La política educativa de los gobiernos autonómicos de PP y Ciudadanos con apoyo de VOX contribuye a clarificar la “naturaleza” de los mismos. Encontramos, por una parte, una previsible sintonía en materia económica en el seno del “trifachito”: son gobiernos con una dura agenda neoliberal que conciben los servicios públicos como nichos de negocio. Fijémonos en Andalucía: el recorte de líneas en centros públicos en combinación con medidas anunciadas como la extensión de los conciertos educativos a FP y Bachillerato, por ejemplo, evidencian la inspiración del “trifachito” en tantos años de políticas educativas del PP en la Comunidad de Madrid, anteriores a la emergencia de VOX. Por otra parte, estas agresivas políticas se aderezan con medidas planteadas por la extrema derecha pensadas para contentar al electorado más reaccionario, como la inclusión de la caza en el currículo o la implantación del “pin parental”.
Esta última es objeto de una polémica después de que en Murcia el gobierno de PP y Ciudadanos la hayan aceptado a cambio del apoyo de VOX a los presupuestos. Un chantaje similar se está dando en Andalucía. Se habla de “PIN parental” porque sería, grosso modo, una solicitud que permitiría a los progenitores no solo requerir información a la dirección del centro sobre ciertas charlas o actividades, sino evitar que sus hijas e hijos asistan o participen en las mismas. Los contenidos “intrusivos” que pretenden vetar son -obviamente- los relacionadas con la memoria histórica, con la educación afectivo-sexual, con la lucha contra las violencias machistas y la LGTBIfobia, y con el fomento en general de la convivencia y el conocimiento y la aceptación de la diversidad.
Digámoslo claro: ese veto que llaman “PIN parental” es un mecanismo de censura de contenidos curriculares que forma parte de una estrategia más amplia de criminalización de la lucha contra la xenofobia, las violencias machistas o la LGTBIfobia, al tiempo que cuestiona la educación pública y a su profesorado. Para combatirlo hemos de tener en cuenta dos aspectos.
Hay que empezar poniendo sobre la mesa que la implantación del “pin parental” será difícil porque choca con la legalidad vigente. De hecho, cuando el presente curso arrancó en Andalucía, con la amenaza -por una parte- de la implantación de esta medida, y la llegada a los centros -por otra parte- de material de cierta organización ultracatólica defendiéndola, en el sindicato USTEA elaboramos un documento que estamos distribuyendo por los centros en el que se explica la legislación que no solo ampara, sino que obliga al profesorado a trabajar los contenidos que estos censores quieren vetar, con el objeto de informar y, por así decirlo, “tranquilizar” a las y los docentes. Lo ocurrido estos días lo ha puesto en evidencia: horas después de saberse que el gobierno de Murcia daría curso al “pin parental”, la ministra Isabel Celáa amenazaba con llevarlo a los tribunales si no lo retiraba, pues choca con leyes de ámbito autonómico y estatal, empezando por la propia ley de educación. Por su parte, el gobierno de Andalucía ha dicho que está estudiando el “encaje legal” de la medida.
Pero sería un error centrarse en el terreno de la legalidad. Estamos ante una nueva guerra cultural planteada por la derecha en general y la extrema derecha en particular. Es necesario combatir el “pin parental” con un sólido discurso público que, entre otras cosas, cuestione la tópica apelación -de nuevo- a la libertad, en esta ocasión a “la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijas e hijos”.
De la apelación de la derecha a la “libertad” de los progenitores para educar a sus hijas e hijos se desprende una triste sensación de cosificación y “pertenencia” que parece “anularlos”, como si formaran parte de su “propiedad privada”. En realidad, lo que esconde esta supuesta “libertad” es la potestad de imponer la ideología a los hijos, para lo que es necesario tener amordazados a los centros educativos. Lo que debemos defender, porque es lo que aquí está en juego, es la libertad y el derecho de las y los jóvenes a recibir una educación integral, que les posibilite conocer y conocerse, también en lo referente a su sexualidad.
Porque no se trata solo de educar al alumnado en la diversidad, convirtiendo así la escuela –por emplear una socorrida metáfora- en una “ventana al mundo”. Las aulas deben ser también espacios desde los que contribuir a la lucha contra las opresiones, porque también hay que pensar en la libertad y los derechos de quienes las sufren. En esa alumna o ese alumno que está descubriendo su identidad LGTBI, a los que la escuela debe proporcionar formación y referentes que le sirvan de herramientas para facilitarle la comprensión y la aceptación (el periodista Raúl Solís escribía este fin de semana que de haber existido el “pin parental” cuando él tenía 16 años quizás se habría suicidado). O en esa alumna que sufre porque, pongamos por caso, su pareja le coge el móvil o la controla en las redes sociales, a la que la escuela pública debe explicar que eso es también violencia machista. Los ejemplos, en fin, podrían multiplicarse. Y vamos incluso más allá de la libertad y los derechos del alumnado: tenemos que luchar desde las aulas contra la opresión del heterocispatriarcado porque está oprimiendo y matando a la mitad de la población mundial, y están en juego la libertad y los derechos de esa mitad, o tenemos que hablar de emergencia climática porque también está en juego nuestro planeta, y no puede ser arrasado por los beneficios de una minoría en el marco de un sistema económico que es incompatible con los límites de la biosfera. De nuevo los ejemplos podrían multiplicarse.
La aceptación, en fin, de que desde los centros educativos debemos trabajar para proporcionarle al alumnado una formación integral y contribuir a la lucha contra las opresiones nos lleva a plantearnos una cuestión: ¿qué hacemos entonces con la educación concertada y privada? Porque lo que ahora llaman “pin parental” es tan solo, en realidad, un nuevo tipo de “PIN parental”. Hay otro muy arraigado al que también hay que oponerse: el que se aplica en las escuelas concertadas y privadas, en manos en su mayoría de la Iglesia. La activación del viejo “pin parental” no depende solo de la solicitud de los progenitores: el ingreso en esos centros educativos conlleva el veto automático a determinados contenidos y enfoques. Y en el caso de la concertada, ese “pin parental” se subvenciona con dinero público. En este sentido, resulta irónico y contradictorio que la ministra Celáa hable del derecho fundamental de las niñas y niños a ser educados, y afirme cosas como que “una familia homófoba no tiene derecho a que los hijos sigan siendo homófobos”, que evidentemente comparto, cuando el PSOE ha amparado y protegido la escuela privada y concertada.
Por eso, la lucha coherente contra el “pin parental” pasaría por exigirle al nuevo gobierno no solo que lleve a los tribunales a las Autonomías que pretendan implantarlo, sino también la eliminación de los conciertos educativos. Y más aún, debe llevar a cuestionarnos la existencia misma de la educación concertada y privada.
Moisés Martín Gómez
