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El pacto de las campañas políticas contra los derechos humanos de las mujeres y el Estado Laico en México

Organizaciones, sociedad civil y gobierno, han buscado que las mujeres tengan una mayor participación política y terminar con la masculinidad hegemónica de cara a las elecciones.

Históricamente las mujeres hemos sido tratadas como seres “ no políticos”  y como minoría, visiones que persisten en México, donde a pesar de componer el 52% del padrón electoral(1) nuestros derechos humanos parecen no ser prioridad ni para los partidos políticos ni para las instituciones .Desde el inicio de las  precampañas y ahora campañas para cargos de elección, tanto a nivel federal como estatal, se ha mantenido la lógica de la discriminación contra los derechos de las mujeres . De modo que en el país el  que sigue dictando gran parte de la agenda político-electoral es el sistema de desigualdad sexo genérica, sin embargo es importante resaltar que se cuentan con reformas electorales y protocolos contra la violencia política, así como legislaciones que protegen los derechos políticos de las mujeres y de manera muy importante el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que implica el libre goce de todos los derechos humanos consagrados en tratados internacionales y reconocidos en el artículo 1º constitucional . Resulta fundamental señalar que parte de la garantía de elecciones libres de violencia contra las mujeres se respalda en la laicidad del estado, cuestión que se ve amenazada por discursos y propuestas de campaña de varios partidos como es el caso del Partido Encuentro Solidario (PES)  y su campaña contra los derechos de las mujeres, por poner solo un ejemplo.

El marco en el que se dará la contienda electoral y las votaciones en junio de 2021 debería ser favorable para la igualdad de género, toda vez que, a pesar de las resistencias de algunos partidos, serán las elecciones con mayor grado de paridad de género para cargos de elección(2), incluidas las gubernaturas.  A su vez, la sociedad civil y en particular las organizaciones feministas han contribuido a hacer menos desigual el proceso electoral con medidas como la Declaración 3 de 3 contra la Violencia, diseñada e impulsada desde la red de Las Constituyentes Feministas que busca que el proceso electoral represente una verdadera opción de igualdad y no violencia para las mujeres, contribuyendo a la modificación de las relaciones de desigualdad. Al respecto la activista Yndira Sandoval ha explicado que: “No podemos desde el ámbito privado tener a hombres que son agresores, deudores, acosadores, y que en el espacio público nada les impida poder acceder a ello, pareciera que lo que no está prohibido, está permitido(3)”. Colectivas y organizaciones feministas han conjuntado esfuerzos para crear espacios de observancia, colaboración y análisis que proporcionen a las mujeres y al resto de la ciudadanía, datos e información con perspectiva de género acerca del las propuestas electorales, los discursos, las acciones de los partidos políticos  y  del perfil de los y las candidatas para cargos de elección. Un ejemplo de estos esfuerzos es la llamada Observatoria Ciudadana Todas MX, en la que podemos ver cuestiones como que más de 70 aspirantes a cargos de elección popular han incurrido en algunos de los supuestos de violencia de género y no deberían ser candidatos(4).

A pesar de estos esfuerzos desde sociedad civil y gobierno, sectores del aparato estatal y social siguen afianzado sus pactos patriarcales para ignorar o incluso modificar la ley o las protocolos electorales, y lograr así que el poder sirva al “hombre de poder”, es decir a la masculinidad hegemónica. El objetivo de estas alianzas es perpetuar la reproducción de los roles de género,  conservar el estatus quo a través de la legitimidad de hombres que representen la masculinidad hegemónica, como los agresores sexuales, pero también se  amenaza  al estado laico con campañas que anteponen aspectos religiosos a los derechos y a la libre decisión de las mujeres.

El caso de las acusaciones de violencia de género hacia el candidato- o no- a la candidatura a Gobernador por Guerrero , ha acaparado los espacios y aunque lo mencionaremos posteriormente, no es el único donde la violencia contra las mujeres queda evidenciada, hay otras propuestas y acciones en el tintero electoral que resultan contrarios a la igualad de género.

