Como indica este grupo que puede localizarse en las redes como laicismo.org, gracias a ese artículo, se ha podido descubrir las artimañas empleadas por el obispado jacetano para hacerse, mediante la vía de inmatriculación y otros procedimientos de inscripción, con la propiedad de catorce iglesias románicas y nueve góticas del Pirineo aragonés. El periodista desgrana cómo el obispado presentó ante el Rrgistro la anotación de estas 23 iglesias como “declaración de obra nueva antigua”.
De manera que con semejante inscripción se posibilita que el registro reconozca «la titularidad de las edificaciones no inscritas a sus propietarios o quienes se presenten como tales, mediante la presentación de una escritura. Con independencia de la fecha en la que fueran construidas”, asegura Bayona. Y, siempre según Europa Laica, las reacciones no se han hecho esperar.
De manera que el Movimiento Hacia Un Estado Laico (MHUEL) se ha hecho eco del artículo y ha manifestado, que tal y como se temían, el obispado ha ido inscribiendo bienes inmuebles «vía inmatriculación o por otros procedimientos administrativos, en una clara demostración de abuso, codicia y acaparamiento malicioso de bienes de distinta índole”. Siempre amparándose en leyes creadas ‘ad hoc’ para permanecer «en el limbo del privilegio consentido desde el franquismo hasta el periodo democrático, sin ningún tipo de rubor ni pudor y con el consentimiento implícito o explícito de los poderes públicos”.
Todos estos argumentos son ofrecidos bajo unas premisas en las que no se cuestiona “en ningún momento el uso y carácter religioso, pero defendiendo la titularidad o el dominio público del patrimonio histórico y artístico aragonés”, reconocen desde la Asociación. Desde MHUEL advierten, por último, que no cejarán en su empeño de revertir este expolio y escándalo monumental”, a la espera de la “actuación decisiva de los poderes públicos e instituciones aragonesas”.
Para MHUEL, es significativa la “inacción y pasividad” de los nuevos poderes públicos, y en general en todas las instituciones de Aragón, “que de una manera rotunda, clara y ejecutiva, no quieren entrar en la polémica de las inmatriculaciones de la ICAR”. “Renunciando –de esta forma- a la lucha por la titularidad pública del valioso patrimonio aragonés, que pertenece a su pueblo y debería ser de obligado mandato su defensa para que éste permanezca como un bien común de todos los aragoneses y aragonesas”.
