El conde de Romanones sacó en 1913 un decreto, siendo presidente del Consejo de Ministros, que eximía de la enseñanza del catecismo a los niños cuyos padres profesasen una religión distinta a la oficial del Estado español. Debemos recordar que el político liberal siempre tendió, en los límites de la España oficial de la época de Alfonso XIII, a intentar disminuir en alguna medida el peso de la Iglesia Católica en el Estado y la sociedad españolas, generando fuertes resistencias, a pesar de la timidez de sus planteamientos.
Parece que hubo incumplimientos bastante frecuentes de esta disposición, como podemos comprobar en un artículo del verano de 1927 en El Socialista, donde se informaba que eran muchos los padres que, con frecuencia, se quejaban de que sus hijos recibían enseñanza religiosa en las escuelas, no obstante haber manifestado verbalmente a los maestros que no deseaban recibir esta enseñanza. Por su parte, Manuel de Puelles Benítez, afirma en su trabajo sobre la historia de la religión y escuela pública que, de hecho, dada la escasísima presencia de otras confesiones en España, la obligatoriedad de la religión para la inmensa mayoría de niños y niñas se mantuvo hasta la Segunda República, único período histórico que planteó claramente el principio del laicismo escolar. No cabe duda de que parece evidente la afirmación de Puelles, pero debemos interpretar la noticia en el periódico obrero en relación no tanto con padres que profesasen otras confesiones religiosas, sino de familias que no querían que se les enseñase el catecismo a sus hijos al no profesar religión alguna. Y, en este sentido, el periódico obrero, al recordar el decreto de Romanones de 1913, afirmaba que el mismo determinaba que los padres católicos podrían eximir a sus hijos de la enseñanza del catecismo, comunicándolo por escrito.
El periódico afirmaba, además, que había maestros fanáticos, poco escrupulosos con el cumplimiento de los preceptos legales y poco respetuosos con las convicciones de las familias no católicas, y que pretendían de una forma absurda y estéril realizar una labor de catequesis que, con esta forma de actuar, terminaba por ser un procedimiento muy eficaz para promover la hostilidad hacia unas doctrinas que se querían imponer a la fuerza, es decir, se conseguía todo lo contrario de lo que pretendían esos docentes.
Contra este proceder, en todo caso, solamente cabía la reclamación enérgica de las familias que se sintieran atropelladas ante las autoridades competentes, que eran las encargadas de hacer cumplir las leyes.
Pero el periódico iba más allá, planteando una reforma legal sobre la enseñanza de la religión en la escuela, que no pasaba por su supresión sino por otra alternativa para evitar dos problemas. Si por un lado se sancionaba a los maestros que no enseñaban religión a los alumnos de familias católicas, incumpliendo la ley, y por otro, había docentes que imponían su criterio sobre alumnos de familias no católicas obligándoles a aprender el catecismo, incumpliendo también la ley, se podía solucionar la cuestión, encargando a los curas párrocos la enseñanza de la religión católica a los alumnos que así lo estimasen, fuera de la escuela, citando el ejemplo belga. De esa manera, a los maestros no católicos no se les forzaba su conciencia, ni tampoco la de los alumnos no católicos por parte de profesores intransigentes.
Hemos trabajado con el número 5746 de El Socialista, de 5 de julio de 1921, y con el trabajo de Manuel de Puelles Benítez, “Religión y Escuela pública en nuestra Historia: antecedentes y procesos”, en Bordón, 58 (4-5), 2006, págs. 521 y ss.