En específico podemos hablar de la campaña electoral en el estado con mayor número de homicidios de las  mujeres, es decir, Baja California(5). El 12 de abril el candidato del Partido Encuentro Solidario (PES), el empresario Jorge Hank Rhon – quien fuera uno de las máximas figuras del Partido Revolucionario Institucional- criminalizó a las víctimas de feminicidio en la entidad: “Está medio mal entendido eso de los feminicidios porque desafortunadamente, sí, ya ahora, hay muchos sicarios del sexo femenino, desafortunadamente, así como ha entrado a la empresa, así como ha entrado a la maquila, así como ha entrado a la política, así ha entrado desafortunadamente, ha entrado a la droga y el narco. Yo no sé cuál es la definición o cómo separar a uno del otro: feminicidio o privatizar de la vida a un narcotraficante de sexo femenino”(6).

Por supuesto que el actual precandidato al gobierno del estado no tiene una actitud favorable en temas de igualdad, comenzando porque no fue elegido como precandidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por una cuestión de paridad, según sus propias declaraciones. Esta violencia contra las mujeres se ha hecho presente también desde los inicios de la precandidatura donde aseguró que las mujeres ahora somos menos inteligentes(7) por querer salir a trabajar.

Estas declaraciones de un candidato polémico se anclan perfectamente en la estructura de un partido político cuya naturaleza religiosa, evangélica,  ha sido un atentado contra el estado laico, y que su ética es tan variable como para tener alianzas con partidos de izquierda como Morena, lo cual siempre será sorprendente, pero también en votaciones en las cámaras se ha aliado tanto al Partido Acción Nacional (PAN)l o con el tradicional Partido Revolucionario Institucional (PRI). En 2020, este partido volvió a tener registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) (8), lo cual  no solo atenta contra el Estado laico sino también contra los derechos de las mujeres y en general contra los avances que ha habido en materia de igualdad y respeto por la diversidad sexual en el país. Desde hace algunas semanas un spot del este partido se ha presentado en los medios de comunicación y en las redes sociales, en los que haciendo uso del dramatismo culpígeno  y la desinformación asegura que: “Todo es desechable hasta la vida: por la vida y la familia decimos no al aborto“(9) El partido  ignora que la autonomía de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y sobre su vida es un derecho humano y que la resistencia de los gobiernos son violatorias a la igualdad entre mujeres y hombres. Incluso el Comité Cedaw ha mostrado preocupación por “las enmiendas introducidas en las constituciones locales que protegen la vida desde el momento de la concepción hayan puesto en peligro el disfrute por la mujer de su salud y derechos sexuales y reproductivos, aún cuando esas enmiendas no hayan modificado los motivos jurídicos ya establecidos para practicar un aborto”, respecto a lo anterior el PES impulsa campañas a nivel nacional para actuar de manera retrograda y anti derechos y atenta contra toda posibilidad de reconocer que no existe un solo modelo de familia . (10)

Los discursos misóginos y contrarios a los derechos de las mujeres son violencia política porque menoscaban los derechos políticos y electorales, ya que con recursos del Estado  los partidos llevan a cabo campañas que violan los derechos de las mujeres, que refuerzan estereotipos y que incluso ponen en juego la laicidad del estado favoreciendo intereses que siempre han actuado en menoscabo de la dignidad de las mujeres .

El PES comparte esta visión con partidos como el Partido Acción Nacional (PAN) que a pesar de calificarse como “feminista”  en el contexto del 8M, ha dejado claro su postura contra el derecho a la interrupción legal del embarazo, con lo cual claramente está en contra los derechos de las mujeres y con esta lógica han actuado los gobiernos  panistas con declaraciones como las  del diputado  Jaime Ramírez : “Estoy convencido de que la mujer fue creada para dar vida, no para quitarla”(11), es decir, nos recuerda cual es nuestra función según el panismo. En septiembre del 2020, diputadas y diputados federal tanto el PAN, PES, PRI, algunos integrantes de Movimiento Ciudadano y de Morena votaron en contra del proyecto la legalización del aborto a nivel federal.

En el caso de Morena, resulta contradictorio que no dé apoyo total a la legalización del aborto, en primer lugar porque de la izquierda siempre se esperará que sea favorable con la agenda feminista y en segundo lugar porque proponía romper con el conservadurismo y que nada estaría por encima de la ley, y es que a pesar de que diputadas como Lorena Villavicencio(12)  y senadoras como Martha Lucía Micher, así como diputados y senadores del partido, impulsan proyectos garantistas no se logra un consenso absoluto,  algunas figuras políticas han declarado que la limitante del partido es la postura ideológica- religiosa presidencial y su deslinde al pretender (13) llevarlo a consulta popular. Dicha consulta, es anticonstitucional y violatoria a los derechos de las mujeres el querer llevar a decisión popular un derecho que debería estar garantizado como parte de los derechos sexuales y reproductivos y alejada de cualquier discusión que dañe el estado laico.

