Tolerancia es la actitud de respeto por las opiniones, ideas, credos o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias; es el respeto por el otro, por la otredad o todo aquello que es distinto de lo propio; también tiene que ver con la capacidad de un organismo u organización para resistir (o tolerar) cierta circunstancia particular, natural o social: presión, tensión, temperatura, etc.
¿Cuál es el límite o amplitud para ejercer la acción de tolerar? La interrogante tiene sentido si pensamos que todo tiene un límite. Si se trata de un borde amplio y difuso se prestará para la confusión; por el contrario, si ese límite está bien definido es evidente cualquier transgresión. Pero, si ocurrida la transgresión no existen consecuencias, si a esa acción no le sigue una reacción, se cae en la permisividad, en la pasividad culposa, en la complicidad sea por acción u omisión.
Claramente la tolerancia ilimitada constituye el gatillante para la intolerancia; la libertad ilimitada se transforma en libertinaje, que se traduce en abusos, en la vigencia de ley del más fuerte, el más inescrupuloso, o más violento. La intolerancia combatida con más intolerancia genera más violencia. Pero, la vigencia del verbo sin acción, garantiza el abuso impune, como hemos visto tan reiteradamente en el último tiempo.
No se puede tener tolerancia con los intolerantes, con los abusos a la dignidad de las personas, ni con el atropello a los derechos humanos; ni con el irrespeto con el medio ambiente y las creaturas. La cuestión es ¿cómo se expresa esa acción de contención a la intolerancia? La respuesta está en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, en superar la apostasía, el fariseísmo y la hipocresía. Es decir, en la coherencia y la consecuencia con los principios que se proclaman.
Las instituciones comprometidas con la tolerancia tienen el imperativo de superar lo discursivo, sus gestores o integrantes tienen el deber ético de hacer operar la justicia para que los tribunales apliquen leyes efectivas. Pero, la virtud de la justicia no está garantizada sin un marco constitucional y legal adecuado. Antes y para que esto tenga sentido práctico debe existir la preocupación por el establecimiento de marcos legales y normativos, que se orienten coherentemente al cuidado de estos principios de bien común.
La sociedad requiere garantes para distinguir entre el bien y el mal, recurriendo a los principios proclamados para una discriminación activa. El no hacerlo, quedarse solo en lo declarativo, convierte a esos actores en cómplices del mal. Ser testigo del abuso y no actuar en consecuencia implica un grado de ineptitud o pasividad culposa.
En el mundo hay múltiples amenazas y riesgos emergentes, mimetizados de aparente mismicidad, que encarnan atropellos y abusos en las personas, aunque estas muchas veces no sospechan que están siendo víctimas de un proceso de amebamiento esclavizante: la usurpación de los bienes públicos; la expansión de la corrupción (corruptos y corruptores); el sometimiento de las personas al consumismo; la cosificación de diversas dimensiones del ser humano; el tráfico de armas; tráfico de drogas ilícitas; la creciente violencia cotidiana; el terrorismo; el abuso a la dignidad y honra de las personas; la manipulación maliciosa de sus datos personales; tráfico ilícito de seres humanos o sus órganos; la trata de blancas; tráfico de especies vulnerables; el fundamentalismo religiosos y economicistas, etc.
Si no actuamos con oportunidad cada vez que se cruzan los límites, o se transgrede un lindero (landmark) transformándolo en borde amplio, en frontera difusa, se genera una espiral ascendente de ese mal, lo que tiene valides en todas las dimensiones. Se consolidan las nuevas formas de imponer sufrimiento a las personas, dañando los valores del humanismo, deshumanizando la convivencia. Nunca estos abusos pueden ser tolerados y deben motivar nuestra acción en todos los frentes legítimos y legales, promoviendo y defendiendo activamente esos principios y valores.
La incoherencia entre el decir y el hacer, o la hiperactividad en la primera, acompañada de pasividad en la segunda, es el gatillante para el descrédito, el desorden y luego el caos. Frente a la impunidad la gente reacciona expresando su rabia, desesperanza e impotencia. Estamos siendo testigos que más temprano que tarde pasa factura. Eso reclama de las instituciones (o de sus miembros) oportunidad y efectividad, con sentido ético, justicia y equidad. El funcionamiento de las instituciones y la coherencia de sus conductas son el espacio para la democracia, los valores republicanos, el compromiso cívico, que se canaliza en el diálogo, la conversación y las nuevas dimensiones del contrato social laico.
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Carlos Cantero Ojeda, es Geógrafo y Doctor en Sociología. Fue Alcalde, Diputado y Senador en Chile. Ocupó el cargo de Vicepresidente del Senado de Chile y presidió diversas comisiones legislativas
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