El modelo italiano que quiere imitar el Gobierno de Sánchez impide a la Iglesia hacer negocios con ventaja fiscal

El decreto de Mario Monti de 2012 que inspira la anunciada reforma del IBI prohíbe la exención cuando otorga una ventaja competitiva
Europa Laica advierte que cualquier cambio legal puede quedar neutralizado por los acuerdos con la Santa Sede

El modelo italiano de fiscalidad de la Iglesia que el Gobierno quiere implantar en España obliga a la institución católica a pagar la contribución urbana por inmuebles en los que desarrolle actividades comerciales desde una posición de ventaja competitiva. La aplicación en España del sistema transalpino tendría efectos directos sobre la actividad de la Iglesia, poniendo fin al negocio de sus tiendas y al alquiler de inmuebles sin pagar el IBI. Es incierto el impacto que podría tener en los colegios católicos, el principal bastión de influencia de la Iglesia en España, porque el marco legal de esta actividad iguala a la institución católica con el resto de promotores educativos.

La ventajosa fiscalidad eclesial es objeto recurrente de controversia social y política en Italia, al igual que en España. El foco en los últimos años ha estado en la contribución urbana, que en España es el IBI y en Italia ha sido el ICI primero y ahora el IMU, un impuesto similar. No es un tema menor económicamente. Aunque no hay datos oficiales –en el país italiano la Iglesia es también reservada sobre sus bienes–, se estima que entre el 20% y el 30% del patrimonio inmobiliario italiano pertenece a la institución católica. Ahí caben viviendas, parroquias, escuelas, centros hospitalarios, casas asistenciales, infinidad de locales de todo tipo. Parecido a España, en suma.

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Enrique Ruiz, miembro de la junta directiva de Europa Laica y uno de sus principales expertos en temas económicos, desconfía del anuncio de la vicepresidenta Calvo. «Ya hemos oído muchas veces que va a haber cambios. Pero, al final, no cambia nada», señala.

Ruiz recuerda que llevar a la práctica el propósito de Calvo podría requerir reformas legales (Haciendas Locales y Mecenazgo, entre otras) que afectan a otras entidades, ONG, fundaciones… Y subraya que la relación económica Iglesia-Estado sigue determinada por los acuerdos del 76-79. «Ese pacto sigue diciendo que el Estado se compromete a aportar los recursos suficientes a la Iglesia [literalmente, «el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa»], por lo tanto, si no es por un sitio se le acabará dando por el otro mientras no se deroguen esos acuerdos». Sin esa derogación, según Europa Laica, cualquier cambio legal puntual podría quedar neutralizado.

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