente del partido en Álava, ha asegurado que respaldará las iniciativas que quieran adoptar los padres que objetan contra Educación para la Ciudadanía y ha garantizado
que cuando vuelva a gobernar suprimirá esta asignatura, que es un "intento de meter doctrina política y partidista en las aulas".
Además, los objetores no cesarán en su empeño . El presidente de la Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos (Concapa), Luis Carbonell, ha explicado que recurrirá la sentencia del Tribunal Supremo. "La lucha continúa y está en juego un derecho muy importante para las familias", ha señalado el responsable de Concapa, quien ha anunciado que acudirán al Tribunal Constitucional (TC).
En caso de obtener otra negativa en la próxima instancia, Carbonell asegura que elevarán su postura ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
