Pese a que el Ministerio de Igualdad anunció su intención de incluir la violencia obstétrica en la reforma de la ley del aborto, el texto actual la deja fuera. El Instituto de las Mujeres pone en valor un anteproyecto que promueve el parto respetado, aunque reconoce que es insuficiente. Este miércoles, 1 de junio, finaliza el plazo para hacer alegaciones.
El texto del Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo no incluye en ninguna de sus 46 páginas el binomio “violencia obstétrica”, pero sí define lo que son las “intervenciones ginecológicas y obstétricas adecuadas” y dedica un capítulo a la “protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito ginecológico y obstétrico”.
El pasado 18 de mayo, el Consejo de Ministros de España aprobó este anteproyecto que plantea entre los cambios referidos a la interrupción del embarazo la eliminación de la obligatoriedad del consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años que quieran acceder a la prestación o la mediática medida de una baja laboral para las mujeres que acrediten sufrir una menstruación incapacitante.
Sin embargo, pese a la intención manifiesta del Ministerio de Igualdad de abordar la violencia obstétrica en la reforma de la ley del aborto, considerándola como una forma de violencia de género y tomando medidas para evitarla, esta no aparece definida en el texto que se puede consultar en la página web del Ministerio y al que se pueden enviar alegaciones hasta el 1 de junio.
El Ministerio de Igualdad ha explicado que no hubo acuerdo con el Ministerio de Sanidad en este punto. Para Virginia Murialdo, integrante de El Parto es Nuestro (EPEN) y experta en violencia obstétrica, lo que ha hecho Sanidad no es otra cosa que trasladar la visión de los colegios de médicos, que califica como “biomédica” y “negacionista” y que el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) explicitó en julio de 2021, tan solo unos días después de que el Instituto de las Mujeres plantease por primera vez entre las líneas de trabajo de la reforma de la ley del aborto la inclusión de la violencia obstétrica.
El CGCOM defendió en un comunicado que la violencia obstétrica no existe. Después de eso, asegura Murialdo, las intervenciones de los representantes de los colegiados en las diferentes reuniones de trabajo que ha mantenido el Ministerio de Igualdad en el último año con diferentes organizaciones, entre ellas los colegios de médicos y EPEN, han ido prácticamente en su totalidad dirigidas al único esfuerzo de evitar que se incluyera el concepto de violencia obstétrica en el texto, según explica Murialdo a El Salto.
En la última de estas reuniones, a finales de febrero, y ante las intervenciones de la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, y de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, Murialdo animó a las responsables de Igualdad a no dejarse presionar por los grupos profesionales. Pero lo hizo sin éxito, a juzgar por el texto que se ha conocido.
Virginia Murialdo (EPEN) cree que el Ministerio de Igualdad ha actuado de buena fe al tratar de escuchar todas las voces, pero considera que “se ha dado demasiado espacio a la perspectiva biomédica”
Murialdo cree que el Ministerio de Igualdad ha actuado de buena fe escuchar diferentes voces, pero considera que “se ha dado demasiado espacio a la perspectiva biomédica”, que es de donde viene la violencia obstétrica. “Es como regular contra la violencia de género contando con los maltratadores” mientras se retratan a sí mismos como víctimas, zanja, advirtiendo de que se trata de una opinión personal y no de EPEN.
Para EPEN, con el texto actual se niega la experiencia de miles de mujeres y se ignoran mandatos internacionales como los de la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer sus causas y consecuencias de la ONU a todos los Estados en su Declaración de julio de 2019 o el Consejo de Europa en su Resolución de octubre de 2019.
De “violencia obstétrica” a “parto respetado”
Toni Morillas, directora del Instituto de las Mujeres —que ha organizado las mesas de trabajo en las que se ha llamado a organizaciones a hacer sus aportaciones para la reforma de la ley—, reconoce una “dificultad en la negociación” con el Ministerio de Sanidad y cree que “hay que llamar a las cosas por su nombre, porque nombrarlo es lo que permite generar derechos a las mujeres”. También recuerda que no es el instituto que dirige, ni el ministerio al que está adscrito, el que que ha creado el concepto de “violencia obstétrica”.
Sin embargo, no comparte que la visión biomédica sea la que haya prevalecido y apunta a que, aunque no aparezca mención expresa a la “violencia obstétrica”, esta sí se aborda de alguna manera con las medidas para favorecer el “parto respetado” y, en concreto, en el título dedicado a la “protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito ginecológico y obstétrico”.
En ese sentido, Morillas considera que el anteproyecto dibuja cuatro ejes de trabajo: la prevención, la formación, la recogida de datos y la creación de protocolos de actuación. Así, el texto alude a la voluntad de “disminuir el intervencionismo evitando prácticas innecesarias e inadecuadas que no estén avaladas por la evidencia científica” y un paquete de políticas orientadas a la prevención y formación de profesionales de modo que sea posible “reforzar las prácticas relativas al parto respetado y al consentimiento informado de la paciente incluyendo a tal fin todas las medidas necesarias para incrementar el número de personal especializado”.
Toni Morillas, directora del Instituto de las Mujeres: “Creo que es un avance con respecto a todo lo anterior, aunque sea insuficiente”
Además, Morillas ve valioso un instrumento que ha pasado desapercibido, asegura, pero que supondría una pieza fundamental, como es la promoción de “protocolos específicos para la prevención de praxis profesionales contarias a lo establecido en este capítulo, asesoramiento a las mujeres sobre sus derechos y habilitación de cauces a las reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido afectadas por estas conductas”, según recoge el texto actual. Aunque existe un protocolo —la Estrategia de atención al parto normal en el Sistema Nacional de Salud—, Morillas ve necesario revisarlo y actualizarlo, ya que se publicó en 2007 y no se ha actualizado desde entonces. “Creo que es un avance con respecto a todo lo anterior, aunque sea insuficiente”, explica la directora.
