Las protestas no se han reducido, la represión ha ido en aumento y la comunidad internacional mira hacia otro lado, cuando sigue siendo clave su presión.
A finales del pasado mes de agosto, Atekeh Rajabi, maestra y defensora de los derechos humanos, fue condenada a seis meses de prisión por un tribunal de Mashhad, la segunda ciudad más poblada de Irán situada a unos 800 kilómetros al norte de Teheran.
Fue acusada de realizar “actividades de propaganda contra el Estado” tras denunciar en redes sociales las violaciones de los derechos del profesorado, de los detenidos por el régimen tras las protestas y, especialmente, la represión contra las jóvenes y el envenenamiento de miles de niñas en diversas escuelas del país.
