El PP acusa al Gobierno de querer «disolver el hecho religioso y equiparar a las confesiones con las sectas»

Reacción airada de Trillo ante el anuncio de la reforma de la Ley de Libertad Religiosa

El Gobierno pretende reformar la Ley de Libertad Religiosa para adaptarla a una situación que difiere en muchos aspectos de la situación social existente en 1980, año en que fue aprobada la normativa en vigor. Pero para ello, contará, a buen seguro, con la oposición del Partido Popular. El coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, ha admitido que su formación "no se fía" del plan de Derechos Humanos que aprobará el Consejo de Ministros y que incluirá la reforma de la mencionada ley. A su juicio, se trata de "una maniobra" para "controlar" el hecho religioso y aquellas libertades que le resultan "molestas".

Para Trillo, el Ejecutivo persigue con estos cambios un proyecto "contradictorio con la idea misma de los derechos fundamentales de la persona", dado que, según dijo, los derechos humanos son libertad, capacidad de iniciativa y de autoorganización, y "un planeamiento" de este tipo "supone programación, control e interferir sobre la libertad de los ciudadanos".

"No nos fiamos"
"Por lo tanto, no nos fiamos nada de ese plan", enfatizó el diputado del PP, que explicó que una iniciativa de ese tipo está concebida por Naciones Unidas como un instrumento para países en vías de desarrollo donde la garantía de los derechos humanos "hay que hacerla eficaz".

El objetivo, controlar
Tras subrayar que "el mejor plan" es la Constitución misma y las leyes que la desarrollan, el responsable de Justicia del PP afirmó que la iniciativa del gabinete socialista es "una maniobra del PSOE para interferir, regular y controlar aquellas libertades que le son molestas".

Mantener la ley actual
Según Trillo, fervoroso católico y miembro del Opus Dei, la libertad religiosa tiene su reconocimiento en la Constitución y su desarrollo en la Ley de Libertad Religiosa de 1980, que fue "consensuada por todos" y que "ha permitido contemplar el hecho religioso por los poderes públicos como un hecho positivo, no sólo para la Iglesia Católica, sino también para las confesiones evangélica, judía y musulmana".

Persecución
En su opinión, el Gobierno lo que quiere, "so pretexto de ese planeamiento y de esa modificación de la Ley de Libertad Religiosa", es "disolver el hecho religioso y equiparar estas confesiones con las sectas o con los movimientos esotéricos y, sobre todo, controlar, controlar y controlar".

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