El grupo de San Vicente de Paúl acosa a las puertas del centro de Miguelturra a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo
¿Qué diría el Partido Popular si un grupo de jóvenes, homenajeados por su labor social por la alcaldesa madrileña, Manuela Carmena, hicieran escraches contra los católicos de misa de a doce? ¿O qué haría la derecha si un colectivo de ciudadanos increparan a los penitentes que van descalzos o con una cruz a cuestas en una de las muchas procesiones de la Semana Santa española? La respuesta es fácil: la caverna mediática saldría en tromba para arremeter contra estos “indeseables antisistema protegidos por Podemos y los ayuntamientos del cambio”, o dígase de otra forma: Madrid, Barcelona, Valencia, A Coruña o Cádiz. Sin embargo, si el escrache lo hace la derecha, mejor dicho, la ultraderecha, y si además ese acoso es contra la libertad constitucional de la mujer de elegir sobre su maternidad, entonces, llana y sencillamente no pasa nada. La izquierda se calla y la derecha, de recochineo, homenajea a los acosadores.
Acoso directo y a pie de clínica
Esto no es una opinión; esta entradilla es real como la vida misma, como la vida misma que tiene lugar en Ciudad Real, concretamente en la vecina localidad de Miguelturra (15.000 habitantes), gobernada por el PSOE, donde un grupo de ultracatólicos, bajo el amparo de la Asociación San Vicente de Paúl, increpan, insultan y acosan desde hace diez años a las mujeres que deciden abortar en la clínica Cire de esta localidad, sujeta a todo tipo de escraches por parte de estas personas, que, eso sí, se defienden asegurando que se limitan “a informar” a las mujeres en “una última oportunidad” para que no interrumpan su embarazo. No así piensan las afectadas, que reciben folletos desgarradores, manipulados y aberrantes, lo que lleva a algunas de ellas a darse media vuelta por miedo a ser señaladas o insultadas, aseguran a ELPLURAL.COM fuentes de esta clínica, que cuenta con todos los permisos legales y sanitarios para llevar a cabo su trabajo.
El PP les nombró “Ciudadanos Ejemplares”…
Que estos ignominiosos escraches tengan lugar todavía en nuestro país es impropio de un Estado de Derecho que permite a una organización, como San Vicente de Paúl de clara ideología católica fundamentalista, según denuncian plataformas feministas, llevar a cabo estas acciones que atentan contra el derecho más fundamental de todos los que recoge nuestra Carta Magna: La libertad de las personas. Pero si a todo este estrambótico asunto le añadimos que el PP parece sentirse cómodo y a gusto con estos individuos (son sus fieles votantes), entonces, tenemos un gran problema, ya que el partido más votado en las pasadas elecciones no sólo consiente a estos fundamentalistas, también los condecora, como es el caso de esta organización ultracatólica, que recibió hace unos años de la mano de la entonces alcaldesa de Ciudad Real y hoy diputada electa del PP por la misma circunscripción, Rosa Romero, el título honorífico de “Ciudadanas Ejemplares”. Y no es broma.
…Y les regaló un piso de ¿acogida?
Pero aquí no quedan los despropósitos. No. La alcaldesa antes de perder las elecciones de mayo de 2015 cedió un piso a la Asociación San Vicente de Paúl para que los fundamentalistas llevaran a cabo “un programa de apoyo a la mujer embarazada”, impulsado en esos momentos por la propia concejalía de Servicios Sociales del ayuntamiento presidido por Rosa Romero. El pisito en cuestión, siempre según los acosadores de mujeres que abortan, está dirigido a atender mujeres embarazadas y que sirva de casa de acogida (un máximo de tres mujeres) para las que no tengan recursos. Piso, siempre según estos miembros, que se oferta “en las rondas semanales (escraches) que la asociación realiza a las clínicas abortistas”.
Escraches que denunció el PP
La hipocresía del PP sobre este asunto está avalada por la decisión de muchos de sus líderes de denunciar a las personas que se manifestaban frente a sus domicilios para protestar contra los recortes, contra los desahucios o contra la pérdida humillante de derechos fundamentales. Tal fue el caso de la denuncia formulada por la hoy vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, porque los manifestantes no dejaban dormir a su bebé. La Audiencia Provincial de Madrid archivó las lamentaciones de mamá Soraya. Por su parte, Carmen Maniega, diputada nacional del Partido Popular por Asturias, presentaba una denuncia por el acoso que aseguraba recibir de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Un tanto de lo mismo hizo el alcalde del PP de Torrelavega, que denunció a los autores de un escrache en su domicilio. Hipocresía que alcanza su quinta esencia en el Grupo Municipal Popular de Madrid, que emitió imágenes de escraches a Cristina Cifuentes o al exministro Alberto Ruiz Gallardón, mientras su portavoz, Esperanza Aguirre, le preguntaba a la alcaldesa, Manuela Carmena, “si como jueza de carrera le parecen bien”. ¿Y a Aguirre, si como destacada lideresa le parecen bien los escraches a mujeres que utilizan su derecho a interrumpir el embarazo?