El caso catalán
Pese a la negación de la mera existencia de la violencia obstétrica de los colegios de médicos agrupados en el CGCOM, lo cierto es que existen ya algunas referencias en textos legislativos. Así, Venezuela, Argentina y México han aprobado leyes en ese sentido en 2007, 2009 y 2014, respectivamente.
En Catalunya, la Ley 17/2020, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista incluye una definición de la violencia obstétrica, a la que se refiere en estos términos: “Consiste en impedir o dificultar el acceso a una información veraz, necesaria para la toma de decisiones autónomas e informadas. Puede afectar a los diferentes ámbitos de la salud física y mental, incluyendo la salud sexual y reproductiva, y puede impedir o dificultar a las mujeres tomar decisiones sobre sus prácticas y preferencias sexuales, y sobre su reproducción y las condiciones en que se lleva a cabo, de acuerdo con los supuestos incluidos en la legislación sectorial aplicable. Incluye la esterilización forzada, el embarazo forzado, el impedimento de aborto en los supuestos legalmente establecidos y la dificultad para acceder a los métodos anticonceptivos, a los métodos de prevención de infecciones de transmisión sexual y del VIH, y a los métodos de reproducción asistida, así como las prácticas ginecológicas y obstétricas que no respeten las decisiones, el cuerpo, la salud y los procesos emocionales de la mujer”.
La Sociedad Catalana de Obstetricia y Ginecología mantiene una actitud dialogante mientras plantea otras cuestiones no exentas de polémica, como que los profesionales de la salud también pueden ser víctimas de violencia obstétrica
La doctora Elisa Llurba, de la Sociedad Catalana de Obstetricia y Ginecología y de la Academia de Ciencias Médicas de Catalunya, explica que, desde que se reformó la ley catalana para incluir la definición de violencia obstétrica, no se ha dado una respuesta punitiva hacia los médicos ni se ha detectado un uso abusivo de la ley contra los profesionales de la salud. Llurba cree que incluir la violencia obstétrica en una ley solo puede ir a favor de la mujeres, al darles “un marco en el que sentirse arropadas” aunque echa en falta una mayor participación de los profesionales en los debates que suscitan las leyes.
La postura de Llurba y de la Sociedad Catalana de Obstetricia y Ginecología es reseñable porque abre un diálogo que otros profesionales de la obstetricia y la ginecología han procurado cerrar. En julio de 2021, esta sociedad profesional marcó su postura en un comunicado donde expresaba el rechazo que el concepto de violencia obstétrica genera entre profesionales al tiempo que reconocía la pertinencia de abordarla. Sobre las posibles acciones legales que una ley sobre violencia obstétrica pudiera facilitar contra los médicos, recuerda que los procedimientos punibles por mala praxis ya tienen previstos sus propios mecanismos reguladores y sancionadores. Más allá de eso, “conviene, pues, superar el rechazo que el término provoca de inicio para captar su significado real y ser capaces de entrar en el debate de las cuestiones de fondo”.
Llurba explica que la postura no es unánime en el seno de esta entidad, pero sí mayoritaria, y cree que esta postura dialogante no se explicaría sin la existencia de un grupo de trabajo sobre violencia obstétrica dentro de la organización donde se viene planteando la necesidad de escuchar las experiencias de las mujeres y de hacer autocrítica.
Pero, además, Llurba plantea otra cuestión no exenta de polémica. “Los profesionales somos víctimas secundarias de la violencia obstétrica”, asegura, porque “también es violencia que no haya suficientes recursos, que no haya profesionales suficientes o que no se tengan las condiciones de infraestructura necesarias para atender bien un parto”. De esta forma, la violencia obstétrica aludiría a hechos no solo ejercidos directamente por profesionales, sino, y sobre todo, por el entorno. “Los profesionales también necesitamos respuestas”, concluye.
“A veces nos sentimos mal y nos sentimos atacados, pero creo que es un trabajo que tenemos que hacer juntamente con las mujeres y no en contra de nadie”, mantiene la colegiada Elisa Llurba
La colegiada cree que existe sensibilidad entre profesionales de la medicina para abrir un diálogo y hacer un trabajo que sea “en beneficio de las mujeres y no en contra de nadie”. Sin embargo, la voz de la Sociedad Catalana de Obstetricia y Ginecología no fue la que llegó a las reuniones con el Ministerio de Igualdad, que sí convocó a la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), cuyos postulados coinciden con los del CGCOM.
La mirada larga
“A veces nos sentimos mal y nos sentimos atacados, pero creo que es un trabajo que tenemos que hacer juntamente con las mujeres y no en contra de nadie”, dice Llurba, que además cree que la catalana no está sola en esta visión entre los profesionales.
Toni Morillas, por su parte, pide “tener la mirada larga” porque el reto sigue siendo que la violencia obstétrica se incorpore al ordenamiento jurídico en España más tarde o más temprano y así será si “desde el Gobierno y desde el movimiento feminista seguimos empujando”.
Para Virginia Murialdo, con el texto planteado “hemos perdido la posibilidad de aplicar políticas concretas y especialmente pensadas para reducir las tasas de intervencionismo en los partos”, explica. “La visión biomédica dispone de una autoridad simbólica que es muy difícil romper”, asegura.
