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El pederasta, a su entrada en la Audiencia de Barcelona el pasado 14 de noviembre

El pederasta de los Maristas ingresa en prisión seis años después de confesar los abusos

Joaquín Benítez empieza a cumplir la pena de 21 años de cárcel que le fue impuesta después de que la Justicia descartara la prisión provisional a lo largo de toda la causa

Ha apurado el plazo que le dio la Justicia, pero el pederasta de los Maristas ya está en prisión. Joaquín Benítez ingresó este miércoles a las 20.15h. en el centro penitenciario de Puig de les Basses de Figueres (Girona) para cumplir con la sentencia de 21 años y 9 meses de cárcel que le impuso la Audiencia de Barcelona, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

La Audiencia de Barcelona dio el pasado 14 de noviembre diez días a Benítez –que vencían este jueves– para que ingresara en el centro penitenciario de su elección para cumplir con la pena que le fue impuesta por abusar de cuatro alumnos. Hasta ahora la Justicia había descartado su ingreso en prisión provisional, pero como su sentencia ya era firme el pederasta ya no tenía alternativa.

El ingreso en la cárcel de Benítez cierra un caso que abrió una denuncia del padre de una de las víctimas y una investigación de El Periódico de Catalunya en 2016. Tras estallar el escándalo, el propio Benítez confesó los abusos. Pero solo se le pudo juzgar por cuatro casos, ya que el resto de abusos que perpetró durante décadas sin que la institución religiosa lo sancionara ya habían prescrito.

La sentencia final del caso avaló el relato de las víctimas respecto a los abusos de Benítez que no habían prescrito. Tanto la Audiencia de Barcelona como el Supremo dejaron claro que Benítez usó su puesto y su posición dominante sobre los menores para perpetrar los abusos.

“En todos los casos la acción se produjo mediante prevalimiento de la relación de dependencia y, a la vez, de ascendencia, existente entre los menores y el profesor”, sentenció el Alto Tribunal. Para los togados, Benítez cometió los abusos “en el contexto de una relación escolar y en su mayor parte de forma clandestina cuando profesor y alumnos estaban solos”.

El Supremo además concluyó que la aseguradora del colegio se debe hacer cargo de las indemnizaciones por valor de 120.000 euros a las víctimas de forma directa y la fundación privada que lo gestiona de forma subsidiaria.

Remarcaron los jueces que todos los ataques del pederasta tuvieron lugar en su centro de trabajo: “Los abusos sexuales se produjeron en el ámbito académico, dentro de las instalaciones y horario escolar, cuando el autor ejercía su condición de profesor de los menores, aprovechando su ascendiente sobre ellos y los medios y oportunidad que le ofrecía el ejercicio de su actividad académica”.

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