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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asiste, en la Sinagoga Beth Yaacoval, en Madrid, el 10 de octubre de 2023, al acto celebrado en memoria de las víctimas de los ataques de Hamás en Israel. — Diego Radamés / Europa Press

El Tribunal de Cuentas tramita una denuncia contra Ayuso por malversación al subvencionar a la Comunidad Judía

La Comunidad de Madrid cede 13 viviendas sociales en alquiler a la entidad religiosa que representa a los judíos en Madrid y uno de los motivos que esgrime es “el conflicto en Oriente Próximo”.

El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias este jueves a raíz de la denuncia presentada por la Asociación Preeminencia del Derecho contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid por presunta malversación de fondos públicos ante dos medidas concretas con las que la presidenta Ayuso ha querido demostrar su apoyo a Israel en la guerra que mantiene contra Palestina, según la denuncia, a la que ha podido acceder Público.

Por un lado, la subvención de 55.596 euros a la Comunidad Judía de Madrid, registrada como entidad religiosa en el Ministerio de Justiciay por otro, el convenio suscrito con la misma entidad para cederle 13 pisos de la Agencia de Vivienda Social en alquiler, tras los ataques de Hamás a Israel el pasado 7 de octubre. 

El convenio con la Comunidad Judía de Madrid, firmado el pasado 1 de diciembre y publicado el 4 de enero en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, recoge que 13 de las viviendas sociales madrileñas van a parar en régimen de arrendamiento a la entidad religiosa para que ella las gestione entre sus miembros. 

El convenio, cuya duración son cuatro años, indica que entre los fines de la entidad está el de “unir esfuerzos personales y materiales para la realización de actividades de carácter asistencial en beneficio de todos los judíos que lo requieran”. 

Los beneficarios

Según el citado convenio, la entidad judía “ha constatado
un aumento de las solicitudes de acceso a vivienda” del colectivo, especialmente “en grupos en mayor situación de vulnerabilidad tales como personas sin compañía ni familiares, mayores de 60 años, sin recursos económicos o con recursos insuficientes (…); familias con hijos menores de edad, de nacionalidad española que retornan a
España desde países como Venezuela y otros países de Latinoamérica en situación de grave crisis; o familias de refugiados ucranianos“.

El escenario bélico que ha provocado el Gobierno de Israel en la Franja de Gaza también está presente entre los motivos aludidos por la Comunidad de Madrid para firmar este convenio, pero con una interpetación muy particular, aludiendo a “las consecuencias imprevisibles del conflicto que a fecha actual se está produciendo en Oriente Próximo y que afecta de manera tan directa a la Comunidad Judía”. 

La asociación jurídica Preeminencia del Derecho destaca en su denuncia que “si los hechos determinantes de la ayuda a la Comunidad Judía son los bombardeos de Gaza, los necesitados son las personas de la comunidad musulmana de Palestina”. 

Más de 20 años sin convenio de vivienda

Desde 2001 no se firmaba un convenio semejante con la Comunidad de Judía de Madrid. En aquel año el gobierno regional suscribió un convenio con la entidad, que entonces se denominaba Comunidad Israelita de Madrid. El Instituto de Vivienda de Madrid le cedió 10 viviendas en arrendamiento y tres de ellas con opción a compra. 

Respecto a la subvención denunciada, de 55.596 euros, consta entre los acuerdos de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de 19 de julio de 2023, la concesión directa de dicha subvención para la realización de actividades educativas en el marco de las
ayudas a las confesiones religiosas durante el ejercicio 2023. Por lo que esta subvención, que también recibió, por ejemplo, el Consejo Evangélico de Madrid, fue anterior al comienzo de la guerra de Israel contra Palestina; aunque algunos medios la situaban en la actualidad más inmediata al ataque de Hamás. 

La asociación denunciante, presidida por el abogado José Luis Mazón, pide que se investigue si la concesión de estas ayudas puede suponer una malversación de fondos públicos tanto en cuanto los destinatarios no serían personas con necesidades, sino que se trataría de una decisión política sin justificación; y, en cambio, se ha dejado de dar la ayuda a la comunidad palestina.

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