El obispo de Guadalajara recoloca de párroco para 24 pueblos a un fraile agustino tras tres años de cárcel por abusos

Un monje agustino condenado por abuso de menores a tres años de cárcel en 2012, según ha confirmado la orden religiosa a este periódico, ha sido recolocado de nuevo como párroco en 24 localidades del norte de Guadalajara tras salir de prisión en 2015. Celso García fue denunciado en 2010 por tres menores de 11 y 12 años de la escolanía del monasterio de El Escorial, donde era profesor. Solo hubo noticias del caso un año después, cuando lo desveló el diario Público, pero luego nada más se supo del resultado del proceso ni del paradero del acusado. Lo cierto es que tras cumplir su condena, García está ejerciendo como sacerdote en numerosos pueblos, sin ninguna cautela especial, desde octubre de 2015. García reside en una de estas localidades. Un portavoz de los agustinos justifica la decisión porque “ha cumplido su deuda con la ley y la justicia”. Asegura también que “está totalmente fuera del contacto con menores, porque son pueblos muy pequeños solo con población anciana”.

No obstante, los pueblos en donde ejerce en este momento García son un total de 24 localidades y una de ellas, Molina de Aragón, tiene más de 3.000 habitantes. El resto son núcleos reducidos, en torno al medio centenar de residentes o menos, pero en verano aumentan su población y sí hay niños, según relatan vecinos de uno de ellos, Mazarete. Es más, según quejas recibidas por otros sacerdotes, el párroco ha causado extrañeza en las misas en verano cuando hace subir a los niños al altar para acompañarle en la ceremonia y les deja darse la comunión unos a otros, una práctica irregular. Los vecinos consultados no sabían nada de los antecedentes del religioso.

En un primer momento, en octubre de 2015, este agustino fue nombrado párroco de seis localidades: Mazarete, Anchuela del Campo, Anquela del Ducado, Establés, Tobillos y Turmiel. En julio de 2016 se ampliaron sus competencias. Fue nombrado pá­rro­co in so­li­dum (junto a otros sacerdotes) de Al­dehue­la, An­chue­la del Pe­dre­gal, An­que­la del Pe­dre­gal, Aran­go­ci­llo, Ca­na­les de Mo­li­na, Cas­te­llar de la Mue­la, Che­ra, He­rre­ría, Oti­lla, Pra­di­lla, Pra­dos Re­don­dos, Ri­llo de Ga­llo, Se­las, Tor­del­pa­lo, To­rre­cua­dra­da de Mo­li­na, To­rre­mo­cha del Pi­nar y To­rre­mo­chue­la. También fue designado vi­ca­rio pa­rro­quial de las iglesias de Santa Ma­ría la Ma­yor de San Gil y de San Mar­tín, en Mo­li­na de Ara­gón. En esta localidad también es ca­pe­llán del monasterio de las Cla­ri­sas.

Por su parte, el obispo de Sigüenza-Guadalajara, Atilano Rodríguez, no ha querido responder a las preguntas de este periódico sobre el caso. Por ejemplo, por qué aceptó a este religioso en una parroquia dado que, según las propias directrices de la diócesis, exige a todos los sacerdotes un certificado de falta de antecedentes de delitos sexuales. Es un requisito que también aplican otros obispos españoles entre las medidas básicas para prevenir los casos de abusos. El protocolo de prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores, publicado en el boletín oficial de la diócesis número 2566 de abril-junio de 2018, indica expresamente en el punto 2.1, referido a la selección del personal: “La selección de las personas implicadas en la pastoral o la docencia con menores marca el inicio de la actuación preventiva. Incluye la selección adecuada de los sacerdotes (…) de todo el personal con posible contacto con niños y adolescentes”. Y prosigue: “Será obligatorio solicitar un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales a toda persona que vaya a tener responsabilidad profesional o voluntaria con menores en el ámbito de las instituciones y actividades diocesanas”. El obispado tampoco ha aclarado si hay otros curas o religiosos condenados por este tipo de delitos que estén ejerciendo su labor en la diócesis en este momento.

En 2010, cuando fue denunciado, García fue apartado y suspendido de sus funciones, sostienen los agustinos. También se le abrió un proceso canónico, indican, que solo le impuso una limitación en el ministerio hasta que cumpliera la pena judicial. Los agustinos aseguran que es el único caso de abusos del que han tenido constancia en su orden en los últimos años en España.

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