El Grupo Parlamentario Vasco pide explicaciones al Gobierno sobre las gestiones del rey en el país donde el activista Raif Badawi ha sido condenado a mil latigazos, 10 años de cárcel y multa de 235.000 euros por expresar su opinión en un foro.
“¿Ha realizado Felipe VI alguna gestión en favor de los derechos humanos en su visita a Arabia Saudí?”. Esta es una de las preguntas que el PNV ha registrado en el Congreso para pedir explicaciones al Gobierno sobre las gestiones del jefe del Estado en su reciente visita al país asiático.
El rey acudió al funeral de Abdalá bin Abdulaziz. para mostrar sus condolencias a la familia real, especialmente al heredero, Salman Ibn Abdulaziz, con quien ya Juan Carlos mantenía una estrecha relación. Una amistad que propició la firma de contratos beneficiosos para empresas españolas, como la construcción del AVE a la Meca, pero que también fue muy criticada por ser connivente con un régimen que multa a las mujeres que conducen y condena a quien expresa ideas democráticas en público.
Éste es el caso de Raif Badawi, activista saudí condenado a mil latigazos por haber creado un foro en internet en el que promovía el debate público y en el que él abogaba por la separación de poderes entre el Estado y la Iglesia.
El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Aitor Esteban, pregunta al Ejecutivo de Mariano Rajoy específicamente por su caso. “¿Ha realizado el jefe del Estado, Felipe VI, en su reciente visita a Arabia Saudí alguna gestión en favor de los derechos humanos y más concretamente acerca de la brutal y cruel situación en que se encuentra el ciudadano saudí Raif Badawi condenado a mil latigazos, diez años de prisión y multa de 266.000 dólares por expresar ideas en defensa de la democracia y el pluralismo?”, cita expresamente la pregunta parlamentaria a la que ha tenido acceso este diario.
Y es que el régimen de Riad ha condenado al bloguero, como cita Esteban, a recibir mil latigazos en 20 días, así como a abonar un millón de riales (unos 235.000 euros). Además le esperan diez años de cárcel. Eso, salvo que las campañas iniciadas por organizaciones pro derechos humanos como Human Right Watch o Amnistía Internacional consigan su objetivo: derogar la condena de Badawi, que también la Unión Europea calificó de “inaceptable”.
