En su avanzada, tonsurados y gobernantes de derecha repolitizan la Biblia, y la religión corre su cerca sin cesar sobre territorio del poder civil. En Colombia, el mismísimo Procurador de la Nación sabotea, misal en mano, la norma que autoriza el aborto; y el Presidente, teócrata en ciernes, invoca la benevolencia de Dios para quedarse en el poder por los siglos de los siglos, amén. En Madrid, a diez días de la legalización del aborto, una multitud de católicos acicateada por mensaje del Papa en español se congrega el 27 de diciembre en defensa de la familia tradicional y contra las políticas liberales de Rodríguez Zapatero. Y en México, protagonista de una revolución que en 1910 elevó la última valla entre el poder temporal y el divino tras la cruenta guerra de los Cristeros, una riada insospechada de conservadurismo habla hoy por boca del partido de gobierno, del PRI (¡) y de la jerarquía eclesiástica.
Respuesta a la despenalización del aborto en la capital, la mitad de los estados en México ha dictado leyes que asimilan aborto a infanticidio e imponen penas hasta de 50 años de prisión, las más elevadas del orbe. Gana terreno allí una feroz embestida contra el Estado laico y las libertades que la democracia consagra, desde un fundamentalismo que pretende suplantarlos con el categórico e irrecusable orden divino que prevaleció siglos ha, cuando los derechos personales eran anatema.
La controversia, de alto vuelo, alcanzó su clímax el 22 de diciembre, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal autorizó el matrimonio entre homosexuales y les reconoció el derecho a adoptar hijos, en decisión que ensancha el horizonte de libertades y responsabilidades individuales, cualesquiera que sean las opciones de vida de la persona. El arzobispo primado de México consideró “aberrante y perversa” la medida, pues ella “(ofuscaba) valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad”.
Pedro Miguel escribe, sin embargo, en el diario La Jornada que “el verdadero peligro para la sociedad es el ayuntamiento entre el poder religioso y el secular porque bajo ese maridaje han florecido métodos de lucha contra lo que el Santo Oficio llamaba el pecado nefando de sodomía, tales como la hoguera, la castración, la confiscación de bienes, el calabozo y los azotes”. No encuentra él agresión ni barbarie en el amor; en cambio —dice— la violencia y el abuso sexual derivan del ejercicio indebido de un poder (del padre, del cónyuge, del maestro, del guía espiritual, del patrón) sobre una persona vulnerable.
Contra esta cruzada para revertir la secularización del sexo se agita la bandera del Estado laico, que es condición imprescindible de la democracia, de la libertad de conciencia, de la privacidad del individuo. A la especie más atildada y vernácula del catolicismo mexicano respondió el poder legislativo de la capital exigiéndole al gobierno local aplicar la ley y sancionar a los purpurados que pisotean desde el púlpito la Constitución. Estima la corporación que es deber del gobierno hacer cumplir la ley, conjurar todo intento de discriminación de minorías y de involución hacia una religión oficial.
Da grima comparar la amplitud que este debate alcanza en México con la languidez del nuestro. Aquí la fugacidad de algún chispazo apenas araña la muelle conformidad de tantos que lo mismo contemporizan con la moral del todo-vale que con una dogmática religiosa impuesta como fórmula de gobierno. Y el Congreso ahí. Quieto. Callado. Sobornado.
