Trinidad Jiménez cree que la iniciativa no parará la ley y confirma que la norma estará en vigor el 5 de julio
El Partido Popular presentará mañana su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo que a partir del próximo 5 de julio permitirá abortar libremente en España en las 14 primeras semanas de gestación y en algunos casos hasta la 22.
De este modo, el partido presidido por Mariano Rajoy ha apurado el plazo de presentación del recurso, que finaliza esta semana. El PP considera que esta nueva ley sobre el aborto es inconstitucional porque desprotege a la mujer y al niño, además de a los médicos.
Asimismo, los consejeros de Salud del PP han pedido hoy en el marco del Consejo Interterritorial de Salud a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, la retirada de los dos decretos que desarrollan dicha ley. "Les he dicho que no" porque "tengo un mandato legal", "una ley orgánica" aprobada por el Parlamento el pasado 3 de marzo (y que tiene que entrar en vigor el próximo 5 de julio), declaraba Jiménez después de la reunión.
De hecho, hoy ha sido la primera vez que la ley del aborto se ha tratado oficialmente en el Consejo Interterritorial, ya que la norma (oficialmente de salud sexual y reproductiva) había sido sacada adelante por el Ministerio de Igualdad. Lo que sucede es que a la hora de ponerla en práctica los mayores implicados son los servicios autonómicos de salud. Y los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP no han dejado pasar la oportunidad para mostrar su rechazo no tanto a los dos reales decretos a debatir (los que se refieren a garantizar la prestación para todas las mujeres y en qué condiciones y los requisitos para el personal sanitario), sino para criticar la ley en su conjunto.
La consejera de Canarias, Mercedes Roldós, de hecho ni siquiera esperó a que estos decretos fueran tratados para salirse de la reunión y mostrar a la prensa su rechazo a la norma. Roldós adelantaba que, dado que su partido iba a pedir la retirada de la ley por inconstitucional, iba a solicitar lo mismo de la ministra. Curiosamente, a pesar de que las interrupciones del embarazo se pueden hacer con cargo a la sanidad pública desde 1985, Roldós ha dicho que la nueva regulación supone "una prestación sanitaria nueva" y que, por lo tanto, antes de aprobarse debía ser discutida por el Consejo Interterritorial.
Jiménez, en su comparecencia posterior, ha negado la mayor: "No es una prestación nueva", ha manifestado tajante. También ha negado que con la ley vaya a aumentar el gasto sanitario de las comunidades, ya que estas hasta ahora tienen que financiar los abortos.
El consejero de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, nuevo en estas reuniones, ha cargado sobre el punto que deja en manos de los médicos decidir si una menor puede informar a sus pades o tutores de que va a abortar. Esta responsabilidad "compromete muy seriamente a los profesionales de la salud", ha dicho Lasquetty.
También él ha sido contestado por Jiménez. Según la ministra, el propio presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha dicho que "nadie mejor" que un médico para evaluar esta situación. Pero un portavoz de la OMC ha dejado la discusión en tablas. "Lo que dijo Rodríguez Sendín fue que en los pueblos y ciudades pequeñas, donde todo el mundo se conoce, un médico sabe cómo son los padres de una chica y puede valorar esa situación, pero en un sitio grande, no". Para esos casos, el médico -suponiendo que esté de acuerdo en practicar el aborto, que es lo más difícil-, contará con el asesoramiento de psicólgos y asistentes sociales, ha explicado Jiménez.
La ministra no se ha mostrado especialmente preocupada con el recurso anunciado por el PP y ha afirmado que sería "muy raro" que eso supusiera la paralización de la ley, por lo que, "por responsabilidad", va a trabajar para que los reales decretos, necesarios para que entre en vigor la nueva ley, estén listos antes del 5 de julio.