También encontramos personajes que han ido de un partido a otro, de izquierda a derecha sin problema alguno porque en México esto se puede, y en ir y venir encontramos que mantienen su ginopia  y su misoginia intactos. Ejemplo de lo anterior, es el del aspirante a diputado Carlos Leal, quien salió de Morena al Partido Encuentro Solidario para finalmente instalarse en el Partido Verde Ecologista, y quien ha manifestado como parte de sus propuesta de campaña acabar con las “leyes de género” porque considera que atentan contra la igualdad real, otra de sus “propuestas” han sido contra el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y la tipificación de feminicidio , que un acto de ignorancia y misoginia- como en el caso del candidato Hank Rhon- considera que no debería existir otra figura que no sea la del homicidio(14). La estrategia de los pactos patriarcales es de invisibilidad y violentar todo lo que se salga de la norma, y la mayoría de los y las integrantes de los partidos políticas afianzan el pacto lacerando no solo los derechos humanos sino también el estado laico.

Finalmente podemos hablar del caso que más cobertura mediática ha tenido respecto a la violencia contra las mujeres por parte de las instituciones partidistas y del Estado, es decir la propuesta de Morena para que el candidato al estado de Guerrero fuera el ex senador Félix Salgado Macedonio. (15). Sin embargo desde el inicio de su posicionamiento para ocupar la candidatura se le señaló por tener cinco denuncias de abuso sexual en su contra, lo cual desestimó el partido(16). El problema es que no era un candidato más, sino un amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que el conflicto escaló la, ya existente, tensión entre gran parte del movimiento feminista y el presidente, sobre todo cuando el presidente defendió al ex senador por encima del derecho de las víctimas ya que  señaló que éstas se podían fabricar y llamó al asunto tema de poliquetería, además ante las demandas de “Un violador no será gobernador” y “Presidente rompa el Pacto” él contestó con un “Ya chole”. Las declaraciones desde presidencia fueron desafortunadas porque ni siquiera se buscó neutralidad u objetividad para defender a su “toro”, llegando a descalificar las demandas feministas y ubicarlas del lado conservador con un discurso de desdén, total desconocimiento y hasta burla por las demandas feministas de romper el pacto patriarcal.

Por lo anterior actúo contrario a su responsabilidad como representante del estado mexicano al  violentar su obligación de garantizar que las  posibles víctimas no sean re victimizadas o criminalizadas  por ningún servidor público, pero en  su versión de la historia, las feministas quedamos como “un extraño enemigo” cuando en realidad somos ciudadanos decidas a que la justicia y la igualdad sean parte de nuestra realidad. Hace unos días el INE retiró la candidatura a Salgado, no es un triunfo para las mujeres porque veinte mil pesos no reportados por el partido e intereses de otros hombres de poder resultan ser de más valor que cinco acusaciones de violación. Ese es México, esa su maquinaría institucional y electoral patriarcal.

La sociedad mexicana, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, debemos exigir a los partidos políticos propuestas, nuestro voto no puede ser para quienes nos denigran y utilizan la condición de pobreza y violencia de las mujeres para clientelismo, en particular debemos prestar atención a la agenda electoral, presionar y vigilar para que se incluya la  agenda derechos humanos con una perspectiva de género y que las propuestas de los partidos no signifiquen retrocesos en los derechos que las mujeres, por que han sido derechos que se han conseguido en la lucha por la igualdad, para lo cual debemos exigir también al Instituto Nacional Electoral (INE) y en general al estado mexicano que garanticen procesos electorales libres de violencia de género, ni la paridad ni la transparencia serán suficientes si las reglas del juego y los operadores continúan bajo los esquemas tradicionales cargados de estereotipos, prejuicios y violencia patriarcal. La enmienda para las elecciones  de 2021 ha sido clara,  se pretende que el privilegio, sin importar qué partido lo represente,  siga gobernando en todos los niveles y que las mujeres solo seamos parte del padrón y la simulación ¿ y si cambiamos la historia?

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