Aunque no se dice nada de modificar o derogar los acuerdos Iglesia-Estado de 1979, con los que Unidas Podemos siempre ha sido muy crítica, uno de los puntos del acuerdo alcanzado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, firmado esta tarde, es la recuperación » de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros». Y para ello se comprometen a hacer «las modificaciones legislativas oportunas».
En ese mismo capítulo dedicado a «Nuevos derechos y memoria democrática» proponen además declarar el 31 de octubre día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo, y el día 8 de mayo como el día de reconocimiento a las víctimas del exilio. Implementarán un programa de exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes y además se prohibirá la exaltación y enaltecimiento del franquismo en lugares de acceso público.
«Del mismo modo, estudiaremos todas las vías legales para retirar las condecoraciones y prestaciones asociadas, concedidas a personas que protagonizaron actos criminales no juzgados durante el franquismo», en alusión a personajes como el torturador Antonio González Pache, alias Billy el niño. Lo cierto es que este fue un compromiso adquirido por Sánchez tras la moción de censura y no se hizo nada.
Se aprobará en el plazo más breve posible una nueva Ley de Seguridad Ciudadana basada «en una concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el Derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes, y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal», que permite procesar a piquetes violentos.
Bajo este mismo epígrafe se anuncia una nueva Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, y su inclusión en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.
En el capítulo de «Políticas feministas», además de una serie de medidas bastante generalistas de igualdad y de lucha contra la violencia de género hay innovaciones como la suspensión del régimen de visitas de menores por parte de progenitores o tutores legales que estén cumpliendo condena o bajo medidas cautelares por delitos graves de violencia machista cometidos en su presencia. Se anuncia asimismo la reforma del Código Penal para dejar claro sexo consentido, sin distinguir entre abuso y violación, y expresan su oposición tajante a los vientres de alquiler.
