Chirría la laicidad en una España donde los obispos cobran de Hacienda
Una cosa es predicar, otra dar trigo. Francisco se enfrenta en España al desafío de demostrar si sus muy jaleadas formas de ejercer el pontificado se traducen en obras concretas. El primer reto es retirar a Rouco del arzobispado de Madrid. El cardenal es también presidente de la Conferencia Episcopal y cumple este mes 77 años, dos arriba sobre la edad obligada para su jubilación. En la misma situación se encuentra el otro cardenal en activo en España, el arzobispo de Barcelona, Martínez Sistach, de 76 años. Este Papa quiere aplicar lo decidido en el Vaticano II sobre el retiro de sus jerarcas. Él mismo lamentó que no se le aceptase la renuncia cuando la presentó al cumplir los 75 (en diciembre tendrá 77). Convencido de que llegaría su retiro en meses, envió algunos de sus enseres a la residencia que había escogido en Buenos Aires. Benedicto XVI dio largas. Hoy es su sustituto. Los papas anteriores exigían la jubilación a los prelados que les eran antipáticos, mientras sus afines prolongaban mandato varios años. Si Francisco aplica lo que predica, el relevo de Rouco simbolizará un camino. Hay gran curiosidad.
Reemplazar a Rouco no es tarea fácil. Se hacen quinielas —con el cardenal Cañizares entre los aspirantes, lo que señalaría continuismo—, y los optimistas auguran sorpresas. Rouco lleva tres mandatos liderando el episcopado, solo igualado por el cardenal Tarancón. Su huella es profunda para bien o para mal según quien juzgue. Es, quizás, el cardenal contemporáneo más político, y el más influyente, junto a Ciriaco Sancha, primado de Toledo y Patriarca de las Indias a finales del siglo XIX, y el citado Tarancón. Pero con Rouco y el tropel de sus afines culmina un mandato fracasado. Él mismo lo reconoce cuando dice, apocalíptico, que España es un país de misión y una nación martirial, vencida por relativismos y anticlericalismos furibundos. Ayer mismo lo recordaba en una pastoral el obispo de Girona, Pardo i Artigas: “¿Qué hemos hecho mal para que muchos jóvenes hayan arrinconado la fe cristiana? Podemos decir como los apóstoles: Nos hemos esforzado toda la noche y no hemos pescado nada”.
Es un lamento que confirman las encuestas, la última a cargo del CIS. Pese a que el 72% de los españoles dice ser católico, solo una minoría practica esa confesión (apenas el 20%), y aún muchos menos cumplen con los preceptos que imponen sus pastores, como acudir a misa los domingos (el 64% no lo hace nunca). Pese a todo, el Estado español se comporta como si fuera nacionalcatólico. Acaba de ocurrir con motivo del llamado Funeral de Estado por las víctimas del accidente ferroviario en Galicia, un acto confesional católico pese a que entre los fallecidos había fieles de otras religiones, agnósticos y ateos. La Federación de Iglesias Evangélicas de España (FEREDE) ha expresado “pesar e indignación”. Recuerda que un homenaje funerario de ese tipo, “si es oficial, debería ser aconfesional, lo cual no va reñido a que se puedan oficiar otros actos civiles o religiosos propios de las creencias de los fallecidos, sin carácter oficial”. Añade: “La celebración de un funeral oficial confesional vulnera la neutralidad religiosa que consagra nuestra Constitución, así como el principio de laicidad del Estado que, sin ir más lejos, el propio papa Francisco acaba de defender en su visita a Brasil. Lamentamos que unas circunstancias dolorosas sirvan para hacer visible una vez más la confesionalidad encubierta de las instituciones del Estado, tantas veces denunciada, tantas veces ignorada, tantas veces negada”.
Chirría, efectivamente, la alabanza papal de la laicidad (separación Estado-Iglesia) en una España donde obispos y sacerdotes reciben su salario de Hacienda cada mes sin que el católico ponga un euro más de su bolsillo (247 millones este año), y donde el Estado tiene en nómina a los profesores de catolicismo en las escuelas (700 millones) y a incontables capellanes en cuarteles, hospitales, cárceles, cementerios o capillas universitarias (50 millones).
Rouco Varela (izquierda) y Martínez Sistach. / Uly Martín (EL PAÍS)
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