La tenue separación entre la Iglesia y el Estado, entre la razón y la revelación, tiene como causas la tibieza del poder político de defender su jurisdicción y el atrevimiento del poder religioso, capaz de mezclar las leyes espirituales con las políticas, para acabar siendo víctimas ambos, la Iglesia y el Estado, de la confusión de sus competencias.
Marsilio de Padua (1275-1342) probablemente fuera el autor del medievo que con más intensidad y devoción puso el énfasis en la separación entre el poder terrenal del Estado y ela autoridad divina de la Iglesia. Desde su magna obra, Defensor Pacis, puso pie en pared a las pretensiones de la autoridad espiritual de controlar las actuaciones políticas.
Asistimos a un tiempo en el que los obispos tienden a salir a la calle, pancarta en mano, a manifestarse contra las leyes civiles o, en el peor de los casos, influyen sobremanera en los conservadores como para obtener ventaja o simpatía en las normas que se presenten, e, incluso, beneficios en las concesiones especialmente de instituciones de enseñanza.
Es verdad que el pensamiento de Marsilio de Padua, arduo defensor de la separación entre la Iglesia y el Estado, así como la supremacía de éste sobre aquella, es hijo de su tiempo: vivió en París cuando se produjo el enfrentamiento entre Felipe IV el Hermoso de Francia y el Papa Bonifacio VIII, del mismo modo apoyó al emperador, Luis IV, frente a las pretensiones políticas del Vaticano, influido sobremanera por ser un italiano que concebía al Papado como un factor de desunión de la península.
Si se produce una separación clara entre la razón y la revelación, la misma separación debe producirse entre el poder político derivado de la razón y el espiritual derivado de la revelación. La salvación eterna pertenece a otro mundo y como tal es irrelevante en el ordenamiento jurídico y político. Por ello, para Marsilio de Padua la Iglesia no tiene derecho a inmiscuirse en las cuestiones penales, ni derecho posee sobre los diezmos.
Del mismo modo, con la misma eficacia, debemos defender, siguiendo a Marsilio y a otros, que el reino (o República) de este mundo sólo puede regirse por las normas civiles y políticas. Han sido demasiadas las ocasiones en las que una Conferencia Episcopal, dominada por el sector más conservador, ha intentado influir en el poder político como si fuera un legislador cuya potestad no ha emanado en modo alguno de los ciudadanos.
La víctima de esta confusión entre el papel de los obispos y la función de los legisladores, no es sólo el Estado, lo es también la Iglesia. Ésta, más pendiente de los movimientos políticos, tiende entonces a ponderar en menor medida los asuntos espirituales, la ordenación de la misma, e, incluso el apostolado.
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