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El TJSA autoriza a un alumno a no cursar Educación para la Ciudadanía como medida cautelar

Según la asociación La Rosa Blanca, la decisión «refuerza las libertades democráticas frente a la imposición de un pensamiento único»

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha concedido como medida cautelar la suspensión de la obligación de cursar Educación para la Ciudadanía a un alumno granadino, según ha informado la asociación 'La Rosa Blanca', que integra la plataforma contra esta asignatura.

Esta decisión se produce en respuesta al recurso por presunta vulneración de derechos fundamentales presentado por la familia del alumno en cuestión después de que la Consejería de Educación le comunicara el pasado 12 de mayo la denegación de la objeción de conciencia a la asignatura, informa la 'Rosa Blanca' en un comunicado.

Los padres entendían que «en ningún caso» habían realizado una solicitud a la Consejería para objetar contra la asignatura, sino una «comunicación del ejercicio de un derecho constitucional» porque, a su juicio, la administración autonómica «no puede regular, medir o cuantificar la conciencia» de unos progenitores.

Por vía urgente

Por ello, presentaron por vía urgente ante el TSJA un recurso por presunta vulneración de derechos fundamentales en el que pedían la suspensión cautelar e inmediata de la resolución de la Consejería.

Según la asociación 'La Rosa Blanca', en respuesta a esta petición, la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA emitió el pasado 27 de junio un auto en el que indica que, «estando en juego el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que prefieran», se debe acceder a la aprobación de la medida cautelar solicitada para asegurar «el principio de efectividad de la resolución judicial».

De lo contrario, argumenta el TSJA, según la Rosa Blanca, se resolvería el recurso después de que la administración hubiese impuesto a los hijos de los recurrentes una formación determinada.

Se trata del primer caso registrado en la provincia de Granada y «uno más de los ya numerosos que se han dado en Andalucía», según la Rosa Blanca, que se ha congratulado de la decisión judicial al considerar que viene a «reforzar las libertades democráticas frente a la imposición de un pensamiento único desde el poder por la vía del decreto-ley».

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