Internacionalmente, la influencia de las religiones en el momento político es enorme: por un lado hemos visto como en el corazón del imperio, el grupo cristiano fundamentalista que se fue consolidando en EE UU en los años 80 está ahora instalado en la Casa Blanca y el ascenso al poder del actual equipo imperial no se explica sin el apoyo ideológico y económico de los fundamentalistas cristianos. Por otro lado, los fudamentalismos islámicos están protagonizando la resistencia política al neoimperialismo cerrando las puertas a la posibilidad de construcción de una alternativa cívico-política y proponiendo alternativas retardatarias y reaccionarias a las nuevas guerras provocadas por el moderno imperialismo. Y aunque el terrorismo islámico pueda ser una respuesta a la guerra neoimperial también está ligado a intereses ultrarreaccionarios y en ocasiones con lazos económicos y políticos con sus supuestos enemigos.
Lo importante a señalar es que la incursión de la religión en la moderna política internacional tiende a erosionar los mecanismos de negociación que la sociedad internacional se ha dado para la resolución pacífica de conflictos. Las apelaciones a la religión suelen ser la excusa para socavar la resolución pacifica de los conflictos internacionales y para amplificar las salidas netamente bélicas. Por otro lado, en las formaciones sociales con crisis socioeconómica profunda, la religión y las iglesias se alían a los sectores más reaccionarios promoviendo una especie de resignación social ante las crisis económicas o sociales, como, por ejemplo, está ocurriendo en Centroamérica.
En los Estados en que se ha producido una transición de regímenes del llamado "socialismo real", ésta ha ido acompañada con un impulso de las organizaciones eclesiásticas de todo tipo, que han ganado un peso social evidente, jugando a su favor el desorden socioeconómico en que estas transiciones sociopolíticas se han dado.
En Europa, la ingerencia de las iglesias en el proceso político de construcción europea ha sido también muy clara, como se puso de manifiesto en la redacción del tratado constitucional europeo donde las iglesias, y particularmente la iglesia católica, apoyadas por algunos sectores políticos europeos estuvieron muy activas en todo el proceso, incluyéndose en el propio tratado artículos de marcado acento clerical. No solamente el articulo 51 (por el que se legitiman los regímenes de concordatos, prácticamente todos del periodo fascista europeo, con el Vaticano) sino también aspectos esenciales de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea tienen una raíz clerical evidente. Pero además, en Europa, incluso en Francia, se asiste a una eclosión de los gobiernos y de los Estados a favor de las religiones planteando insistentemente que la religión, a pesar de lo que vemos todos los días, es un elemento de cohesión social. Esta idea tan conservadora tiende a erosionar las conquistas laicistas en Europa retrotrayéndonos a un estadio de organización del pluralismo confesional por parte de los Estados y no de impulso del laicismo.
El pulso que las organizaciones religiosas echaron a Europa con motivo de la redacción del tratado constitucional lo hemos visto reproducido en la formación de la Comisión Europea, donde el asunto Botigglione puso en evidencia la influencia de las organizaciones religiosas en la burocracia y en la política institucional europea.
En nuestro país, desde la victoria del PP en 1996, se había producido un reforzamiento del poder de la iglesia católica en España y de su influencia en ámbitos del gobierno. Piénsese que el PP pese a que se declara un partido político no confesional, en verdad es un partido confesional católico y el gobierno del PP actuó como un verdadero gobierno católico, siendo muchos de sus componentes miembros activos de diferentes sectas religiosas ultracatólicas. Se produjo además una impregnación de una especie de confesionalismo católico social impulsado por la acción gubernamental. Ello tuvo un corolario en el reforzamiento de los privilegios de la iglesia católica tanto en su financiación como en el terreno educativo y en la asistencia social.
La visita del Papa a España fue retrasmitida, minuto a minuto, por las principales cadenas de televisión tanto publicas como privadas y el gobierno en pleno asistió a las celebraciones litúrgicas. La verdad es que la acción del gobierno del PP respondió en todo momento a las pretensiones de la Conferencia Episcopal como se demostró cuando se promulgó la LOCE. En algunas comunidades autónomas se produjeron escándalos políticos en los que no es descartable que tuvieran implicados intereses clericales, como fue la crisis de la Comunidad de Madrid, donde se ha rumoreado que sectores vinculados a la patronal católica de la enseñanza fueron los que pusieron los millones de euros para sobornar a Tamayo y a su cómplice. El caso Gescartera también puso en evidencia los senderos por los que trasiegan los dineros de las congregaciones religiosas en España.
Tras la victoria electoral del Partido Socialista se abren oportunidades para profundizar en el laicismo en España. Para ello es necesario que se produzca un desmantelamiento de todo el entramado jurídico que configuran las relaciones Iglesia- Estado, empezando con el régimen de concordato vigente y pasando por la denomina Ley Orgánica de Libertad Religiosa.
Algunas medidas que ha tomado el nuevo gobierno sólo pueden ser bienvenidas: la reforma del Código Civil en relación al matrimonio homosexual o al divorcio o la legislación del uso de embriones, son evidentemente pasos adelante que han constituido victorias sociales; en este caso victorias de la lucha por la igualdad civil del movimiento gay o de las presiones de la comunidad científica. No obstante, el hecho de que no se quiera reformar la legislación sobre el aborto o que se hable de diálogo con la iglesia en esta materia empieza a preocuparnos. También nos preocupa que a la hora de abordar el régimen matrimonial ni siquiera se haya abordado la necesidad de un único matrimonio civil y no de dos como existe en la actualidad, ya que el matrimonio católico tiene una eficacia civil directa que no puede ser admitida por un Estado de derecho. Pero lo importante es señalar que la comunidad política, a la hora de legislar, no lo puede hacer pensando en que va a decir o que no va a decir la Iglesia Católica; no se puede legislar con una especie de censura previa ejercida por la Conferencia Episcopal. Además estos cambios se hacen en todo momento tranquilizando a la Iglesia afirmando una y otra vez que no se tocará el concordato vigente y el statu quo Iglesia-Estado.
Y aquí está nuestra preocupación esencial. No se puede avanzar de forma clara en el laicismo estatal si se siguen manteniendo el concordato vigente y el statu quo con la Iglesia Católica. En el terreno escolar, es necesario no solamente romper ese status existente sino que requiere un impulso de primera magnitud de la escuela pública y laica. Para nosotros es esencial reclamar una escuela laica de forma permanente. La Iglesia Católica ahora con el cambio de gobierno quiere mantener el statu quo y quiere reforzar una línea de diálogo permanente con el gobierno. Pero teniendo en cuenta que la Iglesia Católica española es de las mas retrógradas en Europa (que ya es decir), todavía sigue mediatizada por el PP. El PP ha estado, durante meses, buscando una deslegitimación del triunfo electoral del Partido Socialista y en cierto sentido más que oposición, lo que ha estado haciendo es una labor de desestabilización y eso es lo que hace también la Iglesia Católica, que está poniendo sus medios de comunicación al servicio de esa tarea desestabilizadora. Pero estratégicamente, la Iglesia Católica busca siempre conservar el statu quo. Recientemente Felipe González aconsejó al gobierno de Zapatero que tuviera cuidado con la Iglesia Católica ya que "la iglesia es una realidad social que no se puede desconocer y que tiene mucha importancia". Éste es el problema de fondo: la comunidad política no debe tener cuidado con la Iglesia Católica, ni debe tener una especial consideración con la religión; debe por el contrario realizar su actividad política ajena a las injerencias religiosas.
Cuando observamos a ciertos medios de comunicación, vinculados al gobierno, alarmar sobre los movimientos desestabilizadores de la Iglesia Católica, nos tememos que se trate de una operación para, precisamente, no cambiar nada para presentar ante la opinión pública el inmovilismo gubernamental como algo necesario debido al acoso tan grande -se dice- de la Iglesia Católica.
La inmigración es la justificación para que últimamente en nuestro país se impulse un discurso preocupante sobre la multicularidad. En primer lugar se quiere confundir la religión con la cultura, y ya se habla sin rubor de la comunidad musulmana -como una comunidad étnico cultural- e incluso el Estado empieza a dialogar con los líderes religiosos como representantes de una supuesta comunidad. Es todo contradictorio. En nuestro país, la inmigración es una reto esencial para la sociedad futura, sin embargo el problema no es tanto el reconocer a la comunidad musulmana sino reconocer a los inmigrantes como ciudadanos. El problema no es el reconocimiento de la comunidad musulmana sino el reconocimiento de derechos civiles y políticos a los inmigrantes. El problema es la igualdad de derechos de las personas. La solución para la "integración" no consiste en meter a Mahoma en el currículo escolar, sino avanzar en la igualdad de derechos de los inmigrantes y luchar contra su segregación social. El reforzar la identidad religiosa de una comunidad social por parte del Estado es un grave error que jugará siempre en contra de la cohesión social y la libertad de conciencia, fomentando el comunitarismo. Por supuesto, las organizaciones religiosas evangélicas o musulmanas se sienten discriminadas en relación a la Iglesia Católica; de hecho lo están, pero lo están porque en nuestro país no existe un Estado laico sino un régimen, en expresión del presidente de la asociación Europa Laica (http://www.europalaica.com/), Gonzalo Puente Ojea, de "criptoconfesionalismo católico".
Quiero referirme finalmente a la situación del movimiento laicista actualmente: tenemos básicamente una red de asociaciones muy débiles con las cosas más o menos claras: impulsar el laicismo, y existen otras asociaciones que están provocando confusión al identificar el laicismo con una forma de organización del pluralismo religioso; estas últimas asociaciones tiene influencia en el gobierno actual. Esa confusión es muy peligrosa porque, al final, lo que se pretende es la renovación de un nuevo status privilegiado para la Iglesia Católica o reconocimiento para el resto de religiones. Al final los no creyentes quedan fuera de toda consideración y a todo lo más que pueden aspirar es que el Estado sea más o menos neutral. En Europa, las iglesias siguen dando seguridad a los Estados y son un elemento de conformismo social, por eso se las sigue apoyando fervorosamente.
Antonio Gómez Movellán es militante de Espacio Alternativo.